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RÍO NEGRO

Rio Negro: el ajuste golpea a las familias trabajadoras

Desde el 2016 el gas natural aumento 2057%, la energía eléctrica un 1491% y el transporte público urbano un 332%. Estos aumentos se traducen en un impacto sobre el salario promedio, del cual cada trabajador debió destinar un 23% en el 2018 para el pago de servicios básicos.

Domingo 10 de febrero | 00:32

El aumento de la garrafa social, anunciado por la Secretaría de Energía de la Nación a partir de febrero, se suma al aumento de la luz y el transporte en una provincia en la que el ingreso promedio de las familias trabajadoras sigue perdiendo por goleada frente a la inflación, que en la Patagonia superó el 50% en 2018. Este es el trasfondo de la crisis habitacional y de acceso a la tierra en la provincia de los terratenientes extranjeros.

La depreciación del salario en la provincia acumula un 22% respecto a la inflación desde 2016. Esto sin contar que el acuerdo UNTER-ATE con el gobierno de Alberto Weretilnek a principios de 2018 congeló el salario de docentes y estatales, atándolo a una cláusula gatillo que fue un tiro en el pie para los afiliados. De hecho, por el congelamiento de salarios en el sector estatal que nuclea a cerca de 50000 trabajadores, se generó un superávit primario de $210 millones anunciado por el ejecutivo en el periodo 2018.

En Río Negro, estos datos impactan particularmente en las 27 tomas de Bariloche, el mayor centro urbano de la provincia. Barrios populares surgidos de la necesidad de una casa propia para miles de familias, como el 29 de Septiembre, Nahuel Hue o Villa Llanquihue, carecen de todo servicio básico, debiendo “engancharse” precariamente al tendido de luz y agua de los barrios más cercanos, frente al abandono de autoridades municipales y provinciales.

Allí el costo de la garrafa social, un insumo fundamental en el crudo invierno cordillerano, aumentó un 37% , lo cual se traduce en $324 al sumar el IVA, para la garrafa de 10 kilos. A este costo los distribuidores cargan el flete desde la planta de Coopetel en El Bolsón, por lo que el impacto sobre el mermado bolsillo de los trabajadores es mayor aun llegando en Bariloche a los $500.
Sumado a ello, el aumento del transporte urbano a nivel nacional por el traslado de la quita de subsidio estatal a las empresas al valor del boleto, torna más asfixiante la situación.

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Bariloche registra el boleto urbano más caro del país, con un incremento acumulado en los últimos 10 años cercano al 1700%. Los 36.000 usuarios diarios del servicio de transporte público de pasajeros comenzaron a pagar $27 pesos el mínimo desde el pasado 1 de enero. La actual administración subió casi un 200% el boleto. Además las empresas, alegando bajas ganancias, han disminuido las frecuencias generando una saturación del transporte público que sumado al turismo el servicio colapsa dejando a pie decenas de trabajadores cada día. Azul, trabajadora precarizada de Bariloche, cuenta que debe viajar desde el km 7 hasta LlaoLlao para trabajar. Por día esto representa $100, y mensualmente, y quinto de sus ingresos.

Como explicaba un jubilado vecino de El Alto durante la audiencia pública del pasado 30 de octubre, defender su derecho frente al tarifazo le había significado más de $350 en traslados hasta la sede de la misma, algo que para un jubilado es la diferencia entre comer o no hacerlo.

La situación no es mejor en el resto de la provincia. En Cipoletti o Roca, el valor del transporte de pasajeros se ha incrementado exponencialmente. También allí las tomas como el “Barrio Obrero” de Cipoletti o “Las Lomitas” de Roca son testimonio del impacto de la falta total de urbanización producto de la especulación inmobiliaria y el desprecio por la vida de las familias trabajadoras por parte de los gobiernos provincial y municipal.

El problema de la tierra como síntoma de la dependencia

La Ley Nacional de Tierras de 2011 limitaba la adquisición de tierras por parte de extranjeros a un 15 % del total de la superficie del país, lo que significaba aumentar hasta 3 veces las propiedades en manos extranjeras existentes hasta ese momento. De hecho la ley, impulsada por el kirchnerismo como una “defensa de los intereses nacionales”, ocultaba que desde 2002 a 2013 la adquisición de tierras por parte de empresas extranjeras aumento un 229% respecto a los ´90.

En junio de 2016, Macri modificó dicha ley como parte de un “plan de atracción de inversiones”, liberando la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Particularmente, la modificación hablaba de ordenar la distribución de tierras y establecía la expropiación y regularización de tierras ocupadas para la definitiva urbanización de los 4000 asentamientos en el país. Esto último no se ha cumplido para los habitantes de los barrios populares pero si lo primero para los terratenientes extranjeros.

El relevamiento realizado en 2011 daba cuenta de que en Bariloche el 21,5% de las tierras eran propiedad de extranjeros. El caso más resonante es el del magnate Joe Lewis, quien se quedó con 12.000 hectáreas que incluyen el Lago Escondido a $138 la hectárea en 1996. El dueño de Pampa Energía y la distribuidora Transener, posee allí una central generadora de paso en un río afluente del Lago Escondido conectada a la red nacional. Por ello percibe una facturación diferenciada en función del decreto de CFK para generación de energía por fuentes alternativas firmado en 2015. La Pampa de Ludden en El Bolsón es entregada a los esbirros de Lewis para construir una villa de montaña para millonarios, mientras cientos se hacinan en la Loma del Medio sin acceso al agua si quiera.

