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La Izquierda Diario
17 de septiembre de 2019 Twitter Faceboock

A tres años de la destitución de las supervisoras de Cipolletti
Belén Raihue

Con una clase pública en la plaza San Martín, docentes, estudiantes y la comunidad se reunieron en apoyo a las docentes destituidas de su cargo por exigir el derecho al acceso a la educación inicial.

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El 16 de septiembre de 2016 dos docentes, Paula y Stella, fueron removidas de sus funciones como supervisoras de nivel inicial por exigir que se garanticen jardines para los hijos de las familias trabajadoras de Cipolletti. Frente a este reclamo las autoridades del Ministerio de Educación, contrariando incluso a la Justicia que había hecho lugar a un amparo ordenando que se garantizaran vacantes en los jardines, planificaron destituir a las docentes con un claro mensaje disciplinador y ocultando la emergencia educativa que se denunciaba.

Desde UnTER Cipolletti se sigue reclamando por la restitución en defensa de las trabajadoras. En esta oportunidad impulsaron una clase pública con docentes y el abogado de la seccional. Estudiantes de la Universidad del Comahue de la carrera del Profesorado de Nivel Inicial también se hicieron presentes en apoyo al reclamo y en defensa de la educación pública.

Paula, una de las docentes destituidas y en diálogo con este medio, comentaba que el sumario administrativo aún está vigente pero sin resolver mientras que en 15 días aproximadamente se debería cerrar el proceso judicial que se inició contra el Ministerio reclamando la nulidad de los sumarios. “Creemos que el Gobierno intentó dar un mensaje disciplinador para asustar, por eso es muy importante seguir dando la pelea por la nulidad de este golpe institucional, para que no se siente un precedente negativo, mientras seguimos luchando y organizándonos”, sostuvo.

“Han pasado 3 años y aun no se resuelven las cuestiones estructurales para garantizar un derecho fundamental como es la educación. Se desarticulan los niveles y se crean espacios y aulas en colegios ya de por sí precarios, reduciendo y negando el derecho a una educación de calidad”, afirmaba la docente.

Las irregularidades del caso y la persecución por parte del Gobierno hay que enfrentarlos en las calles. Son las y los trabajadores junto con la comunidad educativa los que pueden enfrentar las políticas de ajuste y persecución.

En momentos donde la crisis económica y social avanza, urge la mayor unidad en defensa de cada uno de los derechos que intentan cercenar, pelear por que los recursos y la plata se destinen para educación, salud y vivienda y no al pago de los banqueros y especuladores.

 
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