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La Izquierda Diario
4 de abril de 2020 Twitter Faceboock

ANIVERSARIO DEL MENDOZAZO
Entre velas y barricadas. Una historia del Mendozazo
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Reproducimos el capítulo Entre velas y barricadas. Una historia del Mendozazo, del libro “El Mendozazo: Herramientas de rebeldía”, publicado a propósito del 40 aniversario del Mendozazo en 2012. El libro fue realizado por el Colectivo Fantomas y editado por Ediunc. La realización de la investigación estuvo a cargo de Florencia Bertrolotti, Juan Ignacio castro, Enrique Crombas, Carolina Ramirez, Inés Lucero y Gabriela Scodeller.

Si un 4 de abril abrimos un diario o miramos el noticiero, seguramente encontraremos alguna nota recordatoria del Mendozazo. También en los libros de historia de nuestra provincia aparecen referencias a este hecho. Estas opiniones circulan ampliamente, se cruzan con los recuerdos de quienes vivieron esas jornadas y nos transmiten, en ámbitos más acotados, alguna imagen a quienes no las vivimos.

Por ello, no podemos decir que el Mendozazo sea un hecho que ha pasado desapercibido por estas tierras, ni tampoco que no sepamos nada de él. De alguna u otra manera, todos esos relatos completan o cuestionan la mirada que aquí propondremos.

Creemos que este hecho singular cobra sentido cuando logramos ubicarlo en una historia mucho más amplia y compleja –como es la de la Argentina y el mundo de los años 60 y 70–, de la cual esta provincia no estuvo al margen. Mendoza tiene su historia, particular, de rebeliones contra la injusticia y de luchas por cambios sociales radicales. Al desconocer este proceso histórico general, ha sido sen- cillo para algunos presentar al Mendozazo como un suceso aislado, limitado a un reclamo de tipo económico; o como un acontecimiento excepcional y, por lo tanto, ajeno a la historia provincial, algo raro, algo de lo que los mendocinos seríamos incapaces.

Cuando el río suena…

Al intentar ubicar al Mendozazo en una genealogía de luchas, pode- mos encontrarle otros sentidos. Si nos remontáramos en esa historia muy atrás, hasta fines del siglo xix por ejemplo, momento en el cual comenzaba a formarse el movimiento obrero local, observaríamos que los conflictos colectivos no se daban en las ciudades sino en las zonas más alejadas, donde se concentraba la mano de obra que estaba tendiendo las vías del ferrocarril o desarrollando obras como la red de riego. La primera huelga en la provincia se registró en 1890 en Uspallata. Fue impulsada por mil peones ferroviarios, quienes reclamaban mejoras en sus condiciones laborales y denunciaban abusos patronales. Ya aproximándonos a los años 20, las leyes sociales que se consiguieron durante el lencinismo anticiparon a las de los gobiernos peronistas de mediados de la década del 40. Inclusive, la jornada de ocho horas de trabajo se sancionó antes que fuera regu- lada internacionalmente. Estas conquistas son producto de las luchas sociales llevadas adelante por los trabajadores y de la presencia en el imaginario obrero (y patronal) de la Revolución Rusa de 1917.

Con conquistas y derrotas, resultado de las propias acciones y deci- siones de los trabajadores, las líneas de fuga hacia atrás son múltiples si estamos dispuestos a construir una historia desde la perspectiva de las clases subalternas, es decir desde aquellos sectores sociales dominados y explotados pero capaces de superar tal dependencia si se unifican y, por tanto, logran oponerse al orden existente.

El punto de partida desde el que hemos elegido comenzar esta historia del Mendozazo es 1955. A partir de allí intentaremos mostrar cómo, con distintos ritmos, con contradicciones y dificultades, no siempre producto de la intencionalidad de los sujetos, se fue configu- rando un entramado social donde cuestionar aquello que se conside- raba injusto se tornaba cada vez más cotidiano e iba generando un clima de creciente indisciplinamiento social.

En setiembre de 1955, fue derrocado a través de un golpe de Estado, autodenominado Revolución Libertadora, el segundo gobierno de Juan Domingo Perón. Durante los dos gobiernos pero- nistas (1946-1955), la clase trabajadora había conquistado derechos sociales y políticos reivindicados históricamente, proceso que no solo transformó sustancialmente las condiciones de vida y culturales de los trabajadores sino que también los llevó a adscribir masivamente al peronismo. Este movimiento político pregonaba la conciliación de intereses entre trabajadores y empresarios. Sin embargo, el peso político y económico de los obreros en esta relación generaría un equilibrio inestable que, a lo largo de la historia, llevaría a constantes conflictos entre las partes.

En los años 50, la economía mundial estaba cambiando y esto traía aparejado un problema de fondo en la Argentina: el modelo económico basado en la industrialización liviana y el consumo interno establecía límites al crecimiento capitalista. El agotamiento de la bonanza económica característica del primer gobierno peronista dificultaba sostener una distribución del ingreso favorable a los trabajadores sin afectar directamente las ganancias de los sectores empresarios.

Para revertir esta situación, el empresariado buscó vincularse al capital financiero internacional para modernizarse y adaptarse a las nuevas reglas del mercado. Dicha adaptación implicaba producir cambios en la forma de organización del trabajo y de la producción, a través de la incorporación ya no de mano de obra sino de nuevas tecnologías y maquinarias, mientras que a la fuerza de trabajo existente se le exigía que produjera más en menos tiempo. Este nuevo escenario requería eliminar conquistas obreras, renegociar convenios colectivos de trabajo y condiciones laborales.

la existencia de estas comisiones implica a cuestionar el poder de la autoridad en el lugar de trabajo, por lo que se convertían para el sector patronal en una de las innovaciones que aumentaran la producción.

Para ello, había que lidiar con una serie de obstáculos, fundamentalmente con la fuerza que había adquirido la clase obrera en las fábricas en la década anterior. Esta se manifes- taba a través de la organización de comisiones internas, las cuales estaban integradas por los mismos trabajadores (delegados) elegidos por sus compañeros. Estos organismos se encargaban de vigilar el cumplimiento de la legislación laboral en las fábricas, de exigir nuevos derechos o frenar abusos patronales. La existencia de estas comisiones implicaba cuestionar el poder de la autoridad en el lugar de trabajo, por lo que se convertían para el sector patronal en una de las principales trabas para introducir innovaciones que aumentaran la producción.

El empresariado reclamó al gobierno peronista medidas de racionalización y disciplinamiento, cuya máxima expresión fue el Congreso de la Productividad y Bienestar Social de 1955. Sin embargo, más allá de su adscripción política al peronismo, la oposición por parte de los trabajadores no dio lugar al avance de estas medidas. La pugna entre la necesidad del capital de transformar las condiciones concretas del trabajo para aumentar su ganancia y las resistencias por parte de los obreros y las obreras a resignar derechos obligaron a los primeros a intentar imponer condiciones más favorables para su proyecto económico-político por la fuerza.

El golpe militar del 55 buscó crear estas condiciones, aunque no resultó una solución definitiva, ya que dicha tensión se mantuvo durante las décadas del 60 y del 70, hasta que finalmente la barbarie genocida de la última dictadura militar (1976-1983) logró implantar las medidas económicas que el capital venía exigiendo desde los años 50.

trabajadores, estudiantes, amas de casa, religiosos, abogados, artistas e intelectuales buscaron vías alternativas para reunirse, discutir, opinar, cuestionar y actuar

Sin embargo, podemos observar cómo ya con el gobierno desarro- llista de Arturo Frondizi (1958-1962), el Estado intervino claramente reorientando sus ingresos a favor del sector económico más concen- trado y asociado al capital extranjero, gracias al achicamiento del gasto público destinado a salarios, servicios sociales y subsidios a las nales. Posteriormente, la política económica del de la llamada Revolución Argentina (1966-1973), matices, fue la continuación de las estrategias medidas también afectaban negativamente a nuevos sectores, como los pequeños comerciantes o los asalariados de medianos ingresos, entre los que se encontraban jóvenes a quie- nes se les dificultaba seguir con sus estudios, situación que motivaría su participación en las protestas sociales.

Esta situación de conflictividad y cuestionamiento no se limitaba al ámbito laboral y a las disputas entre trabajo y capital. Sobre ese telón de fondo que era la crisis de acumulación del capitalismo argentino, entre 1955 y 1976 se sucedieron distintos golpes militares que obtu- raron los canales formales de participación política. Las elecciones, cuando existieron, fueron con la proscripción del peronismo y bajo la tutela de las Fuerzas Armadas. Pero las limitaciones a la participación política no se restringían a no poder votar sino que también hubo censura y represión en escuelas, universidades y lugares de trabajo, sindicatos y ámbitos de la cultura.

Esto, más que achicar las inquietudes de la sociedad por la vida política, las potenció. Trabajadores, estudiantes, amas de casa, religio- sos, abogados, artistas e intelectuales buscaron vías alternativas para reunirse, discutir, opinar, cuestionar y actuar. Así, surgió un amplio entramado social de grupos cuya acción confluía en un cuestiona- miento a las normas que regían la vida cotidiana, la economía o el poder político. Las formas de expresar el descontento fueron muy variadas, así como también sus contenidos: encontramos desde obras de teatro, huelgas, pintadas, publicaciones político-culturales, boi- cots, asambleas, hasta manifestaciones callejeras, tomas de lugares de estudio y de trabajo y acciones armadas. Al encontrarse en sus acciones, fuese en sus ámbitos cotidianos de tareas o en la calle, se potenciaban; era más importante lo que tenían en común que lo que los diferenciaba. Por ello se percibieron a sí mismos como parte de un todo. Caminaban en el mismo sentido.

Eran épocas en que hablar de socialismo, revolución o liberación nacional era parte del lenguaje cotidiano. No obstante, mientras para algunos el socialismo era sinónimo de tener remedios en un hospi- tal público, para otros significaba armar al pueblo para la toma del poder. Pero en la vida cotidiana se construían lazos de solidaridad y cooperación, de compañerismo, base sobre la cual podía florecer una Argentina socialista.

En América Latina, la Revolución Cubana desde 1959 y el triunfo de la Unidad Popular con Salvador Allende en Chile en 1970 mos- traban dos vías distintas pero exitosas de llegar a dicho socialismo. Dibujaban en el horizonte la idea de que la revolución era posible. Otras regiones del mundo vivían también cambios radicales.

Así, en la prensa de la época podía leerse sobre los sucesos del Mayo Francés, la Primavera de Praga, el Otoño caliente italiano, la guerra de Vietnam o los procesos de descolonización en el África. Dichos contextos, aunque lejanos, contribuían a la percepción de que se estaban viviendo momentos de transformaciones históricas. Así fue como, después del Cordobazo, muchos sintieron en la Argentina la inminencia de la revolución.

Los intentos de disciplinamiento (en lo económico, político y cul- tural) y la represión abierta no lograban imponer el orden deseado. Las luchas de los movimientos obrero y estudiantil crecían e iban convergiendo. Comenzaba a tomar forma una fuerza opositora que el régimen no lograba detener. Con el Cordobazo, ocurrido en mayo de 1969, se puso de manifiesto este proceso de unidad en la acción y la potencialidad de las masas en las calles. Estas, al enfrentarse con las fuerzas policiales y armadas, desafiaban el monopolio del poder y de la violencia que ejercía el Estado, demostrando su capacidad de superarlas.

Por estos años comenzó a debilitarse la corriente sindical liderada por el metalúrgico Augusto Vandor y fueron creciendo las tenden- cias que se oponían a dichas dirigencias sindicales conciliadoras.

El vandorismo expresaba una estrategia de alianza con el capital. A través de su táctica de «golpear para negociar» consiguió importan- tes beneficios económicos para los trabajadores, aunque siempre en connivencia con patronales y gobiernos militares. Sus oponentes, en cambio, nucleados en la cGT de los Argentinos (cGTA), cuestionaban la propiedad de los medios de producción y exigían la expulsión
de los monopolios y la nacionalización de los recursos estratégicos, apelando además a la constante participación y movilización de las bases obreras. Por eso se definían a sí mismos como antiburocráticos, combativos y antiimperialistas. Referentes de esta línea fueron el «sindicalismo de liberación nacional» de Agustín Tosco, el «sindica- lismo combativo» de Raimundo Ongaro y el «sindicalismo clasista» de Córdoba.

