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La mitad de los casos activos en Carlos Casares son trabajadores de salud

En medio de la crisis sanitaria, social y económica, en la ciudad de Carlos Casares, los más afectados son las y los trabajadores de la salud: denuncian que son obligados a seguir atendiendo mientras esperan los resultados de los hisopados.

Gonzalo Grenno

Estudiante de profesorado en Historia/ ISFDyT 148 (Pehuajó)

Sabrina Morales

ISFDYT N°80

Martes 22 de septiembre | 21:02

En la ciudad de apenas 22 mil habitantes, hay 30 contagiados, de los cuales 13 son enfermeras del hospital público de la ciudad. Dichas trabajadoras de la salud no contaban con el equipo de protección adecuado.

Según denuncian en medios locales, luego de que surgieran varios casos positivos, el personal de salud fue obligado a seguir trabajando sin el equipo necesario de bioseguridad y a la orden de que solo con el uso de barbijo y lavado de manos era suficiente para evitar el contagio. Aún cuando eran trabajadores de la primera línea, teniendo un contacto directo con los pacientes contagiados, entre ellos sus propios compañeros de trabajo. 

Otro dato que cabe resaltar es que los trabajadores que estaban esperando el resultado del hisopado no fueron aislados, sino que fueron obligados a seguir trabajando, poniendo en riesgo su propia vida, como así también la vida del resto de sus compañeros, pacientes y/o personas con las que tenían contacto, ya que varios de esos trabajadores arrojaron un resultado positivo para Covid-19 es decir que los pacientes que llegaban al hospital eran atendidos por personal contagiado.

El gremio ATE, alineado al gobierno de turno, alertó acerca de lo que estaba sucediendo en el hospital de la ciudad, pero ante el débil reclamo no se obtuvo ninguna respuesta o explicación y ahora los que tienen que afrontar las consecuencias son los trabajadores esenciales de la salud.

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Mientras en la primera línea se contagian los esenciales, el gobierno provincial y nacional destina miles de millones a las fuerzas represivas. Con el nuevo ’plan de seguridad’ estas fuerzas recibieron 37 mil millones de pesos. Las mismas fuerzas que todavía tienen que responder por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, las mismas que son responsables de más de 40 casos de gatillo fácil a nivel provincial, y más de 90 a nivel nacional, en lo que va de la cuarentena. 

El pasado 21 de septiembre, miles de trabajadores de la salud se manifestaron en todo el país por mejoras en sus condiciones de trabajo y por mejores salarios. Aún el gobierno no ha anunciado ninguna medida respondiendo a esas exigencias.

Sin embargo, para la policía represora, que salió a la calle a realizar motines armados, rápidamente hubo anuncios de aumento. La pregunta es: ¿Por qué no se destina ese presupuesto al colapsado sistema de salud?

Fácil, porque para este sistema, y para los gobiernos, la salud es un negocio no un derecho, y porque necesitan a las fuerzas represivas envalentonadas para mantener a raya a los trabajadores que se movilizan y reclaman por sus derechos, como pasó en las afueras de la Legislatura porteña.

El discurso del ’salvataje individual’ que emana tanto el oficialismo como la derecha reaccionaria, el ’Nos cuidamos entre todos’, se cae a pedazos. Aquí los responsables de estos contagios son las autoridades gubernamentales (municipales, provinciales y nacionales). No cuidan a quienes están en primera línea, tampoco ponen el presupuesto al servicio de las mayorías.

Las vidas trabajadoras importan, por eso el reclamo de las y los trabajadores de la salud se hace escuchar: es necesario que aumente el presupuesto del sistema de salud, tanto para mejorar los sueldos de miseria de los trabajadores esenciales, como para que en hospitales cuenten con los equipos necesarios de bioseguridad, respiradores, camas,etc.

Desde el Frente de Izquierda Unidad, también exigen, que se centralicen los sistemas de salud público y privado, para que toda persona, tenga obra social o no, reciba la atención correspondiente, y para ampliar la cantidad de camas de terapia intensiva y respiradores.

No se puede seguir destinando millones a las fuerzas represivas ni al pago de la deuda fraudulenta a costa de la vida de los más vulnerables.







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