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Videgaray: otra mansión para el escándalo

Salió a la luz que el secretario de Hacienda Luis Videgaray adquirió una mansión en Malinalco, Estado de México, financiado por el Grupo Higa, del empresario Juan Armando Cantú, el mismo que financió la “casa blanca” de la primera dama mexicana.

Bárbara Funes

México D.F | @BrbaraFunes3

Martes 16 de diciembre de 2014 | Edición del día

Vamos por partes. La casa de Videgaray costó unos siete millones quinientos mil pesos. Se encuentra en un exclusivo golf club de Malinalco, un municipio mexiquense con paisaje de ensueño.

Esta noticia se publicó en The Wall Street Journal, uno de los periódicos estadounidenses más influyentes. Este medio expresó sospechas de corrupción: Grupo Higa también proveyó a Angélica Rivera, esposa de Peña Nieto, de su mansión de más de 7 millones dólares.

Según el secretario de Hacienda, no existe conflicto de intereses dado que la operación se realizó en octubre de 2012, cuando aun no era funcionario público.

Pero los hechos demuestran lo contrario: la deuda, que originalmente estaba pautada a 18 años, fue cancelada con un pago realizado el 31 de enero de este año. ¿De dónde salió el dinero tan rápido?

El escándalo del lavado de dinero

En 2012, el mismo Luis Videgaray fue acusado de desviar fondos públicos de una cuenta de Scotiabank propiedad del Estado de México hacia la campaña electoral de Enrique Peña Nieto. La suma: más de $ 8.861.000.

La acusación quedó en nada: Videgaray, fiel compañero de Peña Nieto, fue parte de la tapa del Mexican Moment de la revista Times. Su trayectoria la resumió el periódico La Jornada: “secretario de Finanzas del gobierno del estado de México, del 16 de septiembre de 2005 al 30 de marzo de 2009, durante la gestión de Peña Nieto; luego, diputado federal y en marzo de 2011, coordinador general de la campaña de Eruviel Ávila a la gubernatura de esa entidad”.

Grupo Higa: licitaciones a cambio de mansiones

Este influyente grupo económico, en este momento tiene obras públicas asignadas por el gobierno federal y gobiernos estatales del Estado de México, Puebla y Nuevo León por un valor de 49.765 millones de pesos, según informa el portal sin embargo.mx.

La relación con el Estado de México en particular viene de larga data: desde la gestión de Arturo Montiel Rojas (1999-2005), un priista del grupo de Atlacomulco –igual que Peña Nieto. Al término de su mandato se vio obligado a retirarse de la esfera pública por escándalos de abusos de poder.

En una investigación publicada por la revista Proceso se dio a conocer que durante la gestión de Peña Nieto como gobernador del mismo estado, Hinojosa, el dueño del Grupo Higa, obtuvo contratos por 35 mil millones de pesos.

Apenas el pasado 20 de noviembre, Juliana Fregoso y Daniela Barragán señalaban que a este grupo empresarial se le asignó una partida de más de 2 mil 500 millones de pesos para pagar a empresas por obras hechas al final de la administración de Peña Nieto y principios de la de Ávila Villegas, bajo el esquema de proyectos de prestación de servicios (PPS).

Los PPS determinan que la empresa a la cual se adjudicó el proyecto tendrá derecho a una contraprestación por la construcción, el mantenimiento y la operación del inmueble por 25 años.

Grupo Higa también era parte del consorcio que había obtenido la licitación por el tren bala a Querétaro. Pero para consolarlos por la pérdida de tan millonario negocio, le otorgaron la licitación para el acueducto Monterrey IV, a través del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina.

Este acueducto trasladará agua desde el estado de San Luis Potosí hasta Nuevo León. Su costo: en distintos medios se habla de 47 a 57 millones de pesos durante los próximos 27 años.

A su vez, en la última edición de la revista Proceso se denuncia que el estado no necesita este abastecimiento suplementario de agua, sino que es para las mineras trasnacionales que implementarán la técnica de fracking para la obtención de hidrocarburos, que se sabe que devasta el medio ambiente.

Con la mansión de Videgaray queda expuesta una vez más la profunda relación entre empresarios y la clase política: unos pocos se enriquecen y viven en la opulencia mientras el pueblo mexicano continúa buscando a los 43 normalistas desaparecidos, sufre la represión –como sucedió el fin de semana en Guerrero-, es testigo de la aparición diaria de nuevas fosas clandestinas y hace esfuerzos por sobrevivir con salarios miserables mientras los productos de la canasta básica se disparan.







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