Juventud

Editorial Dossier #6

Las tensiones en el Gobierno ocultan los acuerdos fundamentales

La población se empobrece y el virus se expande. La coalición de gobierno empieza a mostrar diferencias y la unidad nacional se oxida. Los indicadores sociales que se le criticaban al gobierno de Macri han empeorado y tensan al límite la paciencia que ya se empieza a romper en el sector más invisibilizado: la juventud precarizada y los informales.

Ignacio Vázquez

Estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) @nachovaz

Miércoles 27 de mayo | Edición del día

En un mar de suspensiones, despidos y recortes de sueldos que ya afectan a más de 3 millones y medio de trabajadores, la homologación del acuerdo por suspensiones que firmó la burocracia sindical de Rodolfo Daer con la multinacional Mondelez fue criticado en el congreso por Máximo Kirchner.

En el marco del programa de subsidios a los empresarios que impulsó el gobierno (ATP), destinando el 43% de los fondos a empresas con más de 100 empleados, los beneficios que llegaron al Grupo Clarín y a Techint (la empresa del hombre más rico del país) fueron críticamente expuestos por El Destape de Roberto Navarro.

Pasados los días, la diputada Fernanda Vallejos sugirió la posibilidad de que el Estado ingrese como accionista en los grandes grupos económicos a los que subsidie para participar de sus ganancias.

El crimen social de Ramona, en uno de los tantos conglomerados que siguen padeciendo el hacinamiento y la falta de agua, fue denunciado por una parte del gobierno, desentendiéndose de la responsabilidad y depositándola en Larreta, el jefe de gobierno porteño del PRO apañado por Alberto Fernández.

Las diferencias al interior de la coalición gobernante expresan la precariedad del programa que posibilitó el armado del Frente de Todos, que se articula centralmente alrededor de un punto que permanece incuestionado: la renegociación de la montaña de deuda ilegítima que dejó Macri. Es decir, su pago.

En el escenario de ajuste que impone el compromiso con el pago de la deuda y la profundización de la crisis económica y social, afloran las sutiles pero resonantes diferencias sobre cómo distribuir los costos de la debacle en el marco de una pandemia que recién está empezando a mostrar sus efectos.

La proliferación del virus en los últimos días, combinado con las protestas que empiezan a crecer de parte de pequeños comerciantes al borde de la quiebra, carcomen la unidad nacional construida por arriba entre Alberto Fernández, Kicillof y Larreta. El jefe de gobierno del PRO le pateó la pelota al gobierno responsabilizando a AySA por el contagio y las muertes en la Villa 31. Por su parte, sectores del gobierno responsabilizan a Larreta. Nadie hace nada. A su vez, Larreta empieza a expresar la voluntad de los grandes empresarios que con la política aperturista buscan engañar y captar el apoyo de los pequeños comerciantes cerca de la quiebra, como vamos a ver más adelante. Kicillof en la provincia busca preservar la cuarentena sin dar ninguna solución al empobrecimiento de los trabajadores y la ruina creciente de los pequeños comerciantes. La unidad nacional no está dispuesta a tocar los intereses de los laboratorios y las clínicas privadas para dar una respuesta a la altura de una curva de contagios y muertes que empieza a crecer.

De la oposición al gobierno

Cuando el gobierno era oposición, le hacía a Macri algunas críticas certeras que eran muy sentidas por la mayor parte de la población. En campaña, esas críticas fueron la base para una serie de promesas que lograron concentrar el voto mayoritario. El castigo a los jubilados, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, los crímenes sociales como el de Santiago Maldonado, el peso de la deuda que caería por entero en las espaldas de la población empobrecida, según las promesas de campaña, serían revertidos. Devolverle lo robado a los jubilados, el poder adquisitivo y el trabajo a quienes lo habían perdido, el diálogo social en reemplazo a la impunidad y la represión, el combate a la pobreza y el hambre y quitar la bota de la deuda que nos empezaba a aplastar la cabeza.

Pero los jubilados recibieron solo dos aumentos desde aquel 10 de diciembre de 2019 y ambos fueron por debajo de lo que les hubiera correspondido con la fórmula ajustadora de Macri. Sin fórmula jubilatoria establecida y a través de decretos, los aumentos quedan librados a la voluntad del presidente.

Los precios siguieron aumentando y desde el comienzo de la pandemia fueron afectados por despidos, suspensiones o recortes de sueldo 3,7 millones de trabajadores según el Observatorio de Despidos durante la pandemia de La Izquierda Diario. Una fuerte transferencia de ingresos de las mayorías al 1%.

El hambre aumenta y los trabajadores despedidos del frigorífico Penta fueron brutalmente reprimidos por la policía comandada por Sergio Berni y Axel Kicillof. Hace algunos días nomás fue desaparecido Luis Espinoza en la Tucumán del peronista (y opositor ferviente a los derechos de las mujeres) Juan Manzur, tras una golpiza policial. El cuerpo de Luis fue encontrado en el fondo de un precipicio de 150 metros en Catamarca. El crecimiento exponencial de los infectados en las villas (sobre los cuales algunos ultraderechistas se apoyan para crear un enemigo interno) no está siendo combatido con recursos habitacionales y sanitarios sino que intenta ser contenido con militarización y exclusión.