Al Cordobazo siguieron otros «azos», puebladas y levantamientos populares con distintas características, que tuvieron contenido político y social de diverso alcance. Hasta 1972, estas acciones se extendieron por distintas regiones del interior del país. Efectivamente, este hecho había actuado como una bisagra tanto para las fuerzas del régimen como para las de la oposición. Mientras se intensificaba el proceso de movilización en cantidad y en calidad, el gobierno militar reforzó la forma represiva de enfrentar a este movimiento en conti- nuo ascenso.

Las confluencias que se fueron dando en la acción construyeron una imagen de combatividad y radicalidad que, si bien fortificaba a esta fuerza social, a la vez confundía respecto de la supuesta homo- geneidad de quienes la integraban. Las experiencias y tradiciones, los intereses y objetivos de los grupos de lo que fue denominado «Nueva Izquierda» eran diversos y muchas veces resultaron irreconciliables. Aunque todos coincidían en una oposición a la dictadura, solo algunos sectores incluían en su horizonte deseos y convicciones de superar los límites del sistema capitalista.

Gran parte de quienes perseguían un cambio revolucionario entendieron que la lucha armada era el modo más eficaz de llegar a ese objetivo. De esta manera, surgieron numerosas organizaciones arma- das, las que abrevaban en distintas tradiciones políticas (peronistas, guevaristas, leninistas, maoístas) y entendían de modos diversos el proceso en marcha y las características que debía asumir la nueva sociedad a construir. Si bien los enfrentamientos armados reflejaban el ascenso en la lucha entre las clases que se desarrollaba en Argentina, lo que preocupaba a los sectores dominantes era no solo los grupos político-militares sino la predisposición que demostraban las masas para ejercer también ellas la violencia directa.

Huelgas, paros, revueltas culturales y movilizaciones interrumpían continuamente el curso cotidiano de la producción y del comercio, de la educación y de la administración. Con su práctica, ponían en jaque el orden social capitalista, aunque esto no estuviese definido como objetivo en el pensamiento de los sujetos protagonistas de esa acción. Pero el problema para el régimen radicaba en el potencial revolucionario que podía derivar de una creciente radicalización de esta enorme y extendida masa crítica de sujetos.

Después de continuos golpes y proscripciones, un sector de las clases dominantes y las Fuerzas Armadas entendió que el único modo de contener un movimiento que podía derivar en una revolución era retornar a los canales institucionales de participación política. La dictadura era, después de todo, lo que muchos cuestionaban. Buscaron, con este retorno a la vía electoral, descomponer las relaciones que se habían establecido dentro de esta fuerza social antagónica entre individuos, grupos y sectores más o menos convencidos del proceso que se estaba llevando adelante. Sería así más fácil aniquilar a los considerados «irrecuperables» (como los denominó posteriormente en su libro el entonces presidente de facto Alejandro Lanusse).

Se implementó, entonces, el Gran Acuerdo Nacional (GAN), cuya formulación inicial fue resultado del Viborazo –manifestación con enfrentamientos callejeros que tuvo lugar nuevamente en Córdoba en marzo de 1971–, donde por primera vez se identificaron banderas de las organizaciones armadas en un acto convocado por el sindicalismo clasista cordobés.

el problema para el régimen radicaba en el potencial revolucionario que radicalización de esta enorme y extendida masa crítica de sujetos

Si intentáramos imaginar cómo lo que relatamos en los párrafos precedentes se condensaba, a la vez que se extendía temporal y espacialmente, podríamos construirnos una imagen de la potencialidad disruptiva que provocaban o podían llegar a provocar hasta las acciones más localizadas, espontáneas o acotadas en sus reclamos. Era un momento de crisis orgánica, puesto que se iba perdiendo el respeto a la legalidad impuesta por las clases dominantes. Lo que se aceptaba por costumbre y como natural dejaba de serlo, se ponía en cuestión la forma en que se organiza la sociedad en su conjunto. Mendoza, nuestro lugar en el mundo en este relato, no fue ajena a este proceso.

Volvamos a 1955. Luego del golpe de Estado, ser peronista tenía distintos significados según el sector del que se participara dentro del movimiento. Entre los más combativos se encontraban los coman- dos de la Resistencia Peronista, con sus «caños» (explosivos caseros) y sabotajes. Sus acciones en Mendoza comenzaron hacia fines de la década del 50 aunque fueron de poca envergadura. Durante esa época también se formó la Unión de Guerrilleros Andinos (uga), a cargo de Ciro Ahumada. Esta organización político-militar buscaba el retorno del líder exiliado, aunque tuvo un breve desarrollo.

En 1958 y a pesar del Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado), que habilitaba a las Fuerzas Armadas para reprimir huelgas y protestas populares, miles de obreros del petróleo mantuvieron una huelga de 20 días contra los planes de entrega de la empresa YPF a compañías estadounidenses. En 1961, sumándose a una lucha nacional, los ferroviarios sostuvieron un paro por 45 días, con manifestaciones y enfrentamientos callejeros que obligaron al gobierno de Frondizi a retroceder parcialmente en su plan de desmantelamiento de los ferrocarriles. Posteriormente, en 1964, se llevó adelante el Plan de Lucha nacional impulsado por la CGT, en el marco del cual en Mendoza se produjeron casi medio centenar de ocupaciones de fábricas durante mayo, cantidad que el mes siguiente se duplicó.

Durante la dictadura de Juan Carlos Onganía (1966-1970), se sumaron a los reclamos obreros los de otros sectores de la sociedad, como estudiantes y pequeños comerciantes. Así, mientras se producía el Cordobazo, el 29 de mayo de 1969, cientos de estudiantes fueron reprimidos con gases en pleno centro mendocino. Ya se había formado en la provincia la cgTa, integrada

por numerosos aunque pequeños gremios. Sin embargo, esta no logró aglutinar a los distintos sectores opositores (artistas, periodistas, intelectuales, estudiantes), como sucedió a nivel nacional. Posteriormente, el Movimiento Intersindical Provincial (miP), cuyo referente nacional era Tosco, fue impulsado en la provincia por las agrupaciones vinculadas al Partido Comunista.

muchos sectores profundizaron sus cuestionamientos y exigencias al gobierno y multiplicaron las medidas de fuerza. No era solo una cuestión de intensidad y radicalidad sino que además comenzaban a darse pasos firmes hacia una articulación concreta entre estos.

Tanto dentro de la cgT Regional, liderada por Carlos Fiorentini (alineada con la entidad nacional de José Ignacio Rucci), como de las 62 Organizaciones Peronistas (rama político- sindical del movimiento) existían diferencias importantes que llevaron a numerosas rupturas y posteriores reunificaciones. Dichas diferencias dentro del propio peronismo dividían a los sectores más combativos de los más dialoguistas, siendo estos últimos los que mantuvieron la representación de la mayoría de los gremios.

Las manifestaciones contra la dictadura fueron aumentando, pero desde marzo del 71, coincidentemente con el Viborazo, estas luchas comenzaron a tomar otro carácter. Muchos sectores profundizaron sus cuestionamientos y exigencias al gobierno y multiplicaron las medidas de fuerza. No era solo una cuestión de intensidad y radicalidad sino que además comenzaban a darse pasos firmes hacia una articulación concreta entre estos, cuyo punto más alto de unidad sería, en la provincia, el Mendozazo.

Los estudiantes secundarios y universitarios, de establecimientos públicos y también privados, fueron uno de los actores clave del período. Reclamaron en asambleas unificadas el fin de los exámenes de ingreso y formaron comisiones de lucha cuando los centros de estudiantes no apoyaban las medidas contra el «limitacionismo». Este reclamo llevaba de fondo un fuerte cuestionamiento a las políticas educativas de la dictadura. Las pancartas y cánticos escuchados en las numerosas movilizaciones denunciaban que «La limitación perdura por obra de la dictadura», a la par que se declaraban «Por el libre acceso a la cultura», y «Por una Universidad del pueblo, en una patria liberada». Tomaron las facultades y el rectorado, cuyos edificios se encontraban en su mayoría en el centro de la ciudad. Los enfrentamientos en las calles con las fuerzas del orden, cada vez más comunes, eran duramente reprimidos. Como consecuencia de ello, muchos estudiantes debieron afrontar procesos judiciales, y dieron lugar así a nuevas instancias de lucha callejera. Así como la «universidad al servicio del sistema» juzgaba a los estudiantes, estos realizaron un Juicio a la Universidad Nacional de Cuyo, «…como una forma más de lucha, para desarrollar el espíritu crítico de los estudiantes». Fueron numerosas las agrupaciones de izquierda que politizaban el espacio universitario, pero también existían agrupaciones de derecha, responsables de amenazas y atentados contra sus adversarios.

Otros colectivos también aportaban desde sus prácticas cotidianas a un proceso de politización. Eran los abogados defensores de presos políticos, los curas tercermundistas, los artistas y los periodistas.

Tomaban sus saberes específicos como herramientas para aportar a un cambio político y social, desarrollando su quehacer en fuerte vinculación con las luchas del momento. Con menos visibilidad que en otras regiones, también actuaron en nuestra provincia las orga- nizaciones armadas: las FAL (Fuerzas Armadas de Liberación) y las FAP (Fuerzas Armadas Peronistas). Posteriormente, se conformaron Montoneros, las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) y el PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo).

Distintas experiencias de organización vecinal muestran a los barrios populares como otro espacio en donde se avanzaba desde reivindicaciones puntuales a cuestionamientos socioeconómicos y políticos más profundos. Eran ámbitos de articulación entre vecinos, estudiantes y curas tercermundistas, para quienes la historia de organización y conquistas de la Cooperativa Integral del Barrio San Martín era una referencia ineludible. A través de movilizaciones, los vecinos trasladaban sus reclamos de la periferia urbana al centro mismo del poder político. Desde una Coordinadora Intervillas, se llevaron adelante acciones que resultaban intolerables para las clases acomodadas, como por ejemplo pasearse en plena vendimia frente al Plaza Hotel (actual Hyatt) o a la tradicional UVEXPO (feria del vino) en carros destartalados. Paulatinamente, a partir de problemas comunes como la desocupación y el aumento del costo de vida, las organizaciones barriales fueron articulando su accionar con los sectores combativos del movimiento obrero.

Por aquellos años, aproximadamente la mitad de los conflictos obreros fueron protagonizados por trabajadores del Estado, frente a los cuales los gobiernos provinciales respondieron ignorando las reivindicaciones, declarando ilegales las medidas de fuerza o reprimiendo. Así, la escena pública fue ocupada, principalmente, por los trabajadores de la educación (pertenecientes a distintos gremios, entre los que se destacaba el del Magisterio) y de la salud (nucleados en ATSA). No obstante las declaraciones de apoyo entre sindicatos, hasta ese momento cada gremio había afrontado individualmente la lucha por sus reclamos específicos. Era significativo el apoyo que estos sectores encontraban en el conjunto de la sociedad a sus demandas y medidas de protestas, inclusive cuando el ciclo lectivo 1972 no se inició porque los maestros declararon una huelga por tiempo indeterminado.

En el ámbito privado también hubo numerosos conflictos. Entre ellos, podemos mencionar el caso de los trabajadores contratistas de viñas y frutales, quienes a pesar de que su sindicato se encontraba intervenido desde 1966, comenzaron un plan de lucha. Además de paritarias y aumentos salariales, reclamaban el cumplimiento del Estatuto que los reconocía como trabajadores dependientes y que fuese convertido en ley. En San Rafael, el cierre de la fábrica de conservas de frutas y verduras CAP (Corporación Argentina de Productores de Carnes), a fines de 1969, había significado el despido de unos 2.000 obreros. Desde entonces, distintas acciones de los gremios de la zona y las uniones vecinales de los barrios donde vivían los obreros de la fábrica lograron que la gestión del gobernador Francisco Gabrielli adquiriera la planta a través de la Bodega Giol, y pasó a denominarse La Colina.

