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Pagar por vivir: sobran razones para luchar contra la Ley Aragonés

El partido del gobierno catalán, ERC propone una Ley que lleva el nombre de su vicepresidente y consejero de Economía, Pere Aragonès y que dará el pistoletazo de salida para que multinacionales y capitales inversores se apropien aún más de los servicios públicos básicos.

Joe Molina

Trabajador despedido de Panrico, Barcelona | @joemolina57

Miércoles 18 de septiembre | 14:54

Foto: Esquerra Diari

Contra esta ley nació la plataforma “Aturem la Llei Aragonès” (Paremos la Ley Aragonés), formada por más de 50 colectivos laborales, sindicales y políticos. Este martes han presentado en un acto en la plaza de Sant Jaume, frente a la Generalitat, todas las razones por las que hay que luchar contra una Ley que afectará gravemente a los servicios esenciales de salud y educación que nos llevará prácticamente a “pagar para vivir”.

Han hecho un llamamiento a la unidad y el compromiso de todos los sectores afectados, que en definitiva somos todos, a oponernos de forma contundente a la ola de privatizaciones y externalización más grande que se cierne sobre Catalunya.

Se han recalcado varias razones por las que oponerse contundentemente contra esta Ley. Por un lado la externalización y privatización de servicios públicos irá en detrimento de la calidad de tales servicios. La sanidad, educación, servicios sociales en general se verán azotadas por el látigo de la amortización rápida de las inversiones y esto se consigue eliminando fulminantemente todo aquello que sea prescindible.

Por otro lado las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras se verán afectadas a la baja, por supuesto, como viene siendo habitual cada vez que un fondo buitre o capital inversor a través de multinacionales se apodera de alguna empresa, con la siniestra ecuación “recorte=beneficio”.

Se ha alertado también que los sectores especialmente afectados por esta normativa son los sectores feminizados y por lo tanto repercutirá de forma específica en las mujeres que normalmente asumen las trabajos de cuidados y que a costa de una doble carga de trabajo acaban llegando allí donde no llegan los servicios públicos.

Por su parte, la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya
(FaPaC), explicó que “si se aprueba esta ley, la educación preescolar, P3, P4 o P5, la educación social y las tutorías podrán ser privatizadas y fomentarán la marginación y exclusión social, creando desigualdad en el seno de la sociedad”.

Una joven del Front Estudiantil también denunció que “la aplicación de esta ley también supondrá recortes en la educación de jóvenes, adultos y estudios universitarios, así como monitores de tiempo libre, alumnos de educación secundaria con necesidad de atención especial y en consecuencia la formación de los docentes dedicados a trabajar con estos alumnos, transporte escolar y deporte también estarán afectados. Esta simple enumeración demuestra los peligros a los que los trabajadores del sector han de hacer frente, por lo que trabajadores y los y las estudiantes hemos de hacer frente en nuestro centro de estudios”.

La Marea Blanca también alzó su voz, denunciando que “los usuarios y trabajadores del sistema sanitario analizamos esta ley como la fase final de la privatización de los servicios públicos, lo que no revierte la actualidad de los recortes que ya se hicieron en el sector en los últimos años, sino que supone un retroceso en materia de derechos sociales y laborales que costaría mucho recuperar si se materializa esta ley”.

La organización sindical de la IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya), ha cerrado el acto explicando que “esta ley abrirá la puerta a incrementar el número de servicios que a partir de ahora podrían ser gestionados por entidades privadas: servicios de ocupación, planificación familiar, asistencia a mayores y muchos otros que son imprescindibles para colectivos vulnerables que pasarían a ser gestionados bajo leyes de mercado”.

Si ya pagamos desde que nacemos hasta que morimos, desde niños a empresas externalizadas para comer en los colegios públicos, o de mayores a servicios de atención domiciliaria externalizados o a residencias privadas, con esta ley en Catalunya habrá que pagar por todo, por estudiar, por la atención sanitaria, en definitiva por vivir.






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