Política

ROSARIO

Liberaron a seis policías procesados por la desaparición forzada de Franco Casco

La Cámara Federal revocó la prisión preventiva de seis de los quince policías que se encontraban detenidos por esta causa. Son 30 en total los procesados por las torturas, el asesinato y la desaparición de Franco en octubre de 2014. Mientras, crece el encarcelamiento de luchadores obreros y populares.

Sábado 30 de diciembre de 2017 | 22:13

En la última audiencia programada del año la Cámara Federal compuesta por los jueces Anibal Pineda, Fernando Barbará y Jorge Gallino revisó las prisiones preventivas que habían sido ordenadas en primera instancia por el juez Vera Barros, y definió rever en febrero los procesamientos dictados a los policías acusados. Dictaminó dejar sin efecto las prisiones preventivas de Daniel Escobar, Pablo Síscaro, Aníbal Candia, Carlos Ríos, Sergio Pieroni y Rocío Guadalupe Hernández. Todos ellos policías de Asuntos Internos salvo Hernández que era oficial de la comisaría 7°. De este modo actualmente sólo nueve de los 30 procesados se encuentran esperando el juicio en prisión.

Las querellas de la familia de Franco ya habían expresado su exigencia de que se ratificaran tanto las detenciones de los policías como los procesamientos dictados por Vera Barros. En un comunicado publicado por la Mulitsectorial Contra la Violencia Institucional, los familiares del joven Casco y los abogados que los representan adviertieron que "la actitud de lxs policías implicadxs de obstruir la etapa de instrucción (investigación), falsear datos y encubrir el delito perpetrado, exhibe a todas luces la posibilidad de entorpecimiento probatorio y peligrosidad procesal que implicaría que lxs mismxs sean excarceladxs". Explicaron que las audiencias que se desarrollaron a lo largo de las cuatro semanas previas demostraron que además de la participación en las torturas, el asesinato y la posterior desaparición de Franco arrojando su cuerpo al río, hubo una voluntad de desviar la investigación y borrar las pruebas del crimen que habían cometido.

Así es que expresaron: "Algunas de las graves irregularidades que se mencionaron en las sucesivas audiencias de la instancia de apelación fueron: la ´falsa denuncia´ hecha por Crespo, un vecino del lugar, que según la versión policial originó la detención de Franco; la falsa atención médica de la Dra. Zelaya a Franco quien ´constató que no había lesiones´, contrariamente a lo que indican numerosos testigos detenidos en la 7ma quienes describieron la feroz golpiza que lxs policías le propinaron a Franco (situación que denunciaron durante el motín que se dio pocos días después a la aparición del cuerpo de Franco); la manipulación del libro de guardia de la comisaría; la incorrecta anotación de los datos personales de Franco; la sospechosa actuación del médico Félix Rodríguez del Instituto Médico Legal, quien ocultó material de la causa; entre tantas otras". Ademas alertaron sobre el riesgo que comporta no solo para el desarrollo de la investigación, si no para la integridad de los testigos de la causa la libertad de quienes están directamente implicados en este crimen y su encubrimiento.

La abogada integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y dirigente del PTS Celina Tidoni, denunció que mientras la justicia federal y justicias provinciales encarcelan a luchadores obreros y populares como a los trabajadores del Ingenio La Esperanza que pelean contra los despidos y por el cobro de salarios atrasados, o los manfiestantes que enfrentaban la represión policial fuera del Congreso mientras votaban el robo a los jubilados, en Rosario se deja en libertad a miembros de la policía que tienen mucho poder de fuego, que "ya entorpecieron la investigación en el pasado borrando pruebas y que comportan un riesgo serio para la vida de los testigos, los familiares, y de todos los organismos que acompañamos la pelea contra el gatillo fácil y la represión policial".

Tidoni agregó que las prisiones preventivas selectivas buscan amedrentar a los que salimos a luchar y consagrar la impunidad contra las fuerzas represivas, hay que redoblar la organización en cada escuela, facultad y en los lugares de trabajo para enfrentar las políticas represivas y el ajuste que pactaron el gobierno nacional junto a los gobiernos provinciales.







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