Política

REPRESION ESTATAL

Impunidad: liberan al asesino de Rafael Nahuel

Es el cabo Javier Pintos, de la Prefectura Argentina. Sigue procesado. Pero para la Cámara de Apelaciones de General Roca puede esperar el juicio en libertad.

Viernes 5 de julio | 21:46

El prefecto Francisco Javier Pintos quedará en libertad durante las próximas horas luego de haber sido detenido por el asesinato de Rafael Nahuel. Según la Cámara Federal de General Roca no hay peligro de fuga o entorpecimiento de la causa.

El integrante del grupo Albatros de la Prefectura Naval estaba detenido ya que una pericia probó que el disparo que mató al joven mapuche Rafael Nahuel salió de su fusil.

La misma Cámara -que había realizado un duro fallo que desmentía por completo la versión del gobierno sobre un "enfrentamiento" y ordenó la detención del prefecto- ahora da vuelta sobre sus pasos. Lo hace al afirmar que no existe peligro de fuga ni entorpecimiento de la causa.

¿Quién podría creer que la Prefectura que asesinó a Rafael Nahuel no va a entorpecer la causa? ¿Cómo es posible que el prefecto Pintos esté en libertad cuando cuenta con todo el Estado detrás apoyando la impunidad por medio de las más burdas mentiras? ¿Acaso no es completamente factible que el prefecto, junto con los demás integrantes de la fuerza que participaron del operativo y son investigados, se apoyen en la férrea defensa que hacen las fuerzas de seguridad de sus miembros para entorpecer la causa y favorecer la impunidad?

Nahuel murió de un disparo por la espalda el 25 de noviembre de 2017 en el terreno de Villa Mascardi. Los prefectos adujeron que patrullaban el lugar cuando fueron atacados por los jóvenes y que ejercieron su defensa con sus armas.

Las pericias habían determinado la falsedad del relato que había intentado imponer el gobierno y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich respecto de un "enfrentamiento" cuando lo que realmente sucedió fue una cacería de los prefectos contra los mapuches.

El prefecto está acusado de “homicidio agravado” y no por “exceso en la legítima defensa”, que es el cargo que le había aplicado en enero pasado el juez Leónidas Moldes y que es la versión que intenta imponer el gobierno.

El asesino de Rafael Nahuel cuenta de este modo con la posibilidad de esperar en su casa el juicio, mientras el gobierno y la justicia emplean la prisión preventiva como mecanismo de persecución discrecional según los intereses de las operaciones políticas del momento. Los asesinos armados y apañados por el Estado pueden andar por la calle, con la protección en cada instancia del Ministerio de Seguridad y una justicia que sirve a la impunidad.

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