Géneros y Sexualidades

DOS AÑOS #8A

Dos años del rechazo del Senado al aborto legal

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Se cumplen dos años del rechazo en el Senado a la legalización del derecho al aborto. La derrota en la cámara alta no significó al derrota del movimiento que llevó la demanda del aborto legal en la agenda política.

Celeste Murillo

@rompe_teclas

Viernes 7 de agosto | 21:21

Fotografía: archivo Enfoque Rojo

Este aniversario de la noche en la que el Senado rechazó el proyecto para terminar con el aborto clandestino es un recordatorio de las vigilias masivas, las marchas y los pañuelazos. La historia no empezó en 2018 pero el movimiento de mujeres había instalado el debate del aborto legal haciendo oír su voz en las calles.

Después de años de bloqueos y obstáculos, se iniciaba el debate por el aborto legal y el proyecto había sido redactado en el movimiento de mujeres, años de reclamos y movilización se resumían en su texto. Ese momento estuvo marcado por el oportunismo del gobierno de Mauricio Macri, que impulsó el debate con el objetivo de capitalizarlo en un momento crítico de su administración.

El Senado (como antes el Congreso) fue el escenario de discursos reaccionarios: se utilizó la "defensa de la vida" como excusa para permitir que sigan muriendo mujeres en abortos clandestinos. Se agitaron prejuicios, se organizaron movilizaciones cuyo único objetivo era evitar que las mujeres conquisten el derecho elemental de decidir.

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El mapa político hoy es muy diferente: asumió un nuevo gobierno, hay un nuevo Congreso y se reorganizaron las fuerzas reaccionarias que pusieron en funcionamiento el lobby antiderechos.

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Para el movimiento de mujeres, el año comenzó con un pañuelazo masivo que reafirmó "nuestro proyecto está en las calles", demostrando la vigencia del reclamo del aborto legal. La movilización callejera volvió a ser protagonista el 19F y el 8 y 9 de marzo (las últimas marchas antes de la cuarentena), con el derecho al aborto legal nuevamente entre las demandas principales en todo el país.

Por su lado, el presidente Alberto Fernández prometió presentar un proyecto propio para legalizar el derecho al aborto, aunque al día de hoy no se conocen las características de la medida, cómo ni cuándo se llevará adelante el debate. Los bloques con la mayoría en ambas cámaras, Frente de Todos y Juntos por el Cambio, siguen teniendo en sus filas a legisladoras y legisladores que votaron en contra de las mujeres y hoy prometen ser un nuevo obstáculo en un potencial debate.

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La pandemia de Covid-19 es utilizada por muchos sectores (incluido el oficialismo) para frenar el debate sobre este derecho elemental que sigue siendo negado a las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Al contrario de lo que dicen los antiderechos, la criminalización del aborto solo aumenta los riesgos para la salud de la mayoría de las mujeres, que son perseguidas y siguen muriendo en abortos clandestinos.

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La calle habló y el palacio le dio la espalda

El debate del aborto legal se metió en todos los lugares de estudio y de trabajo, la juventud fue protagonista de pañuelazos y protestas. Las manifestaciones fueron una constante.

El 13 de junio, una vigilia masiva celebró la media sanción en Diputados. La calle, con sus métodos y su lenguaje había arrancado una primera victoria. El 8 de agosto, el Senado rechazó el proyecto y aseguró la continuidad del aborto clandestino. Los bloques mayoritarios mostraron en ambas cámaras los lazos que los ataban y los atan a la Iglesia católica y las Iglesias evangélicas; el único bloque que sostuvo una posición independiente a favor de las mujeres fue el Frente de Izquierda.

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A pesar de la derrota en la Cámara, el reclamo se instaló en la agenda política, en la campaña electoral 2019 y hasta en los debates presidenciales. Todos los candidatos y candidatas debieron pronunciarse sobre el aborto legal como sobre cualquier otro tema.

Cada día de aborto clandestino significa riesgos y consecuencias para la salud de la mayoría de las mujeres, que son jóvenes y trabajadoras, e incluso puede significar la muerte para las que no puedan pagar el precio de una clandestinidad segura.

Todavía sigue siendo incierto cómo y cuándo se llevará adelante el debate necesario para terminar con la criminalización. Lo que es seguro es que la única garantía para que nuestros derechos no sean utilizados como pieza de cambio o en función de los intereses de los gobiernos, es la movilización independiente de todos los partidos e instituciones de esta democracia. Si llegamos al debate de 2018 fue por nuestra movilización. Por eso es imprescindible, con todas las medidas necesarias, volver a la calle. Y esta vez sí, que sea ley.





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