Otro conflicto importante fue el de los cementeros. A comienzos de marzo del 72, reclamaban el cumplimiento de su convenio colectivo de trabajo, ya que la patronal los obligaba a realizar funciones que no les correspondían. Cuando la Asociación Obrera Minera Argentina (aoma) declaró una huelga por tiempo indeterminado, la respuesta fue el despido de 300 obreros de la fábrica Corcemar. Ante esta situa- ción, los trabajadores exigieron la reincorporación de la totalidad de los despedidos.

Sin embargo, la empresa dejó fuera a dirigentes y activistas. Esta negativa a reincorporarlos buscaba disciplinar al conjunto de los trabajadores. Más allá de las presiones, los obreros rechazaron la propuesta patronal, lo cual se sintetizó en la frase «todos o ninguno». Los lazos de solidaridad y unidad se plasmaron en el corte de la ruta a Villavicencio, medida que fue acompañada por las familias y también por los obreros de la fábrica Minetti, quienes realizaron un paro por 48 horas.

un contexto de creciente inconformismo y cuestionamiento, expresado en un permanente estado entre trabajadores, estudiantes y artistas

El clima de politización propició disputas hacia el interior de los espacios de trabajo y en los gremios, cuestionando a las dirigencias que no respetaban las instancias de participación de las bases. Los siguientes son solo algunos ejemplos que muestran los enfrentamien- tos que se daban en diversos sindicatos: en el Centro de Empleados de Comercio, a raíz de la destitución de quien fue dirigente por quince años, se abrió una discusión entre los trabajadores sobre la forma de construcción sindical. Así también, en la Asociación Bancaria los cuestionamientos a las autoridades interventoras impuestas desde Buenos Aires fueron de la mano de un proceso de organización de comisiones internas combativas en los distintos bancos estatales y privados. Asimismo, a mediados de 1971, una asam- blea de afiliados de la Unión Ferroviaria, a través de la toma de las dos sedes sindicales, logró la recuperación del gremio hasta entonces en manos de una intervención a la que se consideraba caduca.

Lo dicho en los párrafos precedentes muestra un contexto de creciente inconformismo y cuestionamiento, expresado en un permanente estado deliberativo entre trabajadores, estudiantes, artistas. Así, la elaboración de planes de lucha cada vez más desafiantes y la ocupación de las calles, como espacio de encuentro entre distintos sectores sociales, dan cuenta de un cambio no solo en cantidad sino en la calidad de las luchas, que empezaba a incomodar al poder.

Esto se observa cuando ambas CGT a nivel nacional anunciaron un paro de 48 horas para los días 29 de febrero y 1 de marzo de 1972, en contra de la política salarial del gobierno y del encarecimiento de la vida, exigiendo la convocatoria a negociaciones paritarias. En Mendoza, el acatamiento fue el mayor registrado en los últimos años y tuvo características novedosas, como la realización de actos previos al paro (volanteadas y actos relámpago), atentados contra el transporte, reparticiones estatales y del Ejército. Esto generó detenciones de dirigentes gremiales por parte de la policía, como sucedió con toda la comisión directiva del gremio de los bancarios.

Este escenario que vivía la provincia contrastaba con la situación gremial de fines de 1970, descripta por un cronista de la revista Claves de la siguiente manera:

(…) las características de una zona adormilada, con costumbre de siestas largas e irrenunciables, donde para conseguir un paro –que medianamente se anuncia como activo– debe comenzar a las 14, cosa de que a nadie encuentre en la calle, y ciertos gremios que son de peso en medidas de esta naturaleza puedan tener la certeza de que nadie va a ir a trabajar. Claro que lo que difícilmente se pueda lograr es la concentración y la protesta con «el pueblo en la calle», quizás porque los mendocinos vamos a la avenida San Martín a mirar vidrieras… o (este es el argumento válido para los sindicalistas) porque no hay transporte (…). (Revista Claves, 13.11.70, p. 9)

Efectivamente, desde entonces algo había cambiado. El estado de cosas era otro, se estaba expandiendo una masa de sujetos dispues- tos a cuestionar las normas impuestas desde fuera y a darse otras, propias: ganaban autonomía. Sus acciones indicaban una paulatina pérdida de obediencia, tanto a la autoridad patronal como a las propias conducciones obreras. Este proceso no se limitaba a lo laboral sino que se extendía a distintos ámbitos. A ello se sumaba que, contrariamente a lo que esperaba la dictadura militar al designar a cargo del Ejecutivo provincial a un civil, fue durante la intervención del demócrata Francisco Gabrielli cuando se registró el mayor rechazo al gobierno y sus políticas.

Mendoza, escenario de rebeldía

Al pensar en nuestra propia historia (y también la de la sociedad en que vivimos), podemos darnos cuenta de que la historia no es la línea de tiempo homogénea que dibujamos en la escuela. Tiene saltos, más o menos profundos, rupturas, tiempos acelerados. Momentos de crisis que se disparan y no sabemos bien por qué se producen ni qué cami- nos tomarán, pero igualmente nos sumergimos en ellos.

El Mendozazo fue uno de estos momentos de ruptura, donde algunas acciones pueden explicarse por situaciones más o menos cercanas, como un aumento desmedido de la tarifa de la luz, pero otras por la rabia acumulada que explota después de años y décadas de injusticias tanto políticas y sociales como económicas y culturales, a las que nos referimos en el apartado anterior.

sujetos dispuestos a cuestionar las normas impuestas desde fuera.

Realizaremos ahora una breve descripción de los acontecimientos ocurridos en nuestra provincia en abril de 1972. Recordemos que se había lanzado la propuesta del Gran Acuerdo Nacional. Los partidos políticos tradicionales de la provincia (Pj, UCR y PD) se preparaban para las primeras elecciones sin proscripción desde 1955. Sin embargo, la sociedad ya había incorporado otros canales y espacios por los cuales expresar sus reclamos e inquietu- des: la calle, las asambleas, las manifestaciones… ¿Sería entonces tan inconcebible el Mendozazo para la «pacífica» mentalidad mendocina?

Contrariamente a aquellos planteos historiográficos que explican el Mendozazo por la acción planificada de sectores militares o de organizaciones armadas populares externas a la provincia, interesados en frenar la salida institucional ofrecida por el GAN, consideramos que este hecho fue el resultado del proceso de incipiente construcción de autonomía por parte de distintos sectores y grupos sociales que relatamos en el punto anterior.

En los días previos al Mendozazo, la empresa Agua y Energía de la Nación había anunciado un aumento del 300% en la tarifa eléctrica, por un servicio que además era deficiente y «deja de prestarse cuando una tímida llovizna cae sobre nuestra ciudad», tal como se describía en el diario Los Andes. Eran momentos de inflación: en 1971, el incremento del costo de vida respecto del año anterior había sido de 42% y en 1972 de 73%. El poder adquisitivo de los salarios se deterioraba rápidamente. Durante 1971, los principales perjudicados fueron los empleados de la administración pública y los docentes, mientras que en 1972 le tocaría el turno al sector industrial. Así, el aumento de la luz impactaba negativamente sobre el conjunto de la población, por lo cual se iniciaron acciones de protesta para intentar frenar la medida.

La desobediencia toma cuerpo de asamblea

La noche del miércoles 29 de marzo comenzaron los apagones en las calles céntricas, observándose vidrieras y carteles sin luz. Los comerciantes solo alumbraban tenuemente el interior de sus negocios para demostrar su rechazo a las nuevas tarifas de Agua y Energía.

En las vidrieras podían leerse carteles que decían «Protestamos, por aumento de tarifas eléctricas». Tanto la Asociación Amigos de la Avenida Las Heras como la Asociación Amigos de la Avenida San Martin, que agrupaban a los comerciantes de estas importantes calles céntricas, sugerían a sus asociados repetir esta medida todos los días desde las 19 en señal de protesta y adherir a las medidas dispuestas por la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (ucim) que los nucleaba. Esta, a modo de presión hacia el Gobierno, destacó en el diario Los Andes «la mala impresión que causan los apagones a los turistas que en los últimos días colmaron la capacidad hotelera de nuestra ciudad».

Sin embargo, el malestar mayor se hacía sentir en los hogares, en los barrios, entre los vecinos. Automóviles y casas tenían su franja con las distintas consignas que instaban a rechazar el aumento: «No pague la luz», «Yo no pago la luz, ¿y usted?». Las acciones de repudio no se limitaban a actos individuales: reuniones y asambleas se repetían por distintos barrios de la ciudad.

Los vecinos decidieron no pagar las facturas y depositarlas en las sedes de las respectivas uniones vecinales. En el Barrio San Martín, por ejemplo, se realizó una severa crítica al gobierno por permitir el aumento, que fue calificado de «despojo legal». La Unión Vecinal Angélica Civit de Suárez expresó su solidaridad con todos los entes similares de la provincia «para luchar contra los incrementos en la electricidad que no se justifican bajo ningún concepto». La Mesa Coordinadora de Instituciones de Godoy Cruz, que nucleaba a distin- tas entidades del departamento, imprimió franjas y volantes con la inscripción «Godoy Cruz. ¡No pague la luz!», que fueron distribuidos por los distintos barrios.

llegó el domingo 2 de abril. La participación en la concentración y marcha fue masiva. Los periódicos de la época hablaban de 10.000 personas; los organizadores, de 20.000.

Los ejemplos siguen. Las uniones vecinales se fueron aglutinando por coordinadoras zonales que, finalmente, confluyeron en la Coordinadora Provincial No pague la luz, la cual se constituyó el 31 de marzo. Los participantes en esa reunión resolvieron apoyar la marcha hacia la Casa de Gobierno convocada para el domingo 2 de abril y el posterior acto de destrucción de boletas, propuesto por vecinos de la Cuarta Sección. Cada integrante de la marcha debía llevar una vela para depositarla frente al edificio de Agua y Energía.

En la Coordinadora, principal impulsora de dicha movilización, participaban numerosas organizaciones, muchas de ellas vincula- das políticamente al Partido Comunista: Coordinadora de entidades de Godoy Cruz, Movimiento Intersindical Provincial, Coordinadora de la Cuarta Sección Capital, Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, Encuentro Nacional de los Argentinos, Unión Vecinal Pedro del Castillo de Guaymallén, Unión Vecinal Coronel Olascoaga de Las Heras, Unión de Mujeres de la Argentina, Sindicato de Obreros Mosaístas, Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas (SOEVa), Movimiento de Uniones Vecinales Pro Defensa del Contribuyente de Godoy Cruz, Federación de Estudiantes Secundarios, Movimiento de Orientación Reformista, Departamento Femenino del Movimiento Intersindical Provincial, entre otras.

Los sindicatos también realizaron declaraciones de repudio al gobierno. El plenario de secretarios generales y delegados de la cGT Regional había dispuesto un paro y concentración de dos horas a partir de las 10 del martes 4 de abril, al cual adhirieron numerosos gremios. En un comunicado, el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne se preguntaba: «¿Los sueldos aumentaron en la misma proporción que las tarifas eléctricas? ¿Ya no le basta al gobierno que se tengan privaciones alimentarias y de vestimenta?».

Llegó el domingo 2 de abril. La participación en la concentración y marcha fue masiva. Los periódicos de la época hablaban de 10.000 personas; los organizadores, de 20.000, tal como menciona Benito Marianetti en su documento. Se ocupó la explanada de la Casa de Gobierno, veredas adyacentes, estacionamientos y jardines del Barrio Cívico. Los manifestantes llegaban en camiones, ómnibus, vehículos particulares, motocicletas, bicicletas, y la gran mayoría a pie. Para un cronista del diario Los Andes, fue «una entusiasta e informal asamblea pública» en la que se expresaba una «explosiva disconformidad por las recientes medidas oficiales». Sus protagonistas eran hombres, mujeres, jóvenes y niños de distintos niveles sociales, portando leyen- das alusivas a los aumentos y críticas al gobierno. Podían identificarse pancartas con los nombres de más de cien uniones vecinales y de coordinadoras de Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras.

En el acto en Casa de Gobierno hablaron Carlos Fiorentini, secretario general de la CGT, y Roberto Vélez, presidente del Movimiento Intersindical Provincial y dirigente del Partido Comunista local.

