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LEY ANTITERRORISTA

El gobierno chileno busca legalizar la infiltración a organizaciones

Dentro del marco de la nueva normativa para combatir delitos terroristas, parte de la reforma a la ley antiterrorista, se crearon algunos condicionantes de relevante importancia para las distintas organizaciones sociales y políticas en Chile.

Viernes 7 de noviembre de 2014 | Edición del día

Tras la explosión de una bomba hace poco más de 1 mes en el metro de Santiago, el clima represivo en Chile ha ido en aumento. Los principales diarios dan rienda suelta a la toma de medidas contra lo que caracterizan ser los “principales – y potenciales- culpables”: grupos “anarcos” o de corte afín, grupos “subversivos” y “violentistas”.

Es por esto, que entre las novedades a la normativa nace la figura jurídica de “asociación criminal terrorista” mediante la cual, se busca habilitar el espionaje en Chile, con la admisión de agentes encubiertos en las organizaciones que sean consideradas, bajo algún criterio discrecional, un peligro para la sociedad.

La nueva figura legal concierne también a aquellos que cometan crímenes de Lesa Humanidad o genocidio, en una suerte de subfigura denominada “Terrorista Solitario”.

De esta manera la normativa es un movimiento gestado en un clima represivo, que busca envolver al gobierno en un halo de valentía, al igual que sus reformas, que si bien son muy moderadas, generan resistencia de parte de las patronales.

Cabe recalcar que el gobierno enviará este proyecto en el marco de un diagnóstico poco favorable para su conducción: por primera vez la aprobación de su mandato está por debajo de su desaprobación, incluso con respecto a su mandato de 2006 (45% y 47% respectivamente).

Un proyecto manchado

Esta fuerte modificación entregada ayer por el gobierno de la Nueva Mayoría a la cámara del Senado, arrastrará al parlamento la memoria de toda una tradición manchada con persecución, secuestro, arrestos, desapariciones y asesinatos propinados por las organizaciones “Cívico-militares” de espías a sueldo, soplones rentados e infiltrados encubiertos que llenaron el listado de servicios que prestaban a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) luego Central Nacional de Informaciones (CNI) en su búsqueda por el exterminio de las principales organizaciones populares y de la izquierda de entonces, basándose en el estado de sitio.

Este proyecto deroga la ley especial 18.314 e incorpora los delitos al código penal y las medidas de investigación en un titulo del código procesal penal. Debido a que parte de las sugerencias fueron realizadas por expertos en seguridad, la legislación adquirió un carácter de urgente simple, lo cual ha mantenido conformes a los partidos de la Nueva Mayoría. Según indicó el diario El Mercurio el miércoles 4/11, “sitúa el acto como el inicio de un debate en materia de seguridad, pues se viene también las modificaciones al sistema de inteligencia del Estado y el fortalecimiento y modernización del ministerio público”.

El presidente de la comisión redactora, Felipe Harboe, senador por el PPD en la Nueva Mayoría, señaló que “esto permitirá dar facultades a jueces y fiscales y una señal clara y categórica de que en Chile estamos todos unidos para preservar la paz social”.







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