Los pedidos de alimentos en los barrios carenciados se multiplican día a día pero nunca alcanzan. El IFE de 10 mil pesos no llegó ni a la mitad de quienes lo necesitan porque vieron reducidos sus ingresos, y el mismo Alberto Fernández extorsiona a la población defendiendo que la alternativa es entre 100 mil muertos por coronavirus o un aumento de la pobreza del 10%.

Por último, deuda. Se han pagado más de 5 mil millones de dólares a los especuladores desde aquel 10 de diciembre, valiosísimos recursos para una situación como la actual. Los pagos de deuda que el gobierno se compromete a entregarle a multimillonarios del exterior no saldrá de las fortunas de los “amigos de Macri” sino de una población que ya no aguanta más castigos.

Este contraste entre el camino tomado y las promesas de campaña que posibilitaron el triunfo del Frente de Todos es lo que no está siendo cuestionado por ninguno de los integrantes de la coalición de gobierno.

Los dirigentes sindicales que forman parte del gobierno no solo están siendo cómplices activos del empobrecimiento de la población, sino que juegan un rol muy valioso para el Estado, ahogando cualquier intento obrero y popular de expresar el descontento con la situación y organizar la resistencia. Esto no es nuevo. Durante el gobierno de Macri se encargaron de dividir y desmoralizar a los trabajadores para que el ajuste pase. Aunque las luchas del 14 y 18 de diciembre frente al robo a los jubilados se salieron de su control, esta tendencia fue reprimida y el descontento canalizado dos años después hacia el voto al Frente de Todos. En el medio, el ajuste de Macri siguió corriendo, sus amigos fugaron miles de millones de dólares del país y la pobreza y el desempleo escalaron al 35 y al 10%, respectivamente.

El acuerdo entre la CGT y la Unión Industrial Argentina firmado el mes pasado para reducir un 25% los sueldos, o el que firmó Rodolfo Daer con la multinacional Mondelez para reducir sueldos y dejar en manos de la empresa la decisión de a quién reincorporar una vez finalizadas las suspensiones, mientras el Estado exime del pago del 50% a grandes monopolios y multinacionales como McDonald´s, Burguer King, Volkswagen o Mercedes Benz, son solo ejemplos representativos que muestran que estos dirigentes sindicales juegan para todos, menos para los trabajadores. Asimismo, los sindicatos que siempre invisibilizaron a los informales y precarios (trabajadores esenciales de una economía en las sombras que no baja del 35% desde hace décadas y que con el macrismo reemprendió una escalada que se aceleró con la pandemia), hoy los dejan a merced de las multinacionales y empresas que quieren exprimirlos y los echan peor que a un perro, mientras trabajan sin los elementos necesarios para protegerse del virus y dejan literalmente la vida arriba de las bicicletas.

Si la crisis es fuerte, las medidas también deben serlo

El diputado Itaí Hagman argumenta que el impuesto que presentará el gobierno (uno que gravaría los patrimonios de 12 mil personas y que daría un saldo de 3 mil millones de dólares pero que, sin embargo, nada garantiza que una parte no vaya a parar a los bolsillos de los acreedores externos de la deuda) servirá para repartir más equitativamente los costos de la crisis. ¿Es así? En 2017 las 100 empresas más importantes del país, entre las cuales el 68% son multinacionales de origen extranjero, facturaron una suma de 195 mil millones de dólares. Además de los beneficios que reciben a través de los subsidios estatales (beneficios que no están recibiendo una cantidad importante de pequeñas empresas y pequeños comerciantes que rozan la quiebra), están blindando sus ganancias pagándole a los trabajadores, en muchos casos, tan solo el 25% de lo que corresponde.

Un impuesto que realmente pueda tener un impacto en esta situación es el que presentó hace semanas el Frente de Izquierda, que grava tanto a los grandes patrimonios, como a las ganancias bancarias y empresariales, a la gran propiedad de la tierra y a las viviendas que se mantienen vacías para la especulación, y que permitiría recaudar 15 mil millones de dólares para combatir con insumos sanitarios y habitacionales los focos de contagio, para el personal de salud y para garantizar un ingreso de 30 mil pesos para todos quienes vieron reducidos sus ingresos.

Una medida de esta magnitud ayudaría a detener temporalmente la transferencia de ingresos de las mayorías a las minorías concentradas y sería un enorme activo para neutralizar la transmisión del virus. Pero la crisis que estamos viviendo no tiene precedentes en los últimos 80 años, y el escenario social al que vamos rememora, para los que lo vivieron, al 2001.

Una idea difundida, sobre todo por los sectores de poder que presionan por reanudar la actividad sin miramientos, es la de que cuando se levante la cuarentena volverá todo a la normalidad. De esta manera disputan el apoyo de las pequeñas empresas y comerciantes al borde de la quiebra y de quienes viven con lo que ganan en el día. Pero los despidos y las pérdidas de poder adquisitivo no se recuperarán de esta manera. Incluso, entre las principales empresas, una de cada tres asegura que continuará despidiendo y recortando cuando se levante la cuarentena. Esto profundizará la crisis social y golpeará aún más al consumo, acelerando la quiebra y la desesperación de los pequeños comerciantes y quienes se ganan la diaria. Los bancos, por su parte, serán aún más reacios a otorgar créditos baratos, lo que agravará la situación.