Posteriormente, los manifestantes se dirigieron hacia la sede de Agua y Energía, donde colocaron numerosos carteles en las venta- nas cerradas del edificio, en los que podía leerse: «Si pagamos no comemos», «Vendo mi casa, para pagar este mes de luz», «Dejemos sin luz a Lanusse y a los gansos», «No somos vizcachas para estar en lo oscuro». Fueron encendidas decenas de velas sobre los bordes de las ventanas y retiradas dos banderas argentinas que colgaban de las paredes del local. De regreso por la avenida San Martín, al pasar frente al Casino de Oficiales de la Guarnición Mendoza del Ejército Argentino, los manifestantes lanzaron silbidos e insultos contra los militares que allí se encontraban. Hacia el mediodía, una gruesa columna de cuatro cuadras avanzaba por la avenida San Martín y obligó al tránsito a detenerse. La marcha finalizó con un acto en la Plaza Independencia.

Al día siguiente se realizó la Mesa Redonda en la sede de la central obrera. En la entrada, simbólicamente, un candelabro de grandes dimensiones recibía a los delegados de los distintos agrupamientos gremiales, vecinales, estudiantiles y políticos. En una reunión de casi tres horas, con numerosos oradores y oradoras, se resolvió exigir el retorno a las tarifas anteriores, no aceptar modificaciones parciales en ellas y emplazar al gobierno en 48 horas para que se expidiera al respecto. Estos reclamos quedaron plasmados en un petitorio que sería entregado al gobernador Gabrielli al día siguiente, cuando en el marco del paro la manifestación llegase a la Casa de Gobierno.

Por su parte, el gobierno provincial difundió un comunicado en el que expresaba estar realizando las gestiones correspondientes para revisar el aumento tarifario dispuesto por el ente nacional. Por ello, establecía que «no serán autorizadas las reuniones ni manifesta- ciones públicas proyectadas». Además, advertía a la población que la situación de descontento podía «ser aprovechada por elementos interesados en alterar el orden público y efectuar desmanes como es de conocimiento de este Gobierno».

Este primer momento del conflicto presenta como elemento carac- terístico la fuerte unidad que se logró en torno a un reclamo común.

Se extendió un clima deliberativo, donde cada sector se expresaba a través de sus organizaciones representativas (sindicatos, uniones vecinales o entidades empresarias) y se gestaban espacios de coordi- nación. Durante el desarrollo de la movilización, cánticos, insultos y carteles mostraban que lo que empezó como una protesta contra una política de gobierno (el aumento tarifario) se convirtió en un repudio al gobierno mismo. El Ejecutivo provincial se mantuvo alerta y recurrió a la amenaza para impedir que la sociedad volviera a movilizarse el día martes.

Se pierde el miedo, se gana la calle

Un segundo momento se inició a partir de la movilización de los sujetos, quienes con esa sola actitud ya estaban cuestionando a la autoridad gubernamental. No cabían dudas sobre la justicia del reclamo y sobre la necesidad de oponer una resistencia colectiva a la medida. Esta convicción provocó que la clase dominante se sintiese ame- nazada y convocara a su fuerza armada. Fue el momento del combate callejero el que abrió un espacio para que surgieran formas de lucha que no estaban pautadas ni eran aceptadas por el sistema. Quedaron rebasadas, de esta manera,
las organizaciones convocantes de la concentración. Los sujetos en movimiento perdían su carácter corporativo: dejaban de ser trabaja- dores, vecinos, estudiantes, individuos, para convertirse, unidos en la lucha, en masas, en un solo cuerpo, cuerpo rebelde.

Tal como estaba previsto, el martes 4 de abril, a las 10 de la mañana, comenzaron a hacer abandono de sus tareas enfermeros, mecánicos, choferes de ómnibus, metalúrgicos, obreros de la cons- trucción, entre otros. Cada gremio concentraría frente a su sede sindi- cal, para desde allí dirigirse hacia la cGT, ubicada en calle 25 de Mayo 1245, donde se realizaría un acto para luego marchar hacia la Casa de Gobierno. Por su parte, las organizaciones barriales se congregaron en las diversas plazas departamentales, desde donde iniciaron su camino hacia la sede gubernamental.

cánticos, insultos y carteles mostraban que lo que empezó como una protesta contra una política de gobierno (aumento tarifario) se convirtió en un repudio al gobierno mismo

Frente al hospital Emilio Civit se encontraban aproximadamente unas 500 personas, en su mayoría mujeres, rodeadas por una treintena de policías. Debieron avanzar a empujones y cartelazos contra el cordón de policías que pretendía impedir su movimiento. Durante su marcha hacia la sede de ATSA (en calle Mitre 573), los manifestantes invitaban a los vecinos a no pagar la luz, quienes recibían con agrado la propuesta. Frente al local sindical ya pasaban numerosas columnas: bancarios y obreros del vidrio, entre otros, a quienes se unieron para continuar su marcha hacia la Casa de Gobierno.

Por su parte, minutos antes de las 10 comenzaban a llegar las maestras a la sede del Magisterio (Montevideo 444). Eran alrededor de 2.000 y estaban acompañadas por 500 policías de Infantería a caballo y motorizados. A las 10.10, mientras las maestras escucha- ban la lectura de la resolución elaborada por la Mesa Directiva del Magisterio que sería presentada ante el gobierno provincial, el oficial Naman García les anunció que contaban con un minuto de tiempo para desconcentrarse. En ese mismo momento, el carro hidrante comenzó a arrojar chorros de agua contra algunos grupos de trabajadoras. Más tarde, el Neptuno cambiaría la coloración de su chorro a azul, dejando su impronta no solo sobre los guardapolvos blancos de las maestras sino en la memoria colectiva, con lo que se convirtió en símbolo de la combatividad de los docentes.

Naman García les anunció que contaban con un minuto de tiempo para desconcentrarse. En ese mismo momento, el carro hidrante comenzó a arrojar chorros de agua contra algunos grupos de trabaja- doras. Más tarde, el Neptuno cambiaría la coloración de su chorro a azul, dejando su impronta no solo sobre los guardapolvos blancos de las maestras sino en la memoria colectiva, con lo que se convirtió en símbolo de la combatividad de los docentes.

Ante el accionar de las fuerzas de seguridad, la reacción de las maestras fue aplaudir mientras esquivaban los chorros. Otras, en actitud desafiante, lo esperaban con los brazos abiertos. Algunas entonaban el Himno Nacional y otras gritaban «¡Pueblo, pueblo!». La ineficacia para intimidar a las docentes hizo que entraran en acción la Caballería y el equipo lanzagases. Mientras tanto, los grupos de per- sonas que observaban desde las esquinas se incorporaron a la escena y atacaron a los uniformados. También se involucraron los vecinos, quienes brindaron ayuda a las maestras que caían por los golpes y los gases. Uno de esos guardapolvos manchados de azul, atado a dos palos recogidos de la calle, se convirtió en la bandera tras la cual un grupo de maestras emprendió su camino hacia la Casa de Gobierno. Mientras, los enfrentamientos ya se habían trasladado de escenario.

A la sede de la cGT Regional comenzaban a llegar numerosos grupos de manifestantes, integrados en gran medida por trabajado- res jóvenes, muchos de ellos ferroviarios. Hacia las 10.30 se concen- traban alrededor de 1.000 personas, quienes portaban numerosos carteles y entonaban estribillos contra el alza de la tarifa eléctrica. En ese momento, la Infantería comenzó a disparar gases lacrimógenos contra los obreros, quienes corrieron hacia calle Espejo, salvo un pequeño grupo, que permaneció en el lugar desafiando la acción policial. Los trabajadores se reagrupaban y sacaban piedras de las acequias, mientras encendían fogatas para defenderse del ataque.

Minutos después las tropas se retiraron.

Alrededor de las 11 de la mañana, una columna de 3.000 trabajadores se dirigía hacia la Casa de Gobierno, a la que se sumaron gran número de maestras que venían de su sede sindical. Los cánticos entonados condenaban el alza en la tarifa eléctrica pero atacaban también al gobierno, personificado en la figura del gobernador Gabrielli. Veinte minutos después llegaron al local de la cGT una columna de metalúrgicos y otra de varias uniones vecinales, entre ellas la del Barrio San Martín, encabezada por el cura tercermundista José María Macuca Llorens, y continuaron su recorrido hacia la Casa de Gobierno.

Al mismo tiempo, en calles Chile y Espejo se reagrupaban quie- nes minutos antes habían recibido el ataque de la policía frente a la central obrera. Estos trabajadores tomaban piedras y palos del Teatro Independencia (que estaba en reparación) y levantaron una barricada con el cartel gubernamental que anunciaba la obra. En ese momento, llegó al lugar el secretario general de la cGT e instó a los obreros a regresar a la central. El grupo le respondió gritando «Lucha, lucha», mientras avanzaban con carteles del smaTA y de la Asociación Bancaria al frente.

Durante el recorrido hacia la sede gubernamental, diversas entidades fueron atacadas intensamente al grito de «Patria sí, colonia no», entre ellas el Banco de la Unión Comercial e Industrial, la compañía aseguradora Leng Robert y el Citibank. Asimismo, la sede del diario Los Andes, del Correo y un camión del Ejército fueron agredidos. A su paso, la columna siguió levantando barricadas en numerosas inter- secciones: micros, taxis y automóviles particulares fueron utilizados para tal fin.
Paralelamente, hacia las 11 de la mañana comenzaron a hacerse presentes en la Casa de Gobierno grupos de vecinos provenientes de distintos departamentos. Miles de hombres, mujeres y niños desembocaban por distintas calles en la explanada y ocupaban todos los espacios disponibles. Policías a caballo intentaron despejar la zona y fueron apedreados mientras recibían abucheos y cánticos por parte de los presentes: «Al policía le quedan dos caminos: unirse al pueblo o ser un asesino», «Ustedes ganan poco, no paguen la luz tampoco». Los escasos efectivos policiales en el lugar se vieron obligados a replegarse hacia el palacio de Tribunales.

La llegada de la columna proveniente de la cGT fue recibida con gran entusiasmo. El dirigente de la central obrera, Fiorentini, habló a los presentes desde la puerta central del edificio gubernamental. Los manifestantes constantemente rectificaban su discurso:

El pueblo de Mendoza viene a pedir (silbidos) viene a exigir del gobernador que renuncie (aclamación). Mendoza la histórica, está dispuesta a vivir una jornada histórica, y exige al gobernador que se bajen los precios de la luz, que escuche todo esto (nuevas aclamaciones). Nosotros, la cGT, orgánicamente, venimos a decirle
al señor gobernador (silbidos): si el gobierno no consigue que se baje el precio de la luz, Mendoza escribirá su página dentro del sindicalismo argentino (ovación). Hoy hemos dicho al país que el frío de Mendoza no existe. Dentro de 48 horas el gobierno nacional tendrá que rebajar los precios de la luz, si no decretaremos un paro general de actividades («activo, activo»). Mientras, nosotros decimos que con esta actitud maravillosa de hoy, podemos hacer mucho en Mendoza («¡el pueblo al poder!»). Todos los argentinos queremos la salida institucional («¡mendocinazo, mendocinazo!»). (Diario Los Andes, 05.04.72, p.8)

Carlos Fiorentini no pudo concluir su discurso. Se escuchaban gritos:
«Gabrielli que se vaya», «La luz no la pagaremos», «El pueblo unido jamás será vencido», «Mendoza despertó». Cronistas del diario Mendoza estimaron que fueron entre 10.000 y 12.000 los manifestan- tes reunidos en la Casa de Gobierno. Según los documentos de algu- nas de las organizaciones participantes, como el Partido Comunista (PC) o el Centro de Estudios y Difusión Peronista (CEDIP), la cifra se elevaba a 20.000 y 30.000.

Para ese momento no se observaba presencia policial, puesto que la guardia de la Casa de Gobierno había entrado al edificio y cerrado sus puertas, y los efectivos de la Policía Montada se habían retirado.

