JUJUY

Capital nacional del ajuste, la represión y la impunidad

El XV Congreso del PTS denuncia que el Gobierno de “Cambia Jujuy” ha convertido a la provincia en la capital nacional de la represión, el ajuste y la impunidad y propone impulsar una gran campaña nacional contra el régimen policíaco jujeño y en defensa de los trabajadores, la juventud y el pueblo pobre.

Natalia Morales

Diputada del PTS-FIT en Jujuy | @NatuchaMorales

Alejandro Vilca

Diputado PTS/FIT Jujuy | @vilcalejandro

Jueves 14 de julio de 2016 | Edición del día

El Gobierno del Frente Cambia Jujuy (UCR-Frente Renovador) ha transformado a la provincia en la capital nacional del ajuste, la represión y la impunidad. El gobernador Gerardo Morales y su vice, el massista Carlos Haquim, son favoritos de Macri porque si triunfan, intentarán trasladar a nivel nacional el ejemplo jujeño. Y así como la UCR y el Frente Renovador lo hacen en el norte, también el FPV tiene en Tierra del Fuego y Río Gallegos su propio modelo de ajuste y represión. La dupla Morales-Haquim llegó al poder haciendo uso y abuso del sistema de 187 colectoras, adhiriendo a todos los candidatos a presidente salvo Scioli y Del Caño. A días de asumir, en un tiempo récord sancionó y promulgó una reforma de la Justicia. Amplió de 5 a 9 los miembros del Superior Tribunal y nombró entre los nuevos Jueces a diputados de la UCR que votaron la reforma para minutos después asumir como magistrados.

En esos días también impusieron un nuevo Código Contravencional (aprobado en el gobierno de Fellner), que criminaliza la juventud, la pobreza y la protesta. Con esta Justicia adicta iniciaron una caza de brujas para demonizar cualquier reclamo de los trabajadores, dejando las manos libres a las patronales y el gobierno en los planes de ajuste y despidos. El primer paso fue la detención en el mes de enero de la dirigente de la Tupac Amaru y diputada del Parlasur por el FPV, Milagro Sala, por realizar un acampe de protesta. Desde ese momento, Sala permanece detenida de manera irregular, violando el debido proceso y los derechos y garantías de la Constitución. Aprovechan el enorme desprestigio de esta dirigente por sus métodos clientelares para sentar un precedente nefasto contra las organizaciones sociales, de trabajadores y el derecho a la protesta.

La clase trabajadora y la izquierda en el centro de los ataques

En este marco, efectuaron una arremetida en regla contra los trabajadores y sus organizaciones, con los despidos persecutorios en Agricultura Familiar; avalaron los despidos y suspensiones en Zapla, incluyendo el pedido de juicio oral contra dirigentes gremiales por la huelga del 2014; se planea el cierre de Minas Pirquitas; detuvieron por diez días a tres miembros de la Directiva del SEOM por un reclamo sindical; votaron una Ley de Readecuación Productiva para el Ingenio La Esperanza que implica la reducción de 800 (de 1350) puestos de trabajo vía un plan menemista de jubilaciones anticipadas, cooperativas y trabajo precarizado en el Estado. Para disciplinar a los azucareros de La Esperanza suspendieron a 17 trabajadores, como sanción por una medida de protesta y abrieron causa penal a 8 de ellos, incluido un miembro de la Directiva del Sindicato, sin previo juicio de desafuero.

El Gobierno le ha dado superpoderes a la policía para irrumpir en dependencias estatales e impedir la realización de asambleas de trabajadores como en Agricultura Familiar y luego de lograr la reincorporación de las delegadas, entre ellas a la delegada de ATE y referente del FIT, Natalia Morales, mantienen una persecución sistemática. También militarizaron los lugares de trabajo como el Ingenio La Esperanza. En el marco de esta ofensiva reaccionaria del régimen jujeño, el PTS ha sido blanco de numerosos ataques: la expulsión sumaria de Alejandro Vilca del SEOM, avalada por el Ministerio de Trabajo Provincial y por la Justicia a pesar de su ilegalidad absoluta; el despido de Natalia Morales en Agricultura Familiar a pesar de ser delegada regional de ATE; la suspensión y causa penal contra Silvio “Choper” Egüez miembro de la Directiva del Sindicato del Ingenio La Esperanza; el pedido de juicio oral contra Julio Mamaní, delegado de base de los obreros de Aceros Zapla. Todos referentes obreros y figuras públicas provinciales del PTS y el Frente de Izquierda.

Un régimen a la medida del genocida Blaquier

De esta manera configuraron un régimen muy de derecha, con una oposición del PJ colaboracionista, la Tupac Amaru diezmada y con sus diputados en desbandada como el caso de quien fuera jefe de bloque, Germán Noro, que se pasó a las filas del FR; y un oficialismo que controla la Legislatura y la Justicia, accediendo a controlar la suma del poder del Estado, continuando con los gobiernos de tipo feudal. Algo que celebran los empresarios es que se ven más fuertes para despedir y flexibilizar a sus trabajadores. Como el genocida Blaquier que recibe a Macri, quien le otorgó beneficios por la devaluación y la suba de la cuota de bioetanol; o Taselli en Zapla, que suspende trabajadores, mientras negocia el Repro para que el Estado se haga cargo del pago de una parte de los salarios. ç

El XV Congreso del PTS lanza una campaña nacional contra el régimen policíaco jujeño

El XV Congreso del PTS denuncia que el Gobierno de “Cambia Jujuy” ha convertido a la provincia en la capital nacional de la represión, el ajuste y la impunidad y resuelve el impulso de una gran campaña nacional contra el régimen policíaco jujeño y en defensa de los trabajadores, la juventud y el pueblo pobre. En un llamado a la más amplia unidad para frenar la embestida del gobierno de Morales, apoyar cada lucha que den los trabajadores, reclamar la libertad de todos los presos políticos y el cese a las persecuciones, exigir el fin de la persecución a la juventud y la derogación del código contravencional, el protocolo “antipiquetes” y todas las leyes represivas.







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