Internacional

La crisis del "poder constituido" del Estado español a la luz de la cuestión catalana

“La democracia no puede ir contra la Ley”. Esta fue la frase lapidaria con la que el Presidente del Gobierno español anunció el recurso de inconstitucionalidad contra la consulta catalana del 9N. Rajoy trata así de presentar un “poder constituido” cuasi eterno para deslegitimar las reivindicaciones democráticas de los catalanes. Precisamente el PP y las principales instituciones, a lo que temen es a que tales demandas se impongan por medio de la movilización y la ruptura con el actual Régimen construido en la llamada “transición democrática” del ‘78.

Santiago Lupe

@SantiagoLupeBCN

Miércoles 8 de octubre de 2014 | Edición del día

Fotografía: REUTERS/Albert Gea

Y es que el Gobierno del PP y el grueso de las Instituciones del Régimen están queriendo presentar el andamiaje político nacido en 1978 como algo inviolable e inmutable. Una visión que roza el cuasi misticismo con el que la clase capitalista acostumbra, naturalmente, a cubrir su propio "poder constituido", es decir su dominación estable sobre el conjunto de la sociedad, pero que en este caso pretende extender su inmutabilidad incluso a las formas políticas con que la ejerce. Pero además es una visión que falsea la historia, que trata de vender la idea de que el actual poder se constituyó de manera democrática. Repasemos la historia del Siglo XX español.
El poder constituido en el Estado español hunde sus raíces en 1939 con la definitiva victoria de Franco en la guerra civil. La Dictadura fascista liquidó lo que quedaba de las organizaciones obreras y la amenaza revolucionaria que había acechado a la burguesía española durante la década del ‘30 y especialmente en el verano de 1936. Una fuerza que, de no haber sido derrotada en 1937 por el mismo Estado republicano, podría haber significado un nuevo "poder constituyente" que abriera el camino al poder de los trabajadores. La burguesía impuso su dominación con mano de hierro, y para ello se deshizo y persiguió a algunos de sus socios como sus representantes políticos liberales y los dirigentes reformistas del movimiento obrero. Franco sepultaba la amenaza obrera y al mismo tiempo reforzaba la opresión nacional sobre catalanes y vascos bajo su dictadura.
Desde finales de los años ’60 este "poder constituido" volvió a verse amenazado por el embrión de un nuevo "poder constituyente" que representaba el ascenso obrero y popular. El movimiento obrero, los estudiantes, las movilizaciones por la amnistía, por la autonomía de las nacionalidades y regiones... no sólo pusieron en cuestión la forma política dictatorial del poder constituido en 1939, sino que se corría el riesgo de que pudieran abrir el camino de nuevo a un proceso revolucionario que pusiera en cuestión la dominación burguesa misma. Un proceso que, de haberse desarrollado, podría haber abierto el camino a la libre autodeterminación de las distintas nacionalidades sometidas por el Estado español. Una aspiración que era parte de las luchas contra la Dictadura como demuestra el surgimiento de ETA en el País Vasco y las multitudinarias protestas por la autonomía catalana.
En aquel entonces, como hoy, un sector importante del Régimen y la burguesía se plantaron en el inmovilismo absoluto. Eran los llamados “del bunker”, que incluían al primer Presidente bajo la Monarquía de Juan Carlos Arias Navarro. Pero el empeño en mantener la Dictadura era visto cada vez por más agentes políticos, de las finanzas y la gran industria como un peligro. Así no iba a ser posible desactivar el nuevo "poder constituyente" que nacía de la calle, las fábricas y la lucha de las nacionalidades. Se corría el riesgo de perder lo importante: el "poder constituido" sobre la sanguinaria derrota de la revolución obrera de 1936 y la imposición de la "España Una, Grande y Libre".

Dos estrategias entre las que se debatía la misma Corona, que al final terminó decantándose por la segunda. Una ampliación del poder constituido en 1939 por medio de la integración al mismo de los liberales, los reformistas y los dirigentes nacionalistas periféricos. Justamente las direcciones capacitadas para desactivar el ascenso, para acabar con el "poder constituyente" que podía cambiarlo todo: barrer todo el andamiaje estatal de la Dictadura empezando por la Corona heredera de Franco, acabar con la opresión nacional y resolver los grandes problemas sociales de los trabajadores y sectores populares.
En 1978 se llegó al nuevo pacto que todos los agentes del Régimen reivindican, y en el que cada vez más amplios sectores sociales no se sienten representados. No sólo más de la mitad del censo electoral actual no la votó. Sino que quien lo hizo lo tuvo que hacer bajo el ruido de sables del Ejército y entre dos opciones: “o lo que se os ofrece o más Dictadura”. Por si quedara alguna duda de que había “líneas rojas”, ahí estuvo el intento de golpe de Estado del ‘81 con el Rey en su trastienda hasta apenas 10 días antes del asalto al Congreso. El “Tejerazo” cerró en seco el desarrollo autonómico y abrió el camino a la más dura de las reconversiones industriales llevada adelante por la UCD y el PSOE.

El ‘78-‘81 dejó la mayoría de las reivindicaciones democráticas y sociales en el tintero. También la de los derechos de las nacionalidades. Y se hizo por medio de un gran desvío en forma de una democracia degradada con fortísimas continuidades con el Franquismo, empezando por la indisoluble unidad de España consagrada en la Constitución a la Corona y el Ejército.

Evidentemente, cuestionar un “poder constituido” en dos actos tan poco democráticos como el ‘39 y el ‘78-‘81, no podrá hacerse por medio de las leyes de las que dispone. Las reglas del juego como les gusta llamar al PP y al PSOE a sus leyes -y sobre todo a su Ley, la Constitución-, emanan de una reforma pactada y limitada de la Dictadura de Franco.

Represión, terror al Ejército y desvío, fueron los tres ingredientes con los que se impuso sobre un "poder constituyente" que aspiraba a mucho más. La Constitución del ‘78 y el cuerpo legislativo que la acompañó (Ley de Amnistía, LOAPA, Estatuto de los Trabajadores), no permite el derecho de autodeterminación como tampoco permite elegir la forma de Estado, una separación de la Iglesia y del Estado o hacer que las crisis no sean descargadas sobre los trabajadores. El único camino que deja su Ley para resolver las demandas que levantan millones en todo el Estado, incluida la autodeterminación de los catalanes, es saltársela. Es decir, volver a levantar un "poder constituyente" para poner fin al actual "poder constituido" que no tiene nada de democrático.

Una vía que no sólo es rechazada por el inmovilismo del PP. Tampoco el PSOE y la misma burguesía catalana, incluido su principal partido al frente del proceso soberanista (CiU), están dispuestos a saltarse las leyes del Régimen del ‘78 ni a cuestionar a fondo sus pilares fundamentales como la unidad forzada y forzosa de España. El primero habla de buscar una reforma constitucional controlada en la que tampoco cabría el derecho de autodeterminación, mientras el segundo apela constantemente a la apertura de un proceso negociador que les facilite poder desviar la profunda aspiración democrática que los catalanes han expresado en las calles. Como en otros momentos de la historia los representantes de la burguesía catalana se preparan para convertir en moneda de cambio las aspiraciones nacionales populares. Todos quieren que no cambie nada de lo esencial del "poder constituido". Unos sin cambiar nada, explícitamente, y otros cambiando algo, re-editando el ‘78 o abriendo una segunda Transición pactada.

Un nuevo "poder constituyente", capaz de acabar con el actual "poder constituido" y de poner en pie uno nuevo en el que los catalanes puedan ejercer su derecho a decidir, está por fuera de la agenda de todos los partidos del Régimen del ‘78. Conquistar ese derecho por medio de la movilización social genera verdadero pavor en todos ellos, pues “romper la ley” por estos medios abriría la puerta a que aquellos que no ganamos nada con la opresión nacional, los trabajadores y sectores populares, queramos avanzar en resolver también los grandes problemas sociales que son el trasfondo de la profunda crisis política actual.

Resolver el flagelo del paro, los desahucios, el desmantelamiento de la sanidad, los despidos, la precariedad laboral, sólo es posible afectando decididamente los intereses de los capitalistas y el poder constituido con el que vienen dominando desde la derrota de la revolución proletaria de 1936. Algo que sólo puede hacerse poniendo en pie un nuevo poder constituyente que no se puede realizar con los mismos métodos del poder constituido al que pretende derrocar; o dicho de otra manera, sin superar las formas democrático burguesas de representación.

Contra una extendida visión resignada a no traspasar el umbral de la propiedad capitalista, que lamentablemente hallamos en la mayoría de las formaciones que se ubican “a la izquierda” del Régimen político, en el siglo pasado la clase obrera dio sobradas muestras de que en sus fuerzas anida un nuevo poder constituyente. Pero este potencial no se transforma en acto de forma mecánica.

En ello jugará un papel clave la existencia o no de una dirección revolucionaria, que bregue por que surjan nuevos organismos de frente único y autodeterminación de las masas populares (soviets), mediante los cuales la clase trabajadora en alianza con el resto de sectores explotados luche por aprovechar la crisis del Régimen del ‘78 en una perspectiva de transformación social.







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