Sin embargo, alrededor de las 11.45, momento en que ingresó la columna de la Unión Obrera Metalúrgica (uom), se dio la orden de reprimir. Al observar el avance de Infantería, un grupo de manifestantes intentó entrar a la Casa de Gobierno golpeando con puños, palos y piedras la puerta lateral oeste. La policía, subordinada al Comando de la viii Brigada de Infantería de Montaña, comenzaba a actuar fuertemente armada y lograba dispersar a las masas con el carro hidrante y los gases lacrimógenos. No obstante, estas se reorganizaban y atacaban a la policía con piedras, trozos de cemento y baldosas. Los proyectiles eran dirigidos también hacia los ventanales de la Casa de Gobierno.

llegó al lugar el secretario general del smata y de la asociación bancaria al frente. durante el recorrido diversas entidades fueron atacadas intensamente al grito de “patria si‘, colonia no”.

A estas acciones se sumaba el incendio de automóviles ubicados en las playas de estacionamiento. Las fuerzas policiales, incapaces de contener las acciones de las masas y agotadas sus provisiones de gases, debían recurrir para defenderse a las mismas piedras con las cuales eran atacadas. Cuando comenzaron a utilizar sus armas de fuego, se produjeron dos heridos de bala lo que, en lugar de mermar las acciones de los manifestantes, las recrudecieron.

Ante la falta de servicio telefónico, la policía solicitó la cooperación de los radioaficionados para poder comunicarse con las autorida- des, quienes se negaron a prestar su ayuda. Hacia el mediodía, al verse desbordada por la situación, la policía recurrió a Gendarmería Nacional primero y al Ejército después. Estas fuerzas avanzaban con disparos de armas cortas, largas y de repetición, lo que produjo numerosos heridos, retirados del lugar por sus compañeros. Hacia las 12.30, gendarmería despejó los últimos sectores ocupados. Pero si bien había vuelto la calma en el Centro Cívico, continuaban los hechos de violencia callejera en otras zonas de la ciudad.

Los manifestantes se dirigían, por avenida San Martín y arterias adyacentes, en dirección al centro de la ciudad. En su camino apedrearon la estación distribuidora de Agua y Energía y el departamento comercial de la misma empresa, así como también vidrieras de comercios y edificios públicos como el del Correo, YPF y el Instituto Nacional de Vitivinicultura, entre otros. A su vez, incendiaban los trolebuses que realizaban su recorrido normalmente a pesar del paro.

Una columna se desvió por calle Garibaldi y se dirigió hacia la residencia del gobernador Gabrielli para atacarla. Llegados a la calle Amigorena, comenzaron las agresiones a locales comerciales y algunos saqueos por parte de un grupo de aproximadamente unos ochenta jóvenes, a quienes se les fueron sumando participantes. La ausencia de efectivos policiales o del Ejército era total en la zona
céntrica. También fueron atacadas enérgicamente la sede del Citibank y las oficinas de Corcemar, así como la Bolsa de Comercio, el Club Unión y la sucursal de la Fábrica Argentina de Alpargatas.

el mendozazo fue el momento de visibilización de dicha fuerza social contestataria, así como la represión fue el intento por parte del régimen de frenar su constitución.

Comenzaba a definirse una zona de enfrentamientos en la ciudad, delimitada por el zanjón Frías al sur y las calles Belgrano al oeste, San Juan al este y Las Heras al norte, donde se levantaron barricadas (quemando sillas y parasoles de las confiterías) con el fin de frenar el paso a las fuerzas represivas. La ocupación de un territorio que con- centraba las instituciones del poder material del Estado (bancos, aparato administrativo, prensa, etc.) significaba para el régimen la apropiación por parte de las masas en lucha de un espacio que le pertenecía. Estas hogueras y barricadas servían como elemento de defensa de la zona conquistada pero, fundamentalmente, de cohesión al demarcar claramente en el espacio un «ellos» y un «nosotros».

Las fuerzas del Ejército realizaron patrullajes por las principales calles céntricas hasta despejar la zona. Las tres horas de enfrentamientos callejeros arrojaron un saldo de decenas de heridos y un muerto: el canillita de 39 años Ramón Quiroga, quien recibió un balazo mortal en la cara durante los enfrentamientos en la Casa de Gobierno.

Finalizado el combate, comenzaron las detenciones. Hacia las 13.30 se informó desde Buenos Aires que la provincia había sido declarada zona de emergencia por el Poder Ejecutivo Nacional, subordinándose todas las Fuerzas Armadas al control del Comandante de la viii Brigada de Infantería de Montaña, General Luis Gómez Centurión.

Las emisoras locales comenzaron a transmitir en cadena con LRA Radio Nacional, frente a lo cual la población apagó las radios en forma de protesta. Sumado a esto, la falta de servicio telefónico hasta aproximadamente las 15 profundizaba el desconcierto acerca de lo que sucedía. Se decretó asueto para la tarde del martes y a partir de las 20 regiría el toque de queda.

En síntesis, en este segundo momento que hemos representado, la calle fue el escenario social de disputa, espacio en que se hacía presente la violencia de las masas, cuyas armas no eran otras que los cuerpos de los sujetos y el convencimiento de que luchar por deter- minado reclamo era legítimo. Esta acción, en la que se involucraba al propio cuerpo, contenía una predisposición a desobedecer a la autoridad y las reglas establecidas.

Dicho estado de ánimo contestatario daba cuenta de una subjeti- vidad difusa, ya que no se correspondía con una identidad político- ideológica definida. Sin embargo, mostraba un momento de crisis, en el que se encontraba en germen un cuestionamiento a las relaciones sociales vigentes. Este plus, ese algo nuevo conformado por la poten- cialidad desafiante de miles de sujetos actuando conjuntamente en las calles era, ahora en acto, una fuerza social. El Mendozazo fue el momento de visibilización de dicha fuerza social contestataria, así como la represión fue el intento por parte del régimen de frenar su constitución.

La lucha no era una sola

En el Mendozazo, como en otros «azos» de la época, se superaron los reclamos económicos iniciales y se estableció una lucha política contra el Estado en su conjunto. Sin embargo, ello no transformaba a la fuerza social contestataria en un bloque homogéneo, la que, por el contrario, poseía grandes ambigüedades y contradicciones. A estas apuntó la fuerza social del régimen para intentar quebrarla. El martes 4 de abril había comprobado que las intimidaciones o la represión misma no eran medios eficientes para lograr su objetivo. Por ello, puso en práctica herramientas más sofisticadas para sumar aliados y restárselos al bando contrario. De esta manera, buscaban evitar la apropiación del hecho ya denominado «Mendocinazo» por parte de las masas.

El día martes, con posterioridad a los enfrentamientos callejeros, circulaba la noticia de la renuncia del gobernador Gabrielli y se daba a conocer el anuncio del presidente Lanusse de que no se daría marcha atrás en el aumento tarifario. El ministro de Obras y Servicios Públicos, Pedro Gordillo, manifestó que el régimen tarifario había sido elaborado con un «sentido social», el cual preveía que los sectores sociales con bajo consumo eléctrico pagaran menos que aquellos con un nivel de vida más elevado. Así, el gobierno nacional hacía oídos sordos al reclamo popular que había desencadenado las protestas en Mendoza. En remplazo de Gabrielli fue designado como interventor de la provincia un militar, Luis Carlos Gómez Centurión. No obstante, casi todo el gabinete de ministros continuó en sus cargos, lo que representaba una derrota, aunque relativa, para este bando.

Todos, funcionarios entrantes y salientes, explicaron los hechos adjudicándoselos a «activistas», «gente extraña», «perturbadores» que buscaban impedir la «salida electoral». Esta sería, a partir de ese momento, la nueva estrategia para desactivar y fragmentar a la fuerza social contestataria. Se centraba en aquella masa crítica que, justa- mente por haberse movilizado poniendo en juego su cuerpo, consituía un sector de la sociedad que debía ser rápidamente ganado para el propio bando, restándoselo a aquel que cuestionaba el orden social establecido. Para ello articularon un discurso cuyo principal argumento fue que los manifestantes no actuaron por propia voluntad sino que fueron utilizados por «elementos subversivos extraños a la provincia», «a sueldo y sin patria», que pretendían alterar la «tradicional forma de vida mendocina». Esta estrategia tuvo un éxito parcial: logró que muchos sectores abandonaran la lucha. Sin embargo, otros no solo la continuaron sino que además la radicalizaron.

El miércoles se inició con un paro de actividades que había sido convocado por la cGT el día anterior, en repudio a la represión y la muerte del canillita. El acatamiento a la medida de fuerza fue total, a pesar de no haber tenido difusión debido a la censura radial y pese al mensaje emitido por el comandante de la zona de emergencia asegurando la libertad de trabajo. La alta convocatoria demostraba
el profundo repudio de la sociedad a la solución represiva del Estado. La ciudad seguía siendo patrullada por efectivos del Ejército y de Gendarmería fuertemente armados. Fueron numerosos los allana- mientos y las detenciones: llegaron a 400 hacia el final de la jornada.

Con motivo del entierro de Ramón Quiroga, a primeras horas de la mañana comenzaron a concentrarse un gran número de personas frente a su domicilio, donde se realizaba el velatorio. Concurrieron dirigentes políticos y gremiales (canillitas, metalúrgicos, cementeros, bancarios, 62 Organizaciones y cGT, entre otros). Durante la marcha hacia el cementerio, unas 2.000 personas acompañaban el féretro y en su trayecto se fueron sumando vecinos.

todos, funcionarios entrantes y salientes, explicaron los hechos adjudicándoselos a “activistas”, “gente extraña”, “perturbadores”

Según el periódico Los Andes, aproximadamente 7.000 personas llegaron hasta el cementerio de la Capital (ubicado en el departamento de Las Heras), cifra que para el diario Mendoza desciende a la mitad.

Los únicos oradores fueron el secretario general de la cGT, Fiorentini, y el del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas, Gervasio Lépez, gremio al que Ramón Quiroga estaba afiliado.

Finalizado el acto, un grupo compuesto por hombres y mujeres de distinta extracción social, en su mayoría jóvenes, se encaminó hacia el centro de la ciudad cortando la calle y cantando la marcha pero- nista. Su número ya había descendido a 1.500 (según el diario Los Andes). Pretendían realizar un homenaje a Quiroga en el Monumento a la Madre (en San Martín y Ayacucho), pero ante la aparición de
un carro blindado de la policía, se produjeron el desbande de los manifestantes y varias detenciones. A partir de allí hubo una serie de enfrentamientos y la movilización se replegó por la avenida San Martín hacia el norte, levantando a su paso nuevas barricadas. A medida que anochecía, fue adentrándose en el departamento de Las Heras en busca de resguardo.

Hacia las 20.30, unos 200 manifestantes se encontraban en pleno centro de Las Heras, en calles San Martín e Independencia. En esa zona, además de gases lacrimógenos, se escuchaban disparos de ambos bandos. Según la versión de la fuerza policial, existían francotiradores. Las tropas encontraron resistencia por parte de los vecinos al pretender allanar los domicilios en busca de manifestantes escondidos. Fueron rechazados con proyectiles de todo tipo. También allí se produjeron numerosas detenciones. El continuo encendido de fogatas obligó a Gendarmería y al Ejército a constantes marchas y contramarchas. Las hogueras que eran apagadas volvían a arder a los pocos minutos. Hacia la medianoche se cortó la luz por roturas de las lámparas del alumbrado público, con lo cual la única iluminación en la zona pasó a ser el resplandor del fuego. Gendarmería se vio obligada a replegarse lentamente.

Un oficial del Ejército expresaba al diario Los Andes:

Estamos en presencia de actos de guerrilla organizados y nosotros vamos a actuar de acuerdo a las circunstancias. Yo no puedo arriesgar a mis hombres haciéndolos bajar de los vehículos y dispersándolos para hacerles el juego a los provocadores. Por eso nos limitamos a patrullar en los vehículos en busca de algún foco importante. Aquí estamos luchando contra un enemigo invisible que previamente se preocupó por oscurecer totalmente la zona. Por eso apedrean, rompen o incendian y después se zambullen en las sombras. (Diario Los Andes, 06.04.72, p.6)

Por su parte, un grupo se acercó a un vehículo del diario Mendoza para expresar: «No somos extremistas ni agitadores, somos gente de pueblo que lucha por sus derechos».

