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TUCUMÁN

Ricardo Bussi: un funcionario vitalicio que propone trabajo forzado para los presos

Heredó su fortuna en cuentas del exterior abiertas por su padre, perseguido por la justicia y condenado por delitos de lesa humanidad y enriquecimiento ilícito. Funcionario desde los 20 años hasta la actualidad, propone el servicio militar obligatorio para los desocupados y trabajo forzado para los presos.

Miércoles 17 de abril | Edición del día

Ricardo Argentino Bussi nació en Kansas City, EEUU. En el año 1964. Su padre, el fallecido genocida Domingo Antonio Bussi, había sido nombrado Jefe de Doctrina Logística del Estado Mayor General del Ejército Argentino y se encontraba en EEUU recibiendo instrucción militar en el Command and General Staff College de Fort Leavenworth.

Unos años después, Bussi padre será enviado a Vietnam como observador del ejército argentino para instruirse en las tácticas norteamericanas de guerra contra la guerrilla del Frente de Liberación Nacional, comandado por Ho Chi Min. El ejército argentino empezaba a prepararse para aplastar a una clase obrera que para ese entonces inicia con el Cordobazo un ascenso obrero histórico que finalmente la dictadura militar ahogará en sangre.

En 1975 la familia Bussi se instala en Tucumán. Mientras Ricardo iba a la escuela, su padre comandaba el Operativo Independencia, un ensayo general del genocidio decretado por Isabel Perón, en el que se desplegaron los primeros centros clandestinos de detención y torturas a activistas estudiantes, dirigentes obreros, y militantes de distintas organizaciones.

“La situación en la provincia era muy violenta, vivíamos con mucho miedo y éramos amenazados constantemente”, recuerda el hijo del dictador en una entrevista.

Al día de hoy Ricardo Bussi defiende el genocidio y el siniestro legado de su padre.

Hace poco llegó a afirmar que desconfía de los hallazgos obtenidos por las pericias en el Pozo de Vargas, donde Domingo Antonio Bussi escondió los restos de cientos de desaparecidos.

¿Outsider de la política o funcionario vitalicio?

Para cuando terminó la dictadura, Ricardo Bussi se encontraba estudiando derecho en la Universidad de Belgrano. Con la ayuda de su padre, se va a acomodar rápida y tempranamente en la función pública. Desde los 20 y durante 34 años inintrrumpidos, ocupando distintos cargos políticos:

1984-1987: asesor del senador correntino Gabriel Feris -uno de los fundadores de la dinastía Romero Feris de Corrientes.

1987: asesor en la Cámara de Diputados del bloque “Bandera Blanca”, partido que llevó ese año de candidato a gobernador a su padre.

1988-1991: asesor de Fuerza Republicana, partido fundado por su padre.

1991: asesor del senador Antonio Romero Feris.

1992: asesor del senador José Figueroa, del PJ de Santiago del Estero.

1993-1995: asesor del bloque Fuerza Republicana en la Cámara de Diputados.

1995-1997: secretario privado de su padre, electo gobernador de Tucumán.

1997-2003: diputado nacional por Fuerza Republicana.

2003-2007: senador nacional por Fuerza Republicana.

2007-2015: legislador tucumano por Fuerza Republicana.

2015-… : concejal de Fuerza Republicana.

“Hay un hartazgo con la política”, suele repetir el funcionario vitalicio como si no fuera parte de la misma casta política desde hace 34 años.

La cantidad de sesiones del concejo deliberante no llega a una por mes. Pero necesita 14 asesores, según el mismo reconoció en una entrevista. En sus ratos libres se dedica a los deportes de agua.

Ricardo Bussi no conoce más que el ocio permanente, pero tiene una propuesta estricta para los desocupados: el servicio militar obligatorio para los jóvenes que no consiguen empleo. Para los presos hacinados en cárceles putrefactas y sometidos a todo tipo de vejaciones, el trabajo forzado.

Una herencia teñida de sangre

Con un cinismo sin límites, Bussi se presenta como el guardián de una moral austera y suele pedir “mano dura contra los delincuentes”, “cárcel para los que roban o matan”, ocultando que su propio origen político y patrimonial se apoya en los crímenes de su padre, a quien se dedica a defender cada vez que puede.

Como señalamos en notas anteriores, la historia del enriquecimiento ilícito de los Bussi no es nueva. Salta a la luz a partir de un escándalo nacional de corrupción, durante la gobernación de Domingo Antonio Bussi, por sus vínculos con el fallecido empresario Alfredo Yabrán, señalado por la justicia como el responsable del asesinato, en 1997, del periodista José Luis Cabezas.

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Según consta en la causa por la cual fue condenado, entre 1977 y 1983 el militar se hizo con dieciocho propiedades y una abultada suma de dinero distribuida en cuentas bancarias radicadas en Suiza, Alemania, Holanda, y Estados Unidos. Dos de las cuentas radicadas en el exterior estaban a nombre de sus hijos Ricardo Argentino Bussi y José Luis Bussi.

A partir de la denuncia presentada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el juez Baltazar Garzón ordenó confiscar la cuenta en Suiza a nombre de Ricardo, que ya era diputado nacional, y que con total desparpajo va a afirmar: “no me preocupa que el juez Garzón investigue nuestras cuentas en Suiza porque ninguna tiene dinero en este momento”.

Finalmente Domingo Antonio Bussi fue condenado no solo por delitos de lesa humanidad, sino también por enriquecimiento ilícito.

La presencia de Ricardo Bussi en la arena política provincial no es solamente un exponente de la impunidad; su propuesta de sacar al ejército a las calles y multiplicar la cantidad de cárceles es parte de una agenda punitivista que, con sus bemoles, es compartida por Manzur, Alperovich y Silvia Elías de Perez, a medida que el ajuste del FMI profundiza la crisis social. En el fondo lo único que tienen para ofrecer a la juventud es desocupación, ajuste y represión.







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