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Cercano a Lewis, el Emir de Qatar acaba de comprar al grupo inversor de origen belga Burco 10.000 ha que se suman a las 4500 que ya poseía. La adquisición, en la zona de seguridad de frontera y en un área intangible según la Ley de Bosques, se realizó con la aprobación del ejecutivo nacional. Burco ingresó al mercado de tierras en la región de la mano de Van Ditmar, el gestor local de Lewis, y actualmente controla más de 36.000 ha en Rio Negro a través de más de 30 firmas.

En paralelo a la modificación de la Ley Nacional de Tierras en 2016, el gobierno de Weretilnek propuso una modificación del Código Provincial de Tierras que despertó amplio rechazo de comunidades mapuche y agrupaciones. Laura Santillan, referente provincial del PTS-FIT, describió en aquel momento las implicancias del mismo. Finalmente el proyecto oficialista no prosperópero sí avanzó la apropiación de tierras por parte de intereses extranjeros a contramano de fallos y amparos judiciales.

Hace pocos días se conocía la exención impositiva que el gobierno provincial otorgó a Hidden Lake, la empresa de Joe Lewis: 20 años de exención de ingresos brutos y sellos.Al mismo tiempo, se conocía la evasión de impuestos del hotel que la Reina consorte de Holanda, MáximaZorreguieta, posee en Pilcaniyeu. Una propiedad de 2951 has con 4 km de costa del ríoPichileufú valuadas por el fisco en u$s 20 la ha, por las que paga u$s 89 anuales en concepto de impuestos evidenciando que no ha realizado ninguna mejora en el mismo según consta en catastro.Mientras tanto, acceder a un terreno para vivienda en Bariloche cuesta u$s 45 a 89 el metro cuadrado .

Expropiación a los grandes terratenientes

Si en el país 4000 familias concentran el 50% de las tierras productivas, apropiándose de la renta agraria que representa el 2% del PBI sin mover un dedo, otro tanto ocurre en nuestra provincia . Aquí el acceso a la tierra está vedado para los miles que como Rafael Nahuel se ven hacinados en barriadas carentes de servicios elementales, a la vez que son expoliados por las empresas de servicios.

Lewis concentra sobre si el manejo del 60% de la producción y distribución eléctrica del país, así como la posesión de tierras.Mientras tanto los pibes de los barrios de Bariloche son masacrados por la policía, como Diego Bonefoi, y fusilados por la espalda como Rafa cuando se organizan para tomar lo que por derecho les pertenece: ¡una tierra donde vivir!

La especulación inmobiliaria también hace que en Cipoletti, donde existen 4000 has abandonadas, el gobierno de Tortoriello vete el impuesto a la tierra improductiva en beneficio de los especuladores, mientras condena a la miseria a trabajadores rurales y habitantes del Barrio Obrero.

Expropiar a las empresas energéticas apunta a cambiar el paradigma: no son fuente de ganancias para empresas, sino un servicio social. Lewis explota, luego de la compra de las acciones de Petrobras en Argentina, la generación de energía eléctrica de la represa Alicurá, construida por el Estado y entregada a precio vil en los noventa junto con la infraestructura de distribución. Hoy “ofrece” proveer de electricidad a El Bolsón desde la central de paso construida en Lago Escondido para solucionar el deficiente servicio que brinda a la localidad la empresa Transpa, que traslada la electricidad desde FutaLeufú en Chubut. Estas últimas son propiedad desde 1992 de Madanes Quintanilla, dueño de Aluar y FATE.

La concentración en pocas manos de los recursos estratégicos, como la tierra y sus potenciales riquezas, y la energía que de allí se genera, son el pilar en que se sustenta la debilidad estructural de nuestra economía, y constituye sólo la antesala de futuras crisis.

Una política de estatización bajo gestión de los trabajadores y usuarios de los servicios de energía y transporte, que los transforme en bienes sociales de necesidad básica, es la única salida para terminar con este saqueo al bolsillo del pueblo trabajador. Esta medida fundamental e inmediata debe ir acompañada con un plan de expropiación, nacionalizando las propiedades de terratenientes extranjeros sin indemnización para su fraccionamiento en beneficio de la población rural hacinada en los asentamientos urbanos desplazada ante el avance de los intereses especulativos. Así se explica el inmenso crecimiento poblacional que han experimentado ciudades como Bariloche en las últimas décadas.

En estas elecciones solo el FIT levanta un programa con estas reivindicaciones. Sin embargo es necesario algo más que una importantísima ubicación en la legislatura para que deje de ser la escribanía de los intereses capitalistas locales y multinacionales en detrimento de la clase trabajadora, que produce todas las riquezas. hace falta luchar por transformar todo de raíz, desde los lugares de trabajo y estudio a las barriadas populares organizar la lucha por un gobierno de los trabajadores, esa es la apuesta del PTS en el FIT.







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