El jueves 6 de abril, la conflictividad continuaba. A partir de las 9, se produjo una paralización espontánea de las actividades en los departamentos de Capital, Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Circulaba el rumor de que grupos armados con palos y cadenas, provenientes de barrios de composición obrera, se movilizaban con intenciones de llegar hasta la Casa de Gobierno. Los automóviles estacionados en las playas adyacentes fueron rápidamente retirados por temor a que se repitieran los acontecimientos del martes. En el centro, comercios, cafés y bancos comenzaron a cerrar sus puertas y se retiraron los ómnibus de circulación.

Los comercios de venta de alimentos y estaciones de servicio comenzaban a reflejar la incertidumbre de la población. Esta se había volcado al acopio de comida y combustibles, lo que casi generó un estado de desabastecimiento. La situación se iba modificando, el ánimo combativo y contestatario que había caracterizado a los días precedentes comenzaba a decaer. Sin embargo, un sector de la incipiente fuerza social avanzaba con su práctica, y los rumores pasaron a ser hechos en Capital, Guaymallén y Las Heras.

la situación se iba modificando, el ánimo combativo y contestatario que había caracterizado a los días precedentes comenzaba a decaer.

En la avenida San Martín confluyeron quienes por las sospechas habían sido liberados de sus tareas: trabajadores estatales, empleados de comercio, estudiantes y docentes, entre otros. Se hicieron presentes también numerosos grupos de jóvenes al grito de «Luchar, vencer, el pueblo al poder», «Argentina, Argentina», «Obreros, estudiantes, unidos adelante», «Viva Perón», «Viva la revolución». Como era de prever, las fuerzas del orden rodearon la zona. Hacia las 11.30 comenzó una manifestación que recorrió la principal arteria desde calle Gutiérrez hasta Godoy Cruz. Eran aproximadamente 4.000, entre estudiantes y trabajadores.

Cuando efectivos de Infantería pretendieron realizar un operativo rastrillo para despejar el radio céntrico, comenzó la represión. Los manifestantes se dispersaban y reagrupaban. Levantaban barricadas y atacaban comercios y automóviles, por lo que se hicieron presentes más efectivos del Ejército. Hacia las 13 ya había sido «limpiada» la zona con un saldo de más de 300 detenidos. Patrullas armadas vigila- ban las calles y aviones caza recorrían la ciudad en vuelo rasante. Sin embargo, los conflictos se habían trasladado a otras zonas.

En Guaymallén, antes del mediodía se habían iniciado los enfrentamientos, que se prolongaron hasta la caída del sol. San José, Pedro Molina y El Bermejo fueron los distritos más afectados. Sobre la avenida Costanera ardieron numerosas barricadas que no podían ser sofoca- das, puesto que en el tiempo que las fuerzas del
orden demoraban en apagar una, nuevas eran encendidas. En la zona denominada la Media Luna se levantaron numerosas hogueras, para las cuales los vecinos sacaron de sus casas todo tipo de elementos y arrojaron piedras a los bomberos que pretendían apagar las llamas. En tanto, el carril Godoy Cruz y las calles aledañas estaban cubiertos con adoquines, piedras y carteles de publicidad, lo que hacía casi imposible el desplazamiento de las fuerzas represivas. La calle Santa María de Oro de San José había sido oscurecida por los vecinos, quienes colocaban en los frentes de sus casas velas encendidas como forma de repudio al aumento en las tarifas eléctricas. Aquí los gases lacrimógenos no resultaron efectivos, por lo que comenzaron a utilizarse armas de fuego.

Durante los enfrentamientos que se produjeron en la plaza departamental de Las Heras murió Susana Gil de Aragón, de 42 años, tras recibir un balazo en la cara mientras atendía el bar de su propiedad allí ubicado. El departamento permaneció totalmente aislado durante la noche del jueves, ocupado por la fuerza social contestataria.

Desobedeciendo el toque de queda iniciado a las 20, numerosos manifestantes se encontraban en las calles levantando barricadas. La avenida San Martín también permanecía a oscuras, puesto que se habían roto las lámparas del alumbrado público. Se levantaron barricadas en un radio de 50 manzanas, abarcando desde calle Perú al oeste hasta las cercanías de la iv Brigada Aérea hacia el este. Apedreaban a los vehículos que intentaban pasar. Todas las fuerzas armadas debieron replegarse y dejar el territorio en manos de los manifestantes.
Previamente, durante la tarde de aquel día, efectivos del Ejército habían allanado la sede del periódico vespertino El Andino.

Rompieron y secuestraron los ejemplares que allí se encontraban, al igual que los que ya estaban en manos de los vendedores. El motivo, según las autoridades policiales, fue la publicación de una noticia«inexacta»: la convocatoria a un nuevo paro por parte de la cgt para el viernes 7, por lo que además varios gremialistas habían sido detenidos. El periódico El Regional, bajo el título «Mendoza a sangre y fuego», logró editar en la mañana del viernes unos 3.000 ejemplares explicando lo sucedido. Según esta fuente, la causa del allanamiento del día anterior fue, efectivamente, impedir la difusión de la medida de fuerza decretada por la cGT. Esta publicación trajo aparejada la clausura inmediata del diario y la detención de uno de sus redactores.

El viernes la inactividad fue total: hubo asueto judicial; negocios y bancos no abrieron sus puertas; tampoco trabajaron las ferias de frutas y verduras; no circulaba el transporte público, se suspendieron las clases, así como las funciones de cine o espectáculos. La falta de diarios (por el paro) favorecía la circulación de rumores y la llegada de un matutino porteño produjo amontonamientos de personas que pretendían adquirirlo en muchas esquinas céntricas.

Durante la tarde hubo nuevos operativos en distintas zonas, a cargo de fuerzas combinadas del Ejército y la Policía Federal, esta última ahora compuesta por un contingente de motociclistas llegados de Buenos Aires, adiestrados en la lucha antiguerrilla. Continuaron los allanamientos y detenciones y en la noche se escucharon disparos y tiroteos aislados en varios barrios de Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras. En este último departamento continuaron los enfrentamien- tos, que produjeron no solo numerosos heridos sino también otro muerto: Luis Mallea, estudiante de 18 años, quien recibió un balazo en el estómago como respuesta a uno de los continuos ataquesque recibían las fuerzas militares apostadas sobre el Zanjón de los Ciruelos.

Paralelamente, esa noche Lanusse emitió un mensaje por radio y televisión en el cual anunciaba la suspensión, en todo el país, del cobro por servicio de energía eléctrica correspondiente a las dos primeras facturas del año. Según el mandatario, la actitud tomada por el Poder Ejecutivo respondía a la necesidad de realizar estudios a fin de establecer si el sistema implementado se adecuaba a la situación económico-social por la que atravesaba el país. Ambas estrategias, reprimir y mostrarse ahora sensible al reclamo, se complementaban en la búsqueda de un mismo objetivo: canalizar el conflicto por vías institucionales.

El operativo de las fuerzas armadas en los días anteriores había tenido por objeto aislar el casco céntrico de la ciudad para garantizar que las actividades económicas se reanudasen normalmente. Ya el sábado 8 el transporte y el comercio volvieron a su ritmo habitual, aunque los patrullajes del Ejército y la Policía Federal continuaban, y en la noche fue eliminado el toque de queda.

Al día siguiente, el Sindicato del Magisterio anunció la suspensión del paro por tiempo indeterminado, medida que había sido acordada por el plenario de delegados escolares en los días previos a los hechos relatados. La Mesa Directiva explicó que la suspensión había sido decidida «con el propósito de contribuir a la pacificación provincial». Esta resolución no tuvo, en un primer momento, buena recepción entre las bases docentes, que comenzaron a llegar a la sede del sindicato en busca de explicaciones. Meses después, cuando se produjo la ruptura entre el Magisterio y los docentes de San Rafael, estos acusaron a parte de la dirigencia de haberse escondido en el sindicato la mañana del 4 de abril, motivo por el cual «no pueden exhibir sus sacos manchados de azul».

A través de un comunicado, el gremio de los trabajadores de la sanidad, aTsa, también manifestó que sin abandonar sus reclamos económicos y laborales, los cuales serían presentados a las nuevas autoridades, posponía las medidas dispuestas por la asamblea del 28 de marzo. Estos eran, recordemos, gremios con muchos afiliados y muy combativos de la época, que antes del Mendozazo mantuvieron prolongados conflictos y medidas de fuerza. Por otra parte, Fiorentini resumió para la prensa el análisis de la situación provincial realizado por el plenario de la central obrera: «Todo se ha de normalizar gremialmente, al haberse satisfecho las inquietudes obreras en torno a la suspensión de la aplicación de las tarifas eléctricas y al disponerse la liberación de los detenidos». También el secretariado ejecutivo de la Coordinadora Provincial en Defensa de Mendoza resolvió suspender el acto público en contra del aumento del costo de vida, programado para el 14 de abril.

los enfrentamientos callejeros continuaron aunque su intensidad fue variando, la resistencia fue aislada y finalmente decayó... pero el combate se trasladó a algunos barrios obreros, que fueron ocupados y sitiados.

El miércoles 12, el interventor federal promulgó el decreto Nº1.936, que establecía el cese de la condición de zona de emergencia para la provincia. Faltaba, para concluir con la institucionalización del conflicto, designar a las nuevas autoridades del Ejecutivo provincial. Al día siguiente asumió el nuevo gobernador: nuevamente un civil, miembro del Partido Demócrata, Félix Gibbs, ministro de Bienestar Social durante las gobernaciones de Blanco y Gabrielli. El recambio de autoridades demostraba un triunfo relativo de la fuerza contestataria, ya que si bien se había logrado la suspensión del aumento de tarifas eléctricas, continuaba el modelo económico y social vigente.

A lo largo de este tercer momento que podemos delinear en el extenso conflicto, vemos cómo los enfrentamientos callejeros continuaron aunque su intensidad fue variando, la resistencia fue aislada y finalmente decayó. Los manifestantes en la ciudad habían sido rápida- mente dispersados, puesto que la fuerza armada estatal se había mostrado eficiente para defender su territorio. Sin embargo, el combate se trasladó a algunos barrios obreros, que fueron ocupados y sitiados.

Paulatinamente se produjo una fragmentación en la fuerza social contestataria que, unificada en torno al reclamo por la luz, el martes se había levantado contra el Estado. Mientras para la gran mayoría el objetivo se había ganado y por lo tanto era momento de retornar al curso cotidiano (incluyéndose aquí a muchas de las organizaciones que habían impulsado las acciones), una minoría, que permaneció activa, radicalizó el contenido y la forma de su protesta: no era solo una medida injusta sino el sistema entero lo que había que modificar. Acompañando este proceso, se organizaron para la lucha: rumores que se tornaban hechos, manifestaciones, ocupaciones de territorios enteros y asambleas en los barrios disputaban un poder social. Estas formas de deliberación, organización y lucha, no subordinadas a ninguna autoridad externa, fueron espacios en los que regía la propia ley, acordada colectivamente. Si bien estos procesos que mostraban una creciente autonomía venían gestándose desde tiempo atrás, el Mendozazo los potenciaría.

En los barrios populares se ponía en acto la solidaridad de la familia obrera y los vecinos. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y niños se activaron ante una situación que involucraba al conjunto de su clase. A diferencia del trabajador sindicalizado, que tiene incorpora- das formas más institucionalizadas de lucha, estos asumieron formas e instrumentos originales de acción, que excedían los márgenes lega- les y reformistas del sistema. Habían incorporado en menor medida
las reglas externas y convencionales, por lo que no temían a la autoridad ni al rompimiento de su ley, una ley impuesta desde afuera.

A lo largo de todo el proceso que hemos relatado, mientras la fuerza social contestataria atacaba y destruía distintos objetos materiales (edificios, postes de luz, autos, negocios), la fuerza social del régimen atacaba directamente al cuerpo de los manifestantes que desafiaban su poder y producía, de esta manera, heridos, muertos, detenidos y desaparecidos. El número oficial de muertos ascendía a tres, aunque distintas versiones indicaban que superaba los 30. Asimismo, en relación con el número de heridos, la cifra oficial era 190, de los cuales más del 90% se habían producido durante la lucha de masas callejera el día martes. Este dato es apenas ilustrativo, ya que el mismo periodismo, el diario Mendoza por ejemplo, advirtió que estimaban que el número de heridos era tres veces mayor.