Para evitar la catástrofe a la que vamos por este camino, se requieren medidas decididas y una ruptura con el rumbo que está recorriendo la coalición de gobierno sin fisuras. No existe impuesto que, por sí solo, pueda darle una solución profunda a esta crisis. Lo que se necesita es un control y una reorganización de los recursos esenciales que están en manos de una minoría que se sigue enriqueciendo a costa del hambre y la pobreza (lo que comprueba que el ajuste sobre los trabajadores y el pueblo es una decisión política y no un destino inevitable).

Medidas urgentes en este sentido son la eliminación del secreto comercial de las empresas, es decir, la apertura de sus libros de contabilidad para que los trabajadores y el pueblo puedan conocer los números y las decisiones de las patronales.Si no pueden comprobar ante la población que están al borde de la quiebra, los precios deben reducirse y los despidos, suspensiones y recortes de sueldos impedirse por la fuerza mediante comités de trabajadores y de los barrios populares.

La nacionalización y unificación de los bancos es otra medida indispensable. Esto no solo permitiría develar los movimientos financieros ocultos con los que los banqueros y empresarios aseguran sus negocios. No solo permitiría establecer un verdadero control sobre la vida económica del país y el financiamiento de la producción requerida. Sino también, permitiría otorgar créditos baratos a los pequeños comerciantes amenazados por la crisis y proteger los ahorros de los trabajadores y el pueblo, sin la necesidad de pagar comisiones abultadísimas que llenan los bolsillos de los banqueros.

Los grandes monopolios y multinacionales que provocan la muerte de trabajadores y adultos mayores resistiéndose a poner sus recursos al servicio de combatir el hambre, la pobreza y la exposición al virus, que hoy están siendo subsidiados, deben ser automáticamente nacionalizados bajo el control democrático de los trabajadores y el pueblo. En una crisis de la magnitud que vivimos, no se puede permitir el lucro por sobre la vida.

Los recursos disponibles no pueden reservarse para llenar los bolsillos de los multimillonarios especuladores del exterior. La deuda debe ser desconocida en una decisión soberana y los fondos disponibles deben ser utilizados para aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados y para generar puestos de trabajo estables.

El combate de los informales es el germen de la fuerza para imponer las medidas que cambien el rumbo

A pesar del intento de los dirigentes sindicales de aplastar cualquier intento de resistencia a las medidas que están haciendo caer todo el peso de la crisis sobre los trabajadores, la organización y la lucha incipientes muestran con el ejemplo el camino que tenemos que seguir para que la crisis no derive en un nuevo 2001 o en un escenario incluso peor.

Los trabajadores informales y precarizados de reparto, de call centers, de distintos locales comerciales y trabajadores desempleados que siempre fueron dejados de lado por los sindicatos y que hoy le están poniendo la cara a los golpes más duros, pusieron en pie una red de coordinación que crece día a día. Tras dos movilizaciones, el viernes 29 vamos a una nueva jornada de lucha que los trabajadores de la red apuestan a que tome las demandas de todos los sectores afectados y sea la punta de lanza para vencer los ataques de las empresas y conquistar todos los derechos laborales.

Pero no son los únicos ejemplos esperanzadores de lucha y organización. Los planes de la multinacional Mondelez en complicidad con el dirigente del sindicato de la alimentación, Rodolfo Daer, fueron parcialmente quebrados por la resistencia de los trabajadores. Aunque sin licencias del 100% del sueldo, todo el personal volverá a trabajar el mismo día y la empresa tuvo que renunciar a disponer del derecho de elegir quién volvería a trabajar y quién no. Los trabajadores decidieron coordinarse frente a la desidia del sindicato y nuestro partido, el PTS, junto a compañeros independientes en la Agrupación Bordó, tuvo el orgullo de aportar a la organización y el triunfo parcial de esa lucha.

Trabajadores de la tercerizada GPS - Aerolíneas Argentinas, aquellos a los que llaman “héroes”, que habían sido despedidos por organizarse junto a sus compañeros en una comisión de seguridad e higiene y exigir insumos sanitarios para protegerse y proteger a los pasajeros y a sus seres queridos, desplegaron una gran campaña de lucha que fue acompañada por referentes de derechos humanos como Nora Cortiñas. La voluntad de la empresa fue quebrada.

Ejemplos de solidaridad y búsqueda de respuestas colectivas como éstos, frente a la impotencia de cualquier respuesta individual, empiezan a ser más comunes. Quienes militamos en la juventud del PTS peleamos por desarrollar estas tendencias a la unidad de las luchas de todos los sectores de la clase trabajadora y el pueblo, que abrirán un nuevo capítulo en la política nacional y plantearán la posibilidad real de imponer el conjunto de medidas que rescate a los trabajadores y las mayorías populares de la catástrofe.







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