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Paso en la impunidad: liberación de militares involucrados en ejecuciones

El pasado 5 de octubre, un juez federal ordenó la libertad de cuatro de los siete militares detenidos por los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014, en Tlatlaya, Edo. México, donde 22 personas fueron asesinadas y, según la evidencia, al menos 11 fueron ejecutadas, a manos del ejército.

Lucía Rodríguez

México D.F.

Miércoles 7 de octubre de 2015 | Edición del día

Después de más de un año de el crimen de Tlatlaya donde fueron asesinadas 22 personas en un supuesto operativo militar ante un secuestro, fueron liberados Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López y Ezequiel Rodríguez Martínez, oficiales del 102 Batallón de Infantería. La liberación se dio después de que un juez federal argumentara falta de pruebas y violaciones a los derechos elementales por parte del proceso llevado a cabo por la Procuraduría General de la Republica (PGR).

Los militares liberados aún permanecen en la cárcel militar sujetos a proceso por desobediencia castrense. Aunque se presume que pudieran ser liberados en poco tiempo. Los siete militares detenidos se encontraban en un proceso por homicidio como parte de los delitos de fuero común.

El crimen de Tlatlaya evidencio ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por el ejército, además las fotos y peritajes permitieron mostrar manipulación de la evidencia y signos de tortura.

El pasado 2 de julio, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) exhibió documentos castrenses, específicamente, una Orden de Relevo y Designación de Mando dirigidos al teniente de infantería Ezequiel Rodríguez el 11 de junio de 2014, donde se ordena a los militares abatir a civiles en horas de oscuridad. Este documento evidencia el modo de operación del ejército basado en la absoluta violación a los derechos humanos y total impunidad para actuar en contra de la integridad y la vida de la población.

A pesar de la evidencia ofrecida por el Centro Prodh, los altos mandos del ejército no han sido investigados y hoy se anuncian pasos atrás para continuar la investigación y ofrecer castigo a los responsables de la matanza.

Aunque la orden del juez federal para liberar a cuatro militares la PGR ha anunciado que apelará y ofrecerá pruebas para continuar el proceso y acreditar el delito, está claro que la Procuraduría se ha dedicado a proteger a los altos mandos del ejército y al gobierno federal, ocultando información que puede evidenciar su carácter asesino y la degradación que ha traído consigo la salida del ejército a las calles, a partir de la llamada "guerra contra el narcotráfico", que le ha permitido actuar de manera impune contra jóvenes, mujeres y luchadores sociales. Demostrando que Tlatlaya no es un hecho aislado sino corresponde a una política sistemática de violencia hacia la población.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través de su titular Luis Raúl González Pérez, advirtió que dicha orden judicial no es definitiva y exhortó a continuar con la investigación. Por su parte los miembros del Centro Prodh volvieron a declarar sobre el caso advirtiendo que la liberación de los cuatro militares involucrados en el asesinato de 22 personas puede ser el primer paso para dar por cerrado el caso y que éste quede en la completa impunidad a pesar de las pruebas que el Centro a ofrecido que marcan una tendencia de las órdenes al ejército e involucran importantes violaciones a los derechos humanos.

Mientras tanto las declaraciones por parte de la defensa de los abogados ocupan la liberación de los cuatro militares detenidos para declarar que las ejecuciones acontecidas en Tlatlaya corresponden a un montaje y anuncian que la liberación de todos los militares en proceso serán liberados con esta certeza.

A más de un año de Tlatlaya, un año de Ayotzinapa y con los crímenes de Ostula y Tanhuato el ejército ha demostrado ser un brazo armado que actúa en asociación con grupos criminales y garantiza los intereses de la casta política en el gobierno que busca imponer los planes de despojo, mayor explotación y subordinación a imperialismo a costa de los asesinatos, desapariciones y violaciones de derechos hacia la población. La libertad de los cuatro militares sólo representa la unidad de los de arriba para la defensa de la institución que garantiza los grandes negocios con base en la represión.







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