Las detenciones, que ocurrieron principalmente pasado el martes, cuando había disminuido la intensidad de los enfrentamientos en el casco céntrico, ascendieron a 480, según datos oficiales. En el documento escrito por Benito Marianetti, los detenidos superaban los 1.000. Muchos de ellos fueron torturados con picana eléctrica y falsos fusilamientos a fin de obtener algún tipo de información, hechos a los que la prensa, a excepción de la revista Claves, no hizo referencia alguna. Esta fuente también denunció la desaparición de un trabajador de la sanidad y de dos metalúrgicos.

Recorridos intermitentes

El Mendozazo condensó distintas búsquedas: la de una sociedad más democrática para algunos; la superación del orden existente, para otros. En ambos contenidos, este hecho entronca con las luchas del período. Lo que sucedió después del Mendozazo, la manera en que fue procesado, interpretado, resignificado por los actores de la época, tanto por quienes participaron como por quienes no lo hicieron, también es parte de esta historia.

Como en todo proceso social, solo un sector de esa incipiente fuerza social contestataria continuaría y profundizaría su lucha en la búsqueda por superar el sistema capitalista. Sin embargo, el pro- ceso de politización que produjo el Mendozazo en el conjunto de la sociedad mendocina no puede negarse. Cada vez en mayor medida, comenzaba a tomarse partido por alguno de los proyectos de sociedad que se disputaban en la Argentina y en Mendoza, fueran estos revolucionarios, reformistas o reaccionarios. Así como muchos opta- ron por una transformación radical de la sociedad y otros querían mayor participación política, también hubo quienes deseaban que el orden de cosas establecido no se modificara y actuaron también ellos en consecuencia con sus ideales. De este modo se fue polarizando y politizando cada espacio social.

Contribuyó a esta situación el contexto nacional abierto por el GAN. El nuevo escenario de disputa electoral-institucional y luego el triunfo del peronismo mostraron la existencia de profundas heterogeneidades dentro de la fuerza social que en los hechos tendía a caminar en un mismo rumbo, el de la transformación social, pero que, ya sin dictadura, no tenía un enemigo común al que enfrentarse.

Las repercusiones del Mendozazo en el plano político-institucional fueron contundentes. El desprestigio del Partido Demócrata y la amplia victoria del peronismo en la provincia en las elecciones de marzo de 1973 (que en el ballottage superó el 70%) fueron consecuencia, en parte, de las movilizaciones y enfrentamientos operados a partir del 4 de abril. Pero de ninguna manera los cambios –y continuidades– quedaron reducidos a este ámbito. La dinámica sería más cualitativa que cuantitativa, es decir que no solo se dio un proceso de aumento de los conflictos y protestas sino que muchos de los sectores que venían luchando ahondaron en un proceso de reflexión, a la par que se generaron mayores niveles de organización y de coordinación, aunque también de fractura por diferencias políticas.

En el caso de los docentes, por ejemplo, se profundizó el debate hacia la unificación de los distintos gremios que los nucleaban.

Comenzarían a referenciarse como SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) y a pensarse como parte de un colectivo más amplio: la clase trabajadora. También para el movimiento estudiantil fueron días en que, más que continuar con la lucha calle- jera que los había caracterizado en los años anteriores, profundizaron sus debates sobre el contenido de la educación que recibían y sobre sus formas de organización, buscando aquellas que generaran mejores condiciones para la movilización y politización del estudiantado. Las distintas tendencias políticas planteaban la vigencia de los centros de estudiantes y las federaciones, en confrontación con quienes postulaban los cuerpos de delegados por curso, unidades de trabajo o mesas de trabajo. Esta polémica estuvo fuerte- mente articulada con la necesidad de construir una universidad a la altura del proceso revolucionario en curso: futuros médicos, economistas, técnicos, y cientistas sociales debían estar al «servicio de los problemas del pueblo».

La movilización de los principales sectores que hemos mencionado hasta aquí fue acompañada por nuevos agrupamientos gremiales.

Surgió el Sindicato de Obreros y Empleados Públicos (SOEP), el que reconocía en el Mendozazo una «fecha determinante en un cambio de mentalidad» para el sector. Estos trabajadores, la mayoría de ellos jóvenes, pasaron de estar ausentes en la escena de protesta para convertirse en el principal referente del gremialismo combativo en la provincia. A su alrededor, surgió en octubre de 1972 la Intersindical de Gremios Estatales. Algunos de los que la integraron reivindicaban la importancia de lograr la «unidad de la clase obrera estatal», inclusive a nivel nacional, conformando una federación. Otros sostenían que esta unidad solo debía servir para lograr reclamos económicos inmediatos. Aunque compartían la forma de organizar estas luchas, basada en la participación y movilización de las bases, las diferencias políticas pronto saltarían a la vista.

Procesos interesantes también ocurrían en el interior de otros sin- dicatos con conducciones combativas, como bancarios y telefónicos. Estos últimos trabajaban para una empresa que brindaba el servicio de manera privada, la Compañía Argentina de Teléfonos (caT). Ante la negativa a realizar tareas que no les correspondían, la empresa aplicó sanciones y despidos que los trabajadores repudiaron con paros y ocupaciones de los lugares de trabajo. Además, de la mano de su sindicato (SOETEM), estaban embarcados en una lucha más amplia por «lograr la nacionalización de esta compañía».

Así, ya sea a partir de las luchas iniciadas por coordinadoras de varios gremios como de acciones que emprendieron los trabajadores junto a otros sectores sociales, fueron gestándose mayores niveles de coordinación. Por otro lado, al observar qué estaba sucediendo en el interior de los sindicatos y de los lugares de trabajo (fábricas, escuelas, reparticiones públicas, etc.), encontramos que continuaba el proceso de incipiente indisciplinamiento que había creado el ambiente para un hecho como el Mendozazo. Importantes sectores del activismo seguían rechazando a sus dirigencias sindicales cuando éstas no favorecían sus intereses.

continuaba el proceso de incipiente indisciplinamiento que había creado el ambiente para un echo como el mendozazo. No obstante, no todo era disconformismo y deseo de cambio.

No obstante, no todo era disconformismo y deseo de cambio. Dentro del movimiento obrero local, la cGT continuaba nucleando a la mayoría de los sindicatos provinciales, e inclusive encontraba aliados en quienes antes habían sido referentes en la provincia de la cGTA, como los dirigentes de la sanidad. Por ello, en esta época no hay que confundir combatividad (en la acción) con radicalidad (en el pensamiento). Sin embargo, la búsqueda de formas de organiza- ción sin jerarquías, que promoviesen el involucramiento del cuerpo cotidianamente en la lucha y basadas en una participación entre iguales, no estuvo escindida del enfrentamiento entre aquellos proyectos políticos más amplios en que esa posibilidad de autonomía se inscribía.

También durante el gobierno de Gibbs, en julio de 1972, había tenido lugar el Malargüinazo, en el departamento del sur provincial. Esta región basaba su organización económica en torno al desarro- llo minero y la producción agroganadera. Atravesaba una profunda parálisis económica, por la cual se estaba produciendo un éxodo poblacional, sobre todo de jóvenes; en 1972, un 30% de los pobladores estaban desocupados y otro 50% vivía del trabajo informal. Este contexto motivó que se unificaran los reclamos de las distintas clases sociales bajo una misma consigna: «Que se den las soluciones para el despegue económico de Malargüe».

Los empresarios (del comercio y la hotelería, del agro, la industria y la minería) requerían créditos, inversión e incentivos a la producción. La necesidad de fuentes de tra- bajo por parte de los trabajadores se vio acrecentada por el reciente cierre de dos importantes empresas, entre ellas una minera, cuyos obreros junto a sus familias emprendieron a pie, hacia la ciudad de Mendoza, la «Marcha del hambre», en búsqueda de soluciones.

La pueblada comenzó, ante la falta de respuestas del gobierno provincial, con un paro, actos públicos, cortes de ruta y tomas de edificios (como la sede comunal, la radio y la central telefónica), aunque primaban las instancias deliberativas como las asambleas o de negociación sobre aquellas formas de acción directa. No se
produjeron acciones espontáneas que desbordasen el ámbito institu- cional ni a los dirigentes, sino que eran organizadas por la Comisión Pro Defensa de Malargüe y luego anunciadas al resto de la pobla- ción. Esta comisión expresaba, mayoritariamente, los intereses de la burguesía de la zona: nucleaba a la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Malargüe, a la Junta Agraria y al Rotary Club, entre otras instituciones.

Más allá de la proximidad temporal de esta pueblada con el Mendozazo, ambos hechos remiten a líneas de enfrentamientos diferentes. En el Malargüinazo no aparecieron claramente delineados dos bandos enfrentados, como en el levantamiento de abril, sino que la ciudadanía se aglutinó contra un enemigo externo que afectaba sus intereses económicos: el gobierno provincial, que no daba respuesta a sus necesidades. Con un reclamo unificado, se movilizaron conjuntamente las distintas clases sociales, pero quien le imprimió direccionalidad al conflicto fue, en este caso, el empresariado, que disputaba un lugar en el proyecto de expansión capitalista delineado desde el golpe de Estado de 1966.

Así, los meses que transcurrieron desde el Mendozazo hasta las elecciones de marzo de 1973 en las que triunfó el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) –alianza de partidos cuya fuerza dirigente era el peronismo– estuvieron signados por numerosos reclamos, manifestaciones, huelgas y hasta una pueblada, que generaron que once días después de las elecciones y a dos meses de entregar su mandato, el gobernador Gibbs renunciara.

La victoria del peronismo de ninguna manera calmó la protesta social, como había sido el objetivo del GAN. Por el contrario, para muchos, contar con un gobierno que representaba los intereses populares y por el que se había luchado durante 18 años, significaba mejores condiciones para lograr sus metas. Una diferencia impor- tante con el período anterior radicaba en que el aparato del Estado se convertía en un nuevo escenario de disputa. Esto quedó demostrado con las ocupaciones de establecimientos educativos, hospitales, medios de comunicación y de transporte, bancos y edificios públicos y privados, que se extendieron rápidamente por todo el país.

Estas tomas rechazaban a los funcionarios que la dictadura pensaba dejar para garantizar su «continuidad» en la administración, a la par que expresaban la pugna entre las tendencias de izquierda y derecha del peronismo para que esos cargos fueran ocupados por personas afines a su línea política. Pero esto no significó el abandono de la calle como escenario de disputa, como demostraron tanto la movilización que liberó a los presos políticos de la cárcel de Devoto apenas asumió la presidencia Héctor Cámpora, como los enfrentamientos que se produjeron en Ezeiza entre las tendencias que coexistían dentro del peronismo.

Estas eran las expresiones más visibles del tenor que adquiría la confrontación en la Argentina de la época, cuyas tensiones se reproducían cotidianamente en menor escala. Se dirimían proyectos antagónicos de sociedad que podemos agrupar, a grandes rasgos, entre quienes sostenían al sistema capitalista vigente contra quienes bregaban por construir una Argentina socialista.

En Mendoza, Alberto Martínez Baca asumió como gobernador por el FREJULI el 25 de mayo de 1973. Inmediatamente después, como a nivel nacional, comenzaron las ocupaciones de distintos estableci- mientos. Estudiantes secundarios y universitarios, protagonistas de dos tercios de las «tomas», reclamaban cambios de autoridades y
en los planes de estudios. Continuaron con los «juicios populares» a funcionarios vinculados a la dictadura saliente, a quienes condena- ban por complicidad con sus políticas educativas. El otro tercio de las ocupaciones se expresaban en contra del «continuismo» y exigían la participación de los trabajadores en los espacios de toma de decisiones, cuestionando además la forma en que se encontraban organiza- dos los lugares de trabajo.

Este conjunto de acciones, emanadas de asambleas, tuvo como protagonistas a los trabajadores de base. Se proclamaban a favor del gobierno «obrero y popular» pero, con su accionar cuestionaban al Estado en su conjunto al plantear la participación directa y mayoritaria de los trabajadores en el ejercicio del poder. Buscaban con ello garantizar la construcción de un proyecto político que expresara sus intereses como clase, y avanzar, de esta manera, hacia proyectos más autónomos. Luego de casi dos décadas de disputar el poder social en los lugares de trabajo y ejercer una democracia directa en las calles y en las asambleas, entendían a la democracia como un poder construido y sostenido desde las bases, en contraposición a la de tipo formal y delegativa de las clases dominantes.

se dirimían proyectos antagónicos... quienes sostenían al sistema capitalista contra quienes bregaban por construir una argentina socialista.

