Política

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Un sistema carcelario que reproduce en forma brutal la violencia de género

En los últimos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamó medidas urgentes al gobierno, ante el hacinamiento y torturas en las cárceles bonaerenses.

Jueves 12 de diciembre de 2019 | 08:00

La situación de mujeres, trans y travestis en ellas muestra crudamente un sistema de represión, violencia y torturas impuesto desde el Estado para quienes están privadas de su libertad.

Te puede interesar: Hacinamiento y torturas en comisarías: la CIDH reclamó medidas urgentes a Vidal

Cárceles bonaerenses

El sistema carcelario bonaerense tiene 62 espacios de encierro entre unidades y alcaldías, de los cuales 5 unidades son para alojamiento exclusivo de mujeres y en 9 cárceles de varones hay anexos femeninos. Según los datos correspondientes a diciembre de 2017, se encuentran detenidas 1.346 mujeres, que representan el 4.3% del total de detenidos en el Sistema Penitenciario Bonaerense. Entre 2002 y 2017 la cantidad de mujeres en prisión aumentó un 197.6% frente al 57% de la población total.

En un marco de crecimiento del encarcelamiento, signado por la inadecuada infraestructura carcelaria y sostenidas prácticas de tortura y/o malos tratos, las condiciones de privación de libertad en mujeres, travestis y personas trans dan cuenta del modo en que la ley penal y el poder patriarcal imponen su dominación y subordinación.

Las cárceles fueron construidas para varones (mayoritariamente jóvenes), acorde a los lineamientos de la política criminal. La persecución penal a mujeres y trans nunca se correspondió con una adecuación de las condiciones de detención que considere sus necesidades específicas. Así, los distintos aspectos que implica la vida en el encierro -la distancia que existen entre la cárcel y los lugares de origen de las detenidas y de sus hijos/as que muchas veces quedan al cuidado de terceras personas, el contacto con el grupo familiar, la arquitectura penitenciaria, la atención sanitaria, la oferta educativa, recreativa y laboral- se transforman en padecimientos y vulneración de derechos. Esas vulneraciones no son exclusivas de las mujeres y personas trans, pero sí impactan de manera diferencial y con mayor violencia.

En lo que atañe al régimen de actividades socio-educativas, observamos una carencia de programas específicos, educativos, formativos y/o laborales. A esta carencia generalizada se suma que, cuando existe alguna oferta educativa/formativa, refuerza los imaginarios culturales que vincula a las mujeres con determinadas actividades: labores domésticas, limpieza, peluquería y cocina.

Las mujeres han sufrido una discriminación histórica y estereotipada: padecen desventajas sistemáticas y son objeto de actos de violencia física, sexual y psicológica, entre otro tipo de abusos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha analizado el impacto diferencial en las mujeres que se encuentran privadas de su libertad, expresando que se encuentran bajo el “completo poder” de los agentes del Estado y en una situación de indefensión (CIDH, 2017).

Falta de contacto con sus defensores/as y los/las jueces a cuya disposición se encuentran ellas y los hijos bajo su cuidado; ausencia de circuitos de información sobre el estado de sus causas y la de sus hijos que quedan extramuros en instituciones del Estado; extrema dilación de los procesos; invisibilidad absoluta en el procedimiento penal de la violencia que han sufrido muchas de las mujeres detenidas, fundamentalmente en relación a los hechos cometidos por sus parejas sobre sus hijos; ineficacia de los mecanismos procesales existentes para el abordaje de la situación particular de las mujeres detenidas.

El uso excesivo de la prisión preventiva en delitos de penas bajas. El índice de prisión preventiva continúa siendo alto en los procesos penales sobre mujeres: llegó al 60.4% en diciembre de 2017, superando en más del 10% los valores de varones procesados (49.8%).

Mujeres embarazadas y detenidas con sus hijos.

Si bien el porcentaje de mujeres que obtienen la prisión domiciliaria mediante monitoreo electrónico es superior a los varones, continúan detenidas en cárceles bonaerenses mujeres con situaciones de particular vulnerabilidad: en diciembre de 2017 había un total de 81 embarazadas y 62 mujeres con sus niñas y niños. Respecto de la cantidad de niños y niñas detenidos junto a sus madres, resulta especialmente grave la tendencia creciente que se evidencia desde enero de 2016 y que se profundizó durante todo el año 2017.

En las entrevistas realizadas, la mayoría expresó ser el sostén económico de sus hijos dentro y fuera de la cárcel ya que son, en su mayoría, jefas de hogar. La interrupción de sus vínculos cotidianos producto de la detención carcelaria produce grandes cambios en la organización y subsistencia de su familia, lo que les genera una fuerte preocupación. El encierro para las mujeres que son madres implica la destrucción del grupo familiar y graves costos emocionales tanto para ellas como para sus hijos e hijas.

