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La Izquierda Diario
23 de agosto de 2019 Twitter Faceboock

VIOLENCIA PATRIARCAL
Aumentan feminicidios y violaciones en México: la impunidad se mantiene
Mariel Ochoa

En lo que va del año, se registró un incremento en los casos de feminicidios y violaciones. La coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, catalogó como un fracaso las políticas promovidas por el gobierno federal para combatir la violencia de género.

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En lo que va del año, se registró un incremento en los casos de feminicidios y violaciones. La coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, catalogó como un fracaso las políticas promovidas por el gobierno federal para combatir la violencia de género.

Tiene ya varios años que las movilizaciones a lo largo de América Latina, en contra de la violencia hacia las mujeres, han hecho de esta situación un problema visible. La primer movilización con la consigna #NIUNAMENOS tuvo lugar en Argentina el 3 de junio de 2015. Ese mismo año hubo movilizaciones en varios países.

La exigencia por parte de familiares de víctimas desaparecidas o asesinadas, jóvenes, trabajadoras y universitarias, ha obligado a los gobiernos locales a tomar cartas en el asunto. Sin embargo, México en un claro ejemplo de que a pesar de las iniciativas promovidas y el discurso demagógico de las autoridades, esta situación no sólo no ha frenado, sino que empeora.

2019: el peor año para ser mujer en México

Este año se ha registrado un aumento en las carpetas de investigación abiertas en las Fiscalías y Procuradurías estatales con respecto al 2015, año en el que se contabilizaron 216 carpetas abiertas. Por su parte, en lo que va del año se han registrado 540 carpetas de investigación.

En el caso de violaciones, se registraron 7 mil 294 en 2015, mientras que en el mismo periodo de este año se han contabilizado 9 mil 928 violaciones hacia mujeres, es decir que hubo un incremento del 36%, mientras que los feminicidios aumentaron en un 150 por ciento.

Sin embargo, es una realidad que estos casos que revelan la situación de violencia que se vive en el país, en donde las mujeres somos uno de los sectores más vulnerables, son apenas los casos que pueden ser contabilizados dentro de las cifras oficiales.

En abril de este año, a propósito del auge que tuvo el movimiento #MeToo en redes sociales, Lydia Cacho revelaba cifras bastante alarmantes sobre el acoso hacia las mujeres “en promedio una mujer denuncia 4 veces antes de ser recibida por las autoridades o que se les crea, cuando son menores el promedio puede ser de hasta 7 veces”, denunció la periodista en una entrevista para W radio.

En este mismo tenor, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) declaró que las estrategias para combatir la violencia de género han sido un fracaso.

“Se generan instrumentos y la autoridad no los aplica, hay un problema de implementación y de evaluación; la violencia a las mujeres no se ve como un problema sistémico”

Y es que a pesar de los esfuerzos de las miles de mujeres que se han movilizado año con año, para visibilizar y frenar la violencia, la realidad es que las medidas implementadas por organismos que van desde la Secretaría de Gobernación con Olga Sánchez Cordero al frente, hasta el Inmujeres, y la Conavim, comisión encargada de erradicar la violencia contra las mujeres, siguen siendo cosméticas e insuficientes.

Estrada denunció además que:

"No se aplican (los protocolos); puedes tenerlos, pero no se implementan porque los gobiernos no quieren acreditar el delito. (...) También tenemos mucha corrupción e impunidad. La autoridad, todo lo que tiene que ver con violencia comunitaria, la prefiere invisibilizar, (...) a fuerza lo reduce a la violencia familiar".

Declaraciones como las otorgadas por Claudia Sheinbaum a propósito de la violación de cuatro policías a una menor, donde en todo momento buscó salvaguardar el prestigio de las fuerzas policíacas, que en infinidad de ocasiones han sido denunciados como perpetradores de violencia y violencia sexual contra mujeres, demuestran que no se trata de una falla de las políticas impulsadas por parte de las autoridades federales y locales, sino que estas son cómplices de la vulnerabilidad de las mujeres violentadas y de la impunidad en la resolución de los casos.

El más claro ejemplo, es que a pesar de que en 2017 el Consejo Nacional de Seguridad Pública decretó que toda muerte dolosa de una mujer debía ser investigado como feminicidio, es un proceso tortuoso para las familias de las víctimas que esto se consiga, como remató Estrada:

“prefieren tener muchos homicidios, pero no feminicidios.”

Lo que las autoridades continúan reproduciendo con su actuar, más allá del discurso es que no se reconozca la situación de violencia que viven millones de mujeres pobres, trabajadoras e indigenas en este país.

 
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