Si bien Martínez Baca no pertenecía a la Tendencia Revolucionaria (como se denominaba a la militancia peronista de izquierda), esta lo apoyó y ocupó importantes espacios de poder durante su gestión. Sin embargo, rápidamente los sectores de derecha (también llamados «ortodoxos»), encabezados por el vicegobernador Carlos Mendoza y apoyados por la cGT, comenzaron a poner trabas a este avance y a presionar para que se destituyera a una serie de funcionarios por su «inclinación ideológica de izquierda».

Entre los principales cuestionados estaba el ministro de Cultura y Educación, Francisco Reig, quien propulsó la implementación de los Seminarios Educativos, a partir de los cuales trabajadores de la educación, en conjunto con los demás actores de la comunidad educativa, sentarían las bases para la elaboración de una nueva ley provincial de educación. Mientras para los gremios significaba una «oportunidad histórica», muchos la rechazaron denunciando que la propuesta contenía «terminología foránea y extraña a nuestras tradiciones». Desde la Federación de Padres se realizaron marchas y numerosas solicitadas bajo el lema «Alerta Padres» y los sectores docentes opuestos a la propuesta organizaron Seminarios Paraleloscon una importante concurrencia. Efectivamente, poco duró el clima de cambio revolucionario.

En octubre de 1973, Perón asumió la presidencia, con la esperanza para las fuerzas del régimen de que la legitimidad del líder, tantos años proscripto, permitiría contener a la fuerza social antagónica. En este sentido, el nuevo gobierno implementó medidas antipopulares, antidemocráticas y represivas: se clausuraron medios de prensa y se declararon ilegales las organizaciones armadas. Surgía desde el Estado nacional uno de los principales instrumentos para disciplinar a los díscolos: la Alianza Anticomunista Argentina o Triple A, siendo el Comando Anticomunista Mendoza su expresión local. La Triple A pondría su impronta, a través del exterminio físico de quien abierta- mente cuestionara el orden capitalista o entorpeciera su desarrollo. Porque, repetimos, la euforia por el triunfo en las urnas no había apagado el activismo político y social.

Para Perón, la preocupación central era lo que sucedía dentro de su propio movimiento. Comenzó así un proceso de «depuración ideológica» de la «infiltración marxista». En Mendoza, las reuniones o Cabildos Abiertos convocados para discutir el tema se hicieron bajo el lema «Perón, Mazorca, los zurdos a la horca». Desde 1974, los sectores de la izquierda peronista comenzaron a ser expulsados de los cargos que ocupaban, ya fuera por vías golpistas, como sucedió en Córdoba con el Navarrazo, o por canales institucionales, como en el caso de Martínez Baca, quien debió afrontar un juicio político en junio de ese año. Asumió entonces el vicegobernador Carlos Mendoza, hasta agosto, cuando la provincia quedó intervenida. Se consolidaron a partir de entonces los sectores más reaccionarios y se intensificaron las medidas represivas.

A comienzos de junio de 1973, en un contexto de creciente infla- ción, se había firmado el Pacto Social, que consistía en un acuerdo de precios, tarifas y salarios entre el gobierno, los representantes del movimiento obrero (cGT) y del empresariado (cGE). El pacto suspen- día las negociaciones colectivas, por lo que anulaba la posibilidad de aumentos salariales, lo que significaba, en un contexto inflacionario, la pérdida del poder adquisitivo de las clases populares. Frente a esta situación, los trabajadores buscaron vías alternativas de presión, lo cual implicó conflictos que tuvieron nuevamente al ámbito de trabajo como espacio de disputa.

Los trabajadores se manifestaban no solo contra la patronal sino también contra las dirigencias gremiales, consideradas «burocráticas» o «traidoras» a sus intereses.
Hacia 1974, encontramos una oposición sindical debilitada y desarticulada, con la mayoría de los gremios intervenidos o sus dirigentes encarcelados, mientras los grupos sindicales vinculados a la derecha peronista iban ganando cada vez más fuerza gracias a la sanción de la Ley de Asociaciones Profesionales (LAP). Esta legislación reforzaba la estructura sindical y el poder de los dirigentes, aumentando de esta manera el control hacia abajo y limitando el poder de los delegados. Este fuerte verticalismo coartaba la democracia sindical y atacaba directamente la autonomía de los gremios del interior, por lo cual fue duramente cuestionada desde un sector del sindicalismo mendocino.

En este contexto, el SOEP abrió su asamblea a la participación de distintos gremios y agrupaciones internas, partidos y organizaciones políticas, estudiantiles y armadas para debatir sobre una ley catalogada como «antipopular y antiobrera». Crecía el nivel de rechazo, por ejemplo, las comisiones internas bancarias dirigían conflictos inclusive superando a su conducción gremial. Pero a la vez, en la provincia también avanzaba el sindicalismo ortodoxo: la Unión Obrera Metalúrgica (uom), expresión más acabada de la derecha peronista, acumulaba cada vez más poder.

la conflictividad en la provincia disminuyó significativamente y retomó cierto cause institucional. El disciplinamiento se logró no solo a través de medidas represivas.

Durante la gobernación interina de Carlos Mendoza, secretario general de la uom, la conflictividad en la provincia disminuyó significativamente y retomó cierto cauce institucional. El disciplina- miento se logró no solo a través de medidas represivas sino también porque las dirigencias gremiales y políticas, que habían sido fuertemente cuestionadas como «burócratas» por los grupos más combativos, recuperaban adhesión hacia sus políticas. Al mismo tiempo, se resquebrajaron las alianzas tejidas entre distintos sectores y grupos del amplio espectro que conformaba la fuerza social antagónica. Así, si bien para algunos la búsqueda del socialismo fue cada vez más decidida, por diversos motivos la inmensa masa crítica que había iniciado un proceso de cuestionamiento social y político al sistema comenzó a detenerse o a retroceder en su camino.

A nivel nacional continuaba el problema de fondo al que nos referimos al principio de este relato: el capitalismo argentino necesitaba superar su crisis de acumulación, es decir resolver el problema de la productividad y aumentar su tasa de ganancia. Pero el activismo obrero y su fuerte organización de base en los lugares de trabajo limitaba esa expansión. A mediados de 1975, el Rodrigazo mostró el rechazo masivo a las políticas económicas del gobierno de Isabel Perón (quien había asumido la presidencia luego de la muerte de Perón en julio de 1974), así como a la mayor explotación patronal y a las dirigencias sindicales cómplices. Junto a este rechazo, se esbo- zaban claros proyectos de autonomía de clase, conjugados con un elevado nivel de organización –como mostraron las Coordinadoras Interfabriles en Buenos Aires– y que además se articularon con otros sectores de la sociedad, como se había dado en Villa Constitución (Santa Fe). La potencialidad revolucionaria de estas combinaciones no dejó dudas a las clases dominantes de cómo resolver el problema: era hora de que la represión dejara paso al aniquilamiento sistemático.

Una historia abierta, para pensar en voz alta

Quienes escribimos estas líneas somos parte de una generación que no vivió los hechos relatados. Pero gracias a los que cobijaron y escondieron el fuego de las luchas durante la dictadura militar, llegó a nosotros/as. Existen fenómenos, como el Mendozazo, que ocurren en el seno de una sociedad y hay que divulgarlos, porque son almacenamientos de la historia viva. Este tipo de apropiación del pasado común nos interesa porque no se dirige a un pleno de sentido (la Historia, con mayúscula, que todo lo demuestra, que todo lo explica, que todo lo juzga) ni a un abismo de sinsentido (el Caos de inexistencia o insignificancia de toda historia), sino a un gesto: el gesto de las rupturas que inauguran lo nuevo. Vindicamos las construcciones colectivas que, como dijo Marx, «se critican continuamente a sí mismas, interrumpen sin cesar su propia trayectoria, vuelven sobre lo aparentemente ya realizado para emprenderlo de nuevo».

aunque una difusa cultura socialista era parte de esta movilización, aún no prendía, no hacía carne en el conjunto alguno de los proyectos revolucionarios.

Los 70 fueron años en que lo viejo no terminaba de morir pero lo nuevo, aunque comenzaba a esbozarse, no terminó de nacer. Por qué esos gérmenes de una nueva sociedad no lograron cristalizar y desarrollarse es una pregunta que sigue abierta, sobre la que hoy debemos reflexionar si compartimos algún horizonte emancipatorio. Sin buscar respuestas unívocas, creemos que la revolución era un proceso más complejo y lejano de lo que se pensaba. Los deseos de cambio eran profundos, pero también contradictorios y heterogéneos, haciendo que la fuerza social antagónica encontrara dificultades para cuajar y masificar un proyecto socialista. Sobre estas debilidades político- culturales actuaron las clases dominantes. Existía una extendida masa de sujetos críticos, que con sus prácticas ponían en entredicho al orden existente. Aunque una difusa cultura socialista era parte de esta movilización, aún no prendía, no hacia carne en el conjunto alguno de los proyectos revolucionarios. Sin embargo, se tornaba urgente para las clases dominantes desarticular estas relaciones sociales potencial- mente disruptivas.

Ante ello, se conjugaron distintas estrategias políticas para disputar el pensar, el sentir y el hacer de esos sujetos. Lo vimos con el Mendozazo, como una expresión más de lo que sucedía en el país. Siguieron la represión y el aniquilamiento del activismo y la militancia política y social, para obturar así la posibilidad de pensar que la realidad era transformable de raíz. Continúa hoy la tergiversación de aquellas épocas, en que democracia real no era delegación en un Estado que gestionase la miseria sino autoorganización desde las bases, para la construcción de un proyecto anticapitalista.

Los aniversarios son momentos propicios para pararse ante el pasado con algo que decir respecto del propio presente y, por lo tanto, del futuro que se anhela. Se construyen relatos cuya veracidad es tan importante como su intencionalidad política. Está en nosotros referenciarnos con la historia de los vencedores o de los vencidos; encontrar las líneas que unen un pasado de indignación y rebelión con nuestra cotidianeidad; recuperar la historicidad de las luchas que nos constituyen. Los tiempos que corren nos exigen reflexionar acerca de las experiencias de lucha de nuestra historia, desarroparnos de miradas trágicas, míticas, heroicas; y repensarnos creativamente, en una trama enlazada según las preguntas y necesidades del hoy.

Nos paramos frente a los años 70 no sin dificultades y contra- dicciones, analizando críticamente las trayectorias de los sujetos subalternos, en las que nos referenciamos. Nos resulta difícil pensar la actividad intelectual por fuera de una confección inmersa en una apuesta política. Esta intervención tiene por función reforzar, incitar o estimular las condiciones políticas del presente, para que caminen en el sentido de la autodeterminación social e individual, buscando interlocutores en todos aquellos que no se conformen tan solo con la búsqueda de la emancipación política sino fundamentalmente con la emancipación humana.

Esta reflexión cobrará sentido en tanto la incorporemos a prácticas políticas actuales, capaces de reinventar herramientas teóricas, estéticas, discursivas. Pretender que otros nos conviden una teoría, una estética, unas reglas de juego frente a las que seamos incapaces de producir una actividad creativa es reproducir la heteronomía instituida, por mucho que el contenido de esa teoría se pretenda liberador. En lugar de pensar, actuar por otros o para que otros dejen de hacerlo, en lugar de identificar el acto de creación con el producto terminado, afirmamos una interacción dinámica entre saberes y un proyecto político más amplio que los trascienda.

Esta historia del Mendozazo puede y debe reescribirse cuantas veces sea necesario: como trabajador, como estudiante, como mujer… Ello significará que está viva en nuestro presente, que tiene cosas para decirnos, cosas de las que aprender, en tanto «deja de ser arena y se cuaja en roca». Pensar el pasado contra el presente afirmando el futuro. Actuar contra el tiempo, sobre el tiempo y en favor de un tiempo venidero. Esta es nuestra apuesta, este nuestro deseo.

 
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