Política

CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA

El lado duhaldista de la vida: ¿Kicillof prepara el terreno para reprimir en Guernica?

Mientras Berni ajusta detalles con la Bonaerense para cumplir la orden de desalojo, el ministro Larroque habla de “grupos violentos” que impiden al Estado “ayudar” a las miles de familias que toman en Guernica. Una campaña oficial de estigmatización que busca dividir a quienes luchan por un derecho legítimo y elemental. O bien sacarlos a como dé lugar.

Daniel Satur

@saturnetroc

Lunes 28 de septiembre | 13:39

Este fin de semana, horas después de homenajear al pope sindical de la derecha peronista José Ignacio Rucci, los ministros bonaerenses de Seguridad Sergio Berni y de Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque comenzaron a calentar los músculos de cara a una semana difícil, donde parte del “progresismo” del que se ha barnizado a la gestión de Axel Kicillof se pondrá a prueba en Guernica.

Por el lado de Berni, tras ceder con rapidez a la extorsión de las tropas de la Bonaerense y dejarlas contentas con un buen aumento de sus ingresos y una mejora de sus condiciones materiales de represión, se apresta a disponer todo el arsenal necesario para garantizar el desalojo del predio ordenado para este jueves, viernes y sábado por el juez Martín Rizzo.

El caso de Larroque, este domingo fue a Guernica con funcionarios de su ministerio y de otras dependencias estatales (incluyendo a la cartera de Berni). Pero como muy bien no les fue, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad terminó publicando una especie de “denuncia” contra las organizaciones de base que participan de la toma.

La excusa es de manual: supuestos “grupos violentos” no dejaron a la caterva ministerial cumplir con su objetivo de “asistir” a las miles de familias con ropa, alimentos y frazadas tras el temporal.

“Asistimos a una situación grave e inédita”, comienza el comunicado emitido la noche del domingo, donde se afirma que “un grupo de organizaciones políticas que forman parte de la ocupación decidió impedir de manera violenta la asistencia a las familias que se encuentran en el predio”.

¿Imágenes que certifiquen la supuesta “violencia” contra los funcionarios? Ninguna. ¿Declaraciones de familias de la toma impedidas de recibir la ayuda del Gobierno? Menos.

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Según la información oficial, Larroque y compañía querían instalar “oficinas móviles de atención” y repartir “agua potable, alimentos secos, alcohol en gel, pañales, zapatillas, frazadas y barbijos; a la vez que distribuir viandas de comida caliente luego del temporal”. A su vez, el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual “visitaría personalmente a las mujeres víctimas de violencia de género” y el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia “buscaba constatar la situación de las y los menores”.

Como si fuera poco, desde ese ministerio aseguran sin ponerse colorados que se están haciendo “todos los esfuerzos para lograr una resolución pacífica y consensuada”, al tiempo que “el Estado está trabajando para dar una respuesta estructural” a la problemática habitacional que, tras décadas de gobiernos peronistas y macristas, dejaron a millones de personas sin techo.

Pero este lunes el ministro dio un paso más en la estrategia oficial de criminalizar a quienes representan a las miles de familias de Guernica. En entrevistas periodísticas llegó a afirmar que es muy “peligroso” que se impida el ingreso de asistencia del Gobierno a las familias y que “algunas organizaciones” quieren “llevar la situación a la violencia”.

Larroque habló de “una suerte de piquete de organizaciones” para impedir el ingreso de los funcionarios e ironizó al decir que “por un lado piden intervención y asistencia del Estado, pero por el otro lo niegan”. Para el funcionario kirchnerista, “la actitud que tuvieron fue peligrosa, teniendo en cuenta que están a contrarreloj para el desalojo”. ¿Una amenaza? Parece. De hecho aseguró que “esto impide frenar el desalojo y buscar una solución pacífica”.

Como ya informaron corresponsales de este diario, en verdad lo que pasó no fue lo que dice la Gobernación. Frente a una situación donde están a la orden del día las provocaciones de personeros de la intendencia de Blanca Cantero y de la Policía Bonaerense, en la toma de Guernica se vienen organizando con mucha seriedad. Y en asamblea, delegadas y delegados de las 2.500 familias que hoy viven allí deciden cómo manejarse frente a las personas u organizaciones que se acercan a hablar.

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Por eso este domingo, cuando aparecieron decenas de personas con pecheras del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el planteo de quienes los recibieron fue simple y directo: si tras dos meses de ninguneo e indiferencia el Gobierno no llevaba una respuesta concreta a la grave crisis habitacional, solo les recibirían la mercadería. ¿Entonces qué hicieron Larroque y los suyos? Se fueron sin dejar lo que habían llevado. Y a las horas la palabra “violencia” era usada oficialmente en comunicados y entrevistas.

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Sin embargo, hay que decir que en en el mismo momento en que las huestes oficiales se alejaban refunfuñando, cientos de personas que no son parte del Gobierno eran fraternalmente recibidas por las familias de la toma.

Desde diferentes ciudades de las zonas norte, sur y oeste del Gran Buenos Aires, incluso desde La Plata, decenas de autos y combis acercaron enormes cargamentos de ropa, comida y colchones tras el temporal. Un gesto de solidaridad obrera y popular de esos que los grandes acontecimientos sociales siempre hacen salir a la luz, aunque no salgan en los grandes medios ni formen parte de los comunicados ministeriales.

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Este lunes, ante la pregunta de periodistas con afinidad al oficialismo, Larroque dijo que tras los “grupos violentos” están, entre otros, el Polo Obrero, el MTR y “un sector vinculado a Humberto Tumini”. Y con enojo afirmó que “impidieron el ingreso del Estado, pero permitieron el ingreso de dirigentes de izquierda para hacer discursos”. Se refería a los diputados del PTS-FIT Nicolás del Caño, Alejandrina Barry y Claudio Dellecarbonara y a la nieta recuperada y referente de derechos humanos Victoria Moyano Artigas. ¿Macartismo? No, manteca.

Después de reivindicar a Rucci, tal vez buscando quedar un poco menos pegado al lado duhaldista de la vida, Larroque llevó a Guernica a colaboradores que otrora no solo habían militado en la izquierda sino que hasta fundaron corrientes autodenominadas “piqueteras revolucionarias”. Ni eso le alcanzó para empatizar con las miles de familias a las que el Estado sistemáticamente les viola derechos humanos fundamentales como el de la vivienda, el del trabajo, el de la salud y el de la comida.

Para no hablar de todos los derechos de las infancias que allí luchan junto a sus madres y padres.

A tres días de la fecha pautada para comenzar el desalojo, no son pocos los funcionarios de Kicillof que ya están avanzando discursivamente, abonando la cruel criminalización de la toma de