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Jujuy: personas con discapacidad motora sin derecho al transporte público

El paro de choferes de colectivos abrió un debate en torno al transporte público. Un servicio que pone por delante las ganancias empresariales por sobre los derechos de los usuarios como las personas con discapacidad motora.

Natalia Morales

Diputada del PTS-FIT en Jujuy | @NatuchaMorales

Viernes 26 de julio | 10:43

En estos días se puso en evidencia algo muy importante, que el transporte público es un servicio elemental del que dependen unas 200 mil personas sólo en San Salvador de Jujuy para trabajar, estudiar, hacer trámites, pasear, para transportarse de barrios alejados como Alto Comedero, Malvinas, e ir al centro de la ciudad. Sin este servicio la ciudad y la provincia funcionarían a medias. Por eso su importancia, y el rol de los trabajadores en el sistema de transporte público, que se vieron obligados a parar días atrás para que los empresarios garanticen el pago de sueldos y aguinaldo.

El paro de los choferes también permitió sacar a la luz otros graves problemas del sistema de transporte público como es la calidad del mismo: los tarifazos, las frecuencias, si pasan por todos los barrios, la gratuidad para sectores como los estudiantes. Por eso el rol también de los usuarios, a la hora de poder dar cuenta de estas problemáticas que las conocen y viven a diario.

Uno de los sectores que queda excluido del derecho a contar con transporte público en Jujuy son las personas con discapacidad motriz o movilidad restringida. Así me lo comentaron integrantes de la Asociación de Discapacitados de Jujuy que practican básquet adaptado, y Ana, quien se organiza con otras personas con discapacidades y familiares de los mismos:

“Lo que se puso en evidencia con el paro es la importancia del transporte público para miles de personas. Nosotros estamos imposibilitados de usarlo todos los días del año para poder transportarnos a lugares habituales. Ni las empresas, ni el Estado garantizan las leyes nacionales vigentes...” Ana apoyó el paro de los choferes, porque sino cómo “llevan el pan de cada día a sus casas”. “Sería muy importante si ellos también tomen la demanda que tenemos las personas con discapacidad”, afirma.

Somos prisioneros en nuestras casas

Un joven que entrena básquet adaptado sostiene que son prisioneros en sus propias casas. Son totalmente dependientes de otra persona, no porque no puedan trasladarse en sus sillas de ruedas, sino porque no hay veredas en condiciones, rampas, y las calles son de tierra como sucede en la zona del barrio Malvinas donde vive con su familia. La falta de colectivos adaptados hacen que muchos de ellos queden sin poder salir de sus casas debido a los altos costos que significa transportarse en remis.

En San Salvador de Jujuy existen solo dos colectivos urbanos de dos líneas diferentes en toda la ciudad que están adaptados para personas con discapacidad motora con una frecuencia de hasta cinco horas al día. El resto de las empresas y líneas de colectivos no cuentan ni con una sola unidad lo que impide el transporte público a las personas que tienen este limitación física.

La Ley nacional establece que las empresas tienen que reconvertir en un 100% su parque automotriz para que sea adaptado, y tiene que garantizar de mínimo una unidad por línea, e ir reconvirtiendo un colectivo por año.

Esta situación se agrava mucho más, teniendo en cuenta que a las personas con discapacidad no tienen garantizado el acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación e incluso del sistema de salud, ya que la provincia no garantiza leyes nacionales referentes a los derechos de las personas con discapacidad, Ley 26.378 - Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 22.431, Ley 25.644, respecto a necesidades que son de primer orden, que los condenan a vivir en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, aspectos que desarrollaremos en otra nota.

“El transporte público es gratis para nosotros, pero no podemos usarlo”

Para poder reunirse a jugar al básquet la mayoría de las personas con discapacidad paga un servicio particular que les sale entre $400 a $600 por cada viaje. Eso implicó que en vez de reunirse dos días por semana, sólo lo hagan un día, ya que es insostenible económicamente, pero igual lo siguen manteniendo porque es lo único que hacen, es más, algunos vienen desde Palpalá o Perico, porque no existe en sus ciudades la práctica de este deporte adaptado.

El profe que los entrena comenta que antes se reunían en la punta del parque, pero además de los inconvenientes con el transporte, los baños no estaban adaptados como establece la ley para las personas con discapacidad. Ahora entrenan corazón adentro del barrio Alto Comedero, en el actual Centro de Rehabilitación que depende del Estado provincial, donde tienen una cancha bajo techo y baños adaptados, aunque llegar ahí es una verdadera odisea. “…El transporte público para nosotros es gratis, pero no podemos usarlo, el hecho de que se garantice el transporte adaptado nos permitiría contar con la igualdad de oportunidad. Los servicios tienen que ser para todos…”.

Ganancias de los empresarios del transporte vs derechos de los usuarios y trabajadores

Los empresarios del transporte, aducen tener crisis para recibir más subsidios del Estado, mientras aplican tarifazos y atacan las condiciones laborales de sus trabajadores. Este esquema es garantizado por el gobierno de Gerardo Morales y el Chuli Jorge, y por cada gobierno de turno, donde se pone por delante que el servicio sea un negocio, y no que se garantice las necesidades de todos los usuarios, que en su mayoría son familias trabajadoras, jóvenes, estudiantes o personas con discapacidad.

Para no renovar el parque automotor, que tendría que ser adaptado para personas con discapacidad motora en su totalidad, los empresarios plantean el mismo argumento. Sólo con los subsidios recibidos por los empresarios del transporte en San Salvador de Jujuy en el último año (400 millones de pesos) se podrían renovar más de 50 unidades de transporte. Sin embargo, ni dan cuenta a qué se destinan esos subsidios, menos cuáles son los costos del servicio, hoy guardado bajo siete llaves con la complicidad de la intendencia.

Actualmente el municipio de San Salvador de Jujuy tampoco garantiza la Ordenanza N° 6564/2013 sobre el Servicio Diferencial de Transporte de Personas con Discapacidad Motriz y/o Movilidad Restringida, aprobada en el año 2.013, tema por el cual pediremos desde nuestras bancas un informe sobre cómo implementa dicha ordenanza.

Desde el Frente de Izquierda junto con Nicolás del Caño y Alejandro Vilca venimos planteando que mientras los servicios elementales como el transporte público sigan estando en las manos de empresarios que sólo buscan enriquecerse con la necesidades de miles no va a mejorar el servicio. Esto se ve con el aumento del colectivo que en un año fue del 65 % sólo para garantizar los márgenes de ganancia empresarial, ya que el sistema de transporte sigue funcionando igual.

El proyecto de Ley de Emergencia en el Sistema de Transporte Público que presentamos desde nuestras bancas y en el concejo deliberante, propone entre otras medidas, la creación de una comisión independiente compuesta por trabajadores, usuarios, técnicos de la UNJu y la representación de las organizaciones de personas con discapacidad, que son las que evaluar los costos y el funcionamiento del sistema de transporte garantizando todas las leyes establecidas, como las de discapacidad.

La anulación de los tarifazos al 01/01/18 y el congelamiento de las tarifas, y poner como utilidad pública las empresas que no lo garanticen, expropiando y estatizando las mismas, bajo control trabajadores y el comité de usuarios incluyendo las personas con discapacidad, para que el servicio tenga un objetivo social y deje de ser un negocio.







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