Tal como afirma la Comisión Provincial por la Memoria en una de sus presentaciones judiciales: "Por otro lado, la mayoría de las mujeres detenidas refieren que tienen escaso contacto con los hijos que no están en el encierro. Manifestando que ello se debe a diferente tipos de trabas burocráticas-administrativas implementadas por el SPB y en algunos casos estas trabas se implementan con la participación del poder judicial".

La mayoría de las mujeres estaban informadas sobre los requisitos para acceder a esta modalidad, la habían solicitado (en algunos casos más de una vez) y conocían los fundamentos judiciales de los casos en que se había denegado. Estos fundamentos son la prueba de cómo el Poder Judicial establece como norma que la pobreza es un elemento diferencial en el acceso a derechos. Los pobres no pueden acceder a ellos por serlo y se asocia la pobreza a la peligrosidad Así rechazan peticiones de prisiones domiciliarias por razones como: “no puede garantizar domicilio fijo”, “viviendas no aptas“, “vivienda en zona de peligro”, “ausencia de un responsable”, “imposibilidad de instalar una línea telefónica”. A las mujeres pobres encarceladas, además, las despoja del ejercicio pleno de la maternidad al que al mismo tiempo las obliga.


Precariedad de la vida, violencia del Estado}

A su vez, estas mujeres en su mayoría son pobres, desempleadas o con empleos precarios, que han recibido escasa educación formal y muchas veces son jefas de hogar. De acuerdo con los datos publicados por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, para el año 2016, el 68.2% de las mujeres detenidas se encontraba desempleada al momento de su detención, y un 20.7% tenía un trabajo de tiempo parcial. Lejos de revertir estas realidades, las instituciones de encierro reproducen las desigualdades y estructuras dominantes que perpetúan las violencias sobre esas mujeres.

Como sostiene Rita Segato, la violencia contra las mujeres tiene un carácter simbólico que traspasa la individualidad de quien es afectada directamente; así, una sanción individual -una golpiza o un traslado- interpela y busca disciplinar al colectivo de mujeres detenidas. La violencia propia de la cárcel se manifiesta en sus cuerpos a través de mecanismos de poder tendientes a su control, sometimiento y fragilidad.

El poder carcelario sobre ellas se materializa en sus cuerpos a través de distintas técnicas violentas desplegadas por los agentes y funcionarios del servicio penitenciario: el aislamiento, las requisas, la represión, las agresiones físicas y los traslados arbitrarios son algunas. Desde el año 2006 se denuncian desde la CPM las condiciones de detención de mujeres en tanto constituyen distintos tipos de tortura y malos tratos: falta de adecuación de la infraestructura, altos niveles de violencia física -represiones violentas y agresiones-, requisas vejatorias, traslados gravosos, aislamientos y un deficiente sistema de atención de la salud; son sus principales modalidades.

Como refleja el informe de la Comisión Provincial por la Memoria: Pero esto no es todo: estas prácticas violentas las realizan hombres sobre el cuerpo de las mujeres. En las unidades carcelarias inspeccionadas observamos gran presencia de personal masculino donde se alojan mujeres, hecho vinculado a la intervención ante situaciones de alta conflictividad y también al cumplimiento de funciones administrativas y de seguridad en forma permanente, contrariando lo dispuesto por la normativa internacional. En las entrevistas registradas surge que, en el caso de las mujeres, se produce una fuerte articulación entre violencia física, verbal y simbólica: reciben patadas, trompadas, les tiran del pelo, las manguerean con agua fría, las insultan y las humillan con palabras ofensivas relacionadas con su género.

Una de las modalidades de este tipo de tortura es el desnudo parcial: las mujeres deben levantarse la remera y el corpiño mostrando los pechos desnudos, y después bajarse los pantalones y la ropa interior para ser vistas.

En las requisas de pabellón, mientras permanecen semidesnudas, ingresan hombres armados y con escudos, que miran desde la puerta y a veces también entran a las celdas. En el caso de las mujeres que viven con sus hijos, este tipo de violencia es particularmente invasivo: “acá te revisan todo... hasta el pañal puesto del nene” (entrevista a detenida en la UP 33).

En cuanto a la provisión de otros insumos, destacamos que para los/as niños/as entregan tres veces a la semana pañales, claramente insuficientes: en caso de diarrea, les piden certificado médico para la entrega de más pañales, situación que desgasta a las madres ya que deben renegar por las dificultades ya descritas en relación al acceso al sector, y porque una vez allí dificultan y demoran la atención.

La violencia de género se despliega en las instituciones carcelarias a través de la presencia de personal masculino destinado a garantizar, a través del uso de la fuerza física y sexual, el orden institucional y el tratamiento disciplinar de las mujeres que no se adaptan a las normas institucionalizadas o al cumplimiento de su rol femenino caracterizado centralmente por la docilidad y el sometimiento.}







Temas relacionados

Cárceles   /    Provincia de Buenos Aires   /    Libertades Democráticas   /    Política

Comentarios

DEJAR COMENTARIO