CAMPAÑA NACIONAL

Jujuy, capital de la represión y la impunidad

Desde la llegada del Frente Cambia Jujuy, UCR-Frente Renovador, el gobierno jujeño no ha cesado un solo día de atropellos a los más elementales derechos democráticos de los trabajadores, la juventud y el pueblo pobre. En el plan de despidos de 811 obreros en Ingenio La Esperanza y en la represión a los obreros de la empresa Ledesma confirmó descaradamente su carácter antiobrero.

Natalia Morales

Diputada del PTS-FIT en Jujuy | @NatuchaMorales

Alejandro Vilca

Diputado PTS/FIT Jujuy | @vilcalejandro

Sábado 20 de agosto de 2016 | Edición del día

El gobierno de Morales y Haquim busca transformar a Jujuy en la capital nacional de la represión y la impunidad. Un laboratorio, que si triunfa, intentarán trasladarlo a nivel nacional. Así como el FPV tiene en Tierra del Fuego y Río Gallegos sus propios modelos de ajuste y represión, la UCR y el Frente Renovador en Jujuy, alineados con el gobierno de Macri compiten en instaurar gobiernos anti populares.

El ataque a las libertades democráticas de los trabajadores y sus organizaciones sindicales y sociales, es parte de una política que intenta torcer la relación de fuerzas, y así, hacer pasar el plan de ajuste con inflación, tarifazos y despidos que solicitan las patronales, con el emblema local de los Blaquier.

El Frente Cambia Jujuy llegó al poder haciendo uso y abuso del sistema de colectoras (187 en toda la provincia), adhiriendo a todos los candidatos a presidente, salvo Scioli y Del Caño, a sólo diez días de asumir el Gobierno, y en un tiempo récord de 3 días sancionó y promulgó una reforma de la Justicia. Ampliando de 5 a 9 los miembros del Superior Tribunal, y nombrando entre los nuevos Jueces a diputados -activos militantes de la UCR- que votaron la reforma para minutos después asumir como magistrados. Con esta mayoría propia en el Superior Tribunal de Justicia, y en todo el sistema judicial, iniciaron una cacería de brujas para demonizar cualquier reclamo de los trabajadores, dejando vía libre a las patronales y el propio gobierno en los planes de ajuste y despidos.

El primer paso, fue la detención escandalosa en el mes de enero de la dirigente de la Tupac Amaru y diputada del Parlasur por el FPV, Milagro Sala, por realizar un acampe de protesta contra el gobierno de Morales. Desde ese momento, Sala permanece detenida de manera irregular, violando el debido proceso y los derechos y garantías de la Constitución. Aprovechan el enorme desprestigio de esta organización por sus métodos clientelares y gansteriles, para sentar un precedente nefasto contra las organizaciones sociales, de trabajadores, y el derecho a la protesta. Cada nueva causa, detención de dirigentes e integrantes de la misma contra esta organización, con más show mediático que pruebas en la Justicia, es aprovechada como pantalla para asestar un ataque al movimiento obrero, como se vio el jueves 14 de julio donde al tiempo que reprimían a los obreros de Ledesma, detenían a Raúl Noro y otras dirigentes.

En este marco, efectuaron los despidos persecutorios en la Secretaría de Agricultura Familiar, dieron de baja a 700 contratados en educación por estar afiliados en ATE, avalaron los despidos y suspensiones en Aceros Zapla, incluyendo el pedido de juicio oral contra trabajadores y delegados gremiales por la huelga del 2014; se planea el cierre de Minas Pirquitas; detuvieron a tres miembros de la Directiva del SEOM por un reclamo sindical (liberados luego de 10 días detenidos); votaron una Ley de Readecuación Productiva para el Ingenio La Esperanza que implica reducir 811 (de 1350) puestos de trabajo vía un plan menemista de jubilaciones anticipadas, cooperativas y trabajo precarizado en el Estado. Para disciplinar a los azucareros de La Esperanza suspendieron a 17 trabajadores, como sanción por haber realizado una medida de protesta, por 15 y 29 días sin goce de haberes, y abrieron causa penal a 9 de ellos, incluido nuestro compañero Silvio “Chopper” Egüéz, miembro de la Directiva del Sindicato, sin previo juicio de desafuero, de manera ilegal y violando los derechos sindicales. Esta última situación se pudo dar marcha atrás, como así también la reincorporación de las delegadas de Agricultura Familiar, aunque continúa la persecución.

A la par de que se impuso un nuevo Código Contravencional, aprobado en el gobierno de Fellner, que criminaliza la juventud, la pobreza y la protesta, la policía irrumpe en dependencias estatales e impide la realización de asambleas de trabajadores. Los lugares de trabajo fueron militarizados como en el Ingenio La Esperanza, cuando se realizaron movilizaciones masivas contra la Ley de Morales y el gobierno radical-massista le garantiza la represión brutal a los trabajadores de la empresa Ledesma que osaron exigir un aumento salarial acorde a la canasta familiar y ahora pretende sancionar y multar a los obreros que realizaron corte de ruta durante 8 días.

Ha quedado en evidencia que el encarcelamiento de Milagro Sala buscaba actuar de disciplinador social, para avanzar contra las condiciones de vida del pueblo trabajador. Hoy los ataques a los sectores obreros, ha generado un amplio respaldo popular, y repudio al accionar del gobierno provincial, como muestra el abucheo de los obreros al gobernador Morales en el ingenio La Esperanza o las marchas en solidaridad a los trabajadores azucareros de Ledesma en lucha, como fue la culminación de la Marcha a 40 años del Apagón de Ledesma, junto a los familiares de los obreros, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas.

Por todo esto es necesario impulsar una gran campaña nacional denunciando que Morales y Haquim buscan transformar a Jujuy en la capital nacional de la represión y la impunidad, instalando un régimen policíaco contra los trabajadores, la juventud y el pueblo pobre. Llamamos a la más amplia unidad para frenar la embestida del gobierno de Morales, apoyar cada lucha que den los trabajadores, reclamar la libertad de Milagro Sala, de todos los presos políticos y el cese a las persecuciones a los que luchan, a la juventud y la derogación del Código Contravencional, el Protocolo y todas las leyes represivas, una causa que debe ser tomada por todos los trabajadores y sectores populares de Jujuy como de todo el país.







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