Política

CASO MALDONADO

“No saben la que les espera”, decían los gendarmes antes de que desapareciera Santiago

Efectivos de esa fuerza habían anticipado la violencia represiva a jóvenes mapuches que estuvieron detenidos en Bariloche entre el lunes 31 y el miércoles 2.

Daniel Satur

@saturnetroc

Miércoles 4 de octubre

Foto Alejandra Bartoliche

La fresca y escarchada mañana del lunes 31 de julio el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, no imaginaba que al día siguiente y a 200 kilómetros de su despacho desaparecería Santiago Maldonado. Pero sí sabía que estaba haciendo su aporte a la causa para criminalizar y reprimir con mano dura a las y los mapuches de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen.

Ese lunes Villanueva estaba informado de que una delegación de esa comunidad originaria, junto a organismos de derechos humanos, protestarían ruidosamente frente a su juzgado para exigir la libertad del lonco Facundo Jones Huala, a quien el juez mantiene detenido desde el 27 de junio en el marco de un proceso de extradición solicitado por el gobierno de Chile. Y como lo sabía, estaba más que preparado para que esa protesta no les saliera “gratis” a los manifestantes.

Además contaba con el aval del Ministerio de Seguridad de la Nación. La cartera de Patricia Bullrich no sólo le provee diariamente personal de custodia y operativo para su juzgado sino que en esas horas, además, había enviado al jefe de Gabinete Pablo Noceti a realizar una importante tarea. En ese preciso momento y en la misma Bariloche Noceti se reunía con las autoridades regionales de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y PSA; de las policías de Río Negro y Chubut y con los funcionarios del área de las gobernaciones de ambas provincias.

Como ya todo el mundo sabe, Noceti y sus interlocutores tuvieron como único tema de conversación aquella mañana la creación de una “mesa de trabajo” para coordinar acciones con un fin preciso: aniquilar el proceso de recuperación territorial de la Pu Lof, meter presos a la mayor cantidad posible de sus miembros y dar por satisfecha la demanda racista de Benetton.

Para eso, claro, se debía pergeñar una excusa más o menos digerible para cierto espíritu de época. “El objetivo es terminar con los terroristas de la RAM”, diría el enviado de Bullrich a varios periodistas antes y después de los hechos de Cushamen.

Cacería

El rol de Villanueva no fue menor por esas horas. La idea oficial de ingresar a la Pu Lof necesitaba, para concretarse, de cierta ayuda extra. Y el juez federal sabía que tenía ante sus narices la oportunidad de congraciarse con Macri y con los terratenientes de la región. Así transformó una normal protesta frente a su despacho en una cacería.

  •  Salen ya mismo a la calle y agarran a unos cuantos de estos mapuches de mierda.
  •  ¿Pero con qué argumento los detenemos, señor juez?- respondió alguno de sus mandados.
  •  No importan los argumentos. Hay que terminar con ésto ya. Si alguien les pregunta digan simplemente que la orden la di yo.

    Fernando Jones Huala estaba en ese momento adentro del Juzgado, presentando el pedido de libertad para su hermano Facundo. Fue testigo del despliegue represivo y de las detenciones a la rastra de parte de su familia y su comunidad.

    “Vi cómo le rompían los dientes a mi prima, Romina Jones Huala, antes de llevársela con la boca sangrando. Vi cómo llenaban a los nuestros de moretones. Y vi cómo poco a poco nos iban cercando. Aparecían de a dos, de a tres, de a cinco y, cuando ya estaban por todos lados, empezaron los disparos, los gritos y el horror”, escribiría al día siguiente en la página de La Garganta Poderosa.

    Minutos después la abogada Marina Schifrin denunciaba ante los medios locales que ni Villanueva ni el fiscal del juzgado les informaban siquiera los cargos que pesaban sobre sus defendidos (siete hombres y dos mujeres). Tampoco le decían las razones del operativo conjunto ejecutado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería, el Cuerpo de Operaciones y Rescate (Coer) y la Policía de Río Negro. Y mucho menos le explicaban por qué, como muestra la foto que ilustra este artículo, uniformados hombres detenían con violencia a mujeres desarmadas.

    Entre los varones detenidos, golpeados y torturados psicológicamente estaban otro de los hermanos menores del lonco y uno de los primos, Emilio Jones Huala, quien en la represión de enero en la Pu Lof había sufrido la rotura de su mandíbula. Todos fueron llevados incomunicados al edificio de la Policía de Seguridad Aeroportuaria del aeropuerto de Bariloche. Luego serían separados en dos grupos. Tres chicos fueron trasladados al Escuadrón 34 de Gendarmería.

    Fue allí donde dos de los jóvenes mapuches recibieron un anticipo de la represión que se estaba organizando sobre la Pu Lof por esas horas en Cushamen.

  •  No saben la que les espera ahora a ustedes.

    La amenaza retumbó en la sala donde los jóvenes llevaban ya varias horas detenidos. Obviamente no imaginaban que poco después estarían buscando al “Brujo”, ese flaco no mapuche que se había comprometido con ellos en la lucha.


    Fachada del Escuadrón 34 de Gendarmería

    Diezmando al enemigo interno

    Los nueve jóvenes estuvieron más de dos días detenidos en Bariloche. Antes de que volvieran a pisar la calle habían sucedido algunas cosas que transformarían la historia y la realidad de la comunidad. “No saben lo que les espera ahora a ustedes”, volvería a resonar muchas veces más en la cabeza de los dos jóvenes que habían pisado el calaboso del Escuadrón 34 de Gendarmería.

