Política

OPINION

La bronca que no puede silenciar el chantaje de Alberto

El presidente dijo que para cuidar la vida hay que aceptar el aumento de la pobreza. A la par de la cuarentena, van creciendo los recortes salariales y los despidos. Pero comienzan a verse sectores de trabajadores que alzan su voz para rechazar ese chantaje. Porque hay otra salida: cuidar la salud y las condiciones de vida afectando los intereses de los poderosos de siempre.

Fernando Scolnik

@FernandoScolnik

Jueves 23 de abril | 16:44

Fotografía: Enfoque Rojo

Hace pocos días, en una entrevista con Jorge Fontevecchia, el presidente Alberto Fernández pronunció la que quizás sea la frase más importante desde que comenzó la cuarentena: “prefiero tener 10 % más de pobres y no 100 mil muertos en la Argentina”.

Si no fuera por el trato que le dan los grandes medios de comunicación, la sentencia tendría que haberse tratado en el debate público como lo que fue, una verdadera declaración de guerra contra las grandes mayorías.

La afirmación fue dicha en un país como el nuestro, donde ya antes del coronavirus había una muy grave situación con más de 16 millones de personas en situación de pobreza, según las propias estadísticas oficiales del INDEC.

El mecanismo de argumentación presidencial fue claro: usando el terror como trasfondo, con las imágenes de TV mostrando día y noche la situación en Estados Unidos, Italia o el Estado Español, plantear que si no queremos muertes masivas por coronavirus hay que aceptar el mal menor, que según el presidente sería que los efectos de la cuarentena lleven a que la pobreza supere largamente los valores que alcanzó con Macri.

Un 10 % más de pobres, como sugirió Alberto Fernández, ya dejaría las cifras a niveles cercanos a los de 2001-2002, cuando ocurrió la peor crisis económica y social de la historia nacional.

Aunque no los mencionó, seguramente al hablar el presidente tenía en mente muchos datos de las miles de personas que ya están siendo despedidas a pesar del decreto que prohíbe los despidos o de los cientos de miles que no están cobrando sus salarios o bien les pagan menos de lo que les corresponde.

El problema no es futuro: ahí ya están muchos de los que están engrosando las estadísticas de pobreza. El presidente habla así porque sabe que ni el DNU por los despidos, ni los subsidios a las empresas ni el Ingreso Familiar de Emergencia alcanzan para paliar las consecuencias sociales de la crisis.

El chantaje de Alberto consiste, por supuesto, en esconder que las únicas opciones no son la muerte por coronavirus o la pobreza. Solo la irracionalidad y sed de ganancias del sistema capitalista condujo primero a no prepararse adecuadamente para la pandemia, y ahora a una situación con millones de contagiados en todo el mundo y un aumento exponencial de la pobreza.

Pero hay otra salida.

Se empieza a alzar la voz de los que no quieren pagar la crisis

El discurso presidencial tiene eslabones débiles. Mientras busca (y en gran medida todavía consigue) una base social entre los que todavía soportan la crisis, para millones la realidad comienza a ser más dramática.

No nos referimos solamente a los barrios más empobrecidos, donde la cuarentena es imposible, sino también a la creciente realidad de una parte de la clase trabajadora que siendo despedida o sin cobrar como corresponde sus salarios comienza a rechazar, con sus acciones, el chantaje presidencial.

Según un informe del CEPA (Centro de Política Económica Argentina), desde el comienzo de la cuarentena unos 300.000 trabajadores han sufrido recortes de salarios, la mayor parte de ellos por acuerdos entre las empresas y los burócratas de los sindicatos, y a pesar de los subsidios del Estado a las empresas en crisis.

Vale recordar que estos ajustes tienen especial gravedad al considerar el hecho de que se agregan al fuerte retroceso del poder de compra que ya habían tenido los sueldos durante los últimos años, bajo el macrismo, y mientras la inflación sigue pegando mes a mes.

Pero incluso el número de 300.000 se queda corto, ya que, como el mismo informe explica, solo se registraron los casos que han cobrado estado público. Dentro de los trabajadores no registrados, en el mundo de la informalidad, hay muchísimos casos más de recortes salariales. Es también en ese sector donde crecen los despidos que escapan a cualquier normativa y hacen caso omiso del decreto que supuestamente los prohíbe.

Desde el comienzo de la coronacrisis, todos los días recibimos en La Izquierda Diario decenas de denuncias de trabajadores por despidos, incumplimientos en los pagos o falta de condiciones de seguridad e higiene.

Pero no son solo denuncias, sino que muchos de ellxs no se quedan de brazos cruzados y salen a reclamar.

Es el caso por ejemplo de los trabajadores del frigorífico Penta, que este miércoles, en plena pandemia, se movilizaron para exigir el cobro de sus salarios adeudadados y denunciar el cierre ilegal de la planta. La represión que habían sufrido por parte de la Policía Bonaerense en la fábrica, lejos estuvo de amedrentarlos.

También los repartidores de PedidosYa, Rappi y Glovo adhirieron a un paro internacional que se dio bajo la consigna #YoNoReparto, reclamando un aumento salarial y denunciando la precariedad de su labor en plena crisis sanitaria.

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Antes, habían sido también los jóvenes de cadenas de comidas rápidas los que habían salido a protestar por la #McEstafa de grandes multinacionales que a pesar de sus ganancias exorbitantes les aplican enormes descuentos en sus salarios.

Desde el comienzo de la crisis, también se escuchó bien fuerte la voz de los trabajadores de la salud, que con mucha claridad vienen diciendo que no son héroes, son trabajadores precarizados que denuncian el desfinanciamiento de la salud pública, la falta de elementos de protección y tests y la crítica situación del sistema para enfrentar la pandemia.

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También desde muchos otros lugares llegan las denuncias de los abusos patronales, que presionan a los trabajadores para que cumplan sus tareas sin las mínimas condiciones de seguridad e higiene, como vienen denunciando por ejemplo, entre muchos otros, los estibadores del puerto de Mar del Plata que se rebelaron exigiendo hisopados masivos, o los trabajadores de la línea E del subte que este jueves realizaron una medida de fuerza por falta de protección frente al coronavirus.

Quienes no se sabe dónde están, a todo esto, son los dirigentes de la CGT. O, en realidad, sí se sabe: les acaban de confirmar un giro millonario para el manejo de los fondos de las obras sociales sindicales. Otra vez, el manejo de una caja para asegurar que no haya conflictividad.

La propuesta de la izquierda

Estas luchas, aunque iniciales, son las que comienzan a marcar un camino distinto para que la clase trabajadora, las mujeres y la juventud peleen por otra salida a la crisis, rechazando el chantaje de tener que aceptar la pobreza para no morir por coronavirus.

A esas luchas es necesario darles todo el apoyo para que triunfen. Pero, además, se hace indispensable discutir cuál debe ser el programa por medidas de fondo por el cual debemos luchar para que esta crisis no la paguemos los de siempre.

En este sentido, como una importante medida de emergencia, los diputados nacionales del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Plá, a la vez que denuncian el cierre del Congreso Nacional, han presentado un proyecto de ley de impuesto extraordinario a los grandes patrimonios y a las altas rentas.

El mismo, a través de afectar los intereses de una pequeña minoría, que son los dueños del país (15.000 personas), busca recaudar 15 mil millones de dólares para crear un fondo de emergencia “destinado a financiar todas las acciones necesarias en materia sanitaria, económica y social para mitigar las consecuencias de la pandemia del COVD-19”, incluyendo la adquisición de materiales sanitarios, un ingreso de cuarentena de $ 30.000 para todos los que se quedaron sin ingresos y comenzar la construcción de viviendas para quienes se encuentran en situación de hacinamiento crítico.

Esta medida de emergencia es parte de las que viene presentando el Frente de Izquierda desde el comienzo de la crisis, junto con otras como la prohibición efectiva de despidos, suspensiones y rebajas salariales o el cese del pago de la deuda externa. O la necesaria centralización del sistema de salud, bajo control de sus trabajadores, mientras dure la emergencia.

Para luchar por esta perspectiva, en el marco de una crisis de magnitud histórica y de carácter internacional, se hace más urgente que nunca dar saltos en la construcción de una alternativa política de los trabajadores nacional e internacional, para que la crisis la paguen los capitalistas.

Estas y otras banderas levantaremos una vez más, este 1 de Mayo, en un nuevo Día Internacional de los Trabajadores.







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