    El abogado Fernando Cabaleiro integra la organización Naturaleza de Derechos. Junto a su colega Carlos González Quintana llevan un buen tiempo acompañando a la comunidad mapuche reprimida y criminalizada en su proceso de recuperación de una porción de las tierras ancestrales que, según las leyes del Estado capitalista, formalmente le pertenecen al Grupo Benetton en Chubut.

    Desde enero ambos letrados llevan un expediente abierto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tomaron esa decisión tras los hechos del 10 y 11 de enero en la Pu Lof de Cushamen, cuando Gendarmería Nacional y la Policía de Chubut reprimieron salvajemente a la comunidad. En ese momento las fuerzas represivas detuvieron a varias personas e incluso a algunas de ellas las torturaron física y psicológicamente.

    En los meses previos a agosto Cabaleiro y González Quintana fueron alimentando el expediente abierto en la CIDH con nuevas denuncias de ataques, persecuciones y criminalización sobre los miembros de la Pu Lof. Por eso el lunes 31, cuando les fueron llegando los mensajes de Whatsapp avisando de las detenciones en Bariloche, no se sorprendieron. Sin embargo, la violencia de la represión y la arbitrariedad de las detenciones les activaron las alertas.

    Cabaleiro recuerda ante La Izquierda Diario que la de ese lunes “era una protesta como las hay siempre en todo el país, mucho más leve que cualquier piquete de los del campo de 2008, pero terminó con nueve detenidos”.

    Hoy, en retrospectiva, logra entender en su dimensión el significado de aquella virulencia estatal. “Gran parte de esos jóvenes detenidos el 31 son parte de quienes siempre defienden el territorio de la Pu Lof, por eso tenerlos detenidos significaba claramente debilitar al grupo que estaba en Cushamen. Por eso el 1° la Pu Lof estaba en cierta medida disminuida en sus posibilidades de enfrentar la represión”, analiza el abogado. Y agrega que “evidentemente ese dato lo tuvo Noceti y por eso tomaron la decisión de invadir el territorio”.

    Los abogados de Naturaleza de Derechos ya recolectaron el testimonio de los dos jóvenes mapuches que escucharon el anticipo de la represión por boca de un gendarme horas antes de que la fuerza se llevara a Santiago Maldonado. “Tenemos el relato de los chicos y, al igual que muchos otros, los entregaremos a la CIDH para que los incorpore al expediente”, afirma Cabaleiro.

    “Nosotros actuamos como veedores de derechos humanos y lo que hacemos es presentar todo objetivamente, vamos y recogemos testimonios en el territorio, de forma directa, y elevamos eso a la CIDH”, explica el letrado.

    Atentado a la razón

    Consultado por la falsa pero nada inocente identificación que hacen el Gobierno y sus aliados periodísticos entre los “terroristas” de la RAM y el conjunto de la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Cabaleiro reconoce que “se utiliza el argumento de que la gente de la Pu Lof es de la RAM para estigmatizarlos y criminalizarlos, desvalorizando así los reclamos legítimos de la comunidad mapuche en general”.

    Para el abogado “no hay ninguna prueba en Argentina, tomando los supuestos atentados que se les adjudican, que relacionen a los comuneros y a los chicos de la Pu Lof con la RAM. Eso lo tengo claro. A mí nunca ninguno de ellos me dijo que era de la RAM. El juez Otranto le dijo a La Nación directamente que son lo mismo, y no hay pruebas de ello”.

    Lo que dice Cabaleiro tiene sustento. De hecho, es extendida en la comarca andina la idea de que en verdad los supuestos atentados de la RAM no son más que puestas en escena de los servicios de inteligencia o de las guardias blancas que operan al servicio de Benetton (o de ambos en común).

    Uno de esos extraños atentados sucedió en la zona durante las mismas horas en las que era desaparecido Maldonado. Un hecho que, de no haber sido opacado por esa brutal circunstancia, le habría dejada servida al Gobierno y sus fuerzas represivas la excusa para arrasar con la Pu Lof.

    En las primeras horas de la tarde del martes 1° de agosto se produjo el incendio intencional de la Estación “Bruno Thomae” del mítico tren La Trochita, ubicada a 26 kilómetros de la localidad de El Maitén. Las crónicas periodísticas dirían al instante que “bomberos y personal policial encontraron panfletos firmados por el grupo RAM”. Ya estaba claro a quién culpar. Y a quién reprimir. En ese mismo momento la Gendarmería ya ocupaba el territorio mapuche en Cushamen y Santiago Maldonado era conducido con rumbo aún incierto.

    La primera nota del diario La Nación sobre la desaparición de Santiago Maldonado se publicó el jueves 3 de agosto a las 14 horas. Allí un breve artículo decía que el joven había sido visto “por última vez en la localidad de Cushamen, al noroeste de la provincia” de Chubut. Pero no decía ni una palabra de la denuncia de la comunidad mapuche que llevaba horas viralizando las redes sociales, donde se afirmaba que Maldonado había sido llevado por Gendarmería.

    Es imposible afirmar que La Nación no contara entonces con información precisa sobre lo que sucedía en esa parte de la Patagonia. De hecho había informado, el día anterior y con lujo de detalles, lo ocurrido en la estación ferroviaria de La Trochita, incluyendo el dato de la denuncia penal de la Fiscalía de Estado de Chubut contra los mapuches de la Pu Lof por considerarlos culpables del atentado.

    Es más, la crónica hasta afirmaba que en la noche del martes 1° Mario Das Neves había hablado por teléfono con Patricia Bullrich. La versión periodística decía que el diálogo entre gobernador y ministra de Seguridad era por los hechos de la estación. Dos meses después, sería oportuno conocer el detalle de esa llamada. ¿Habrán hablado del joven que ya llevaba medio día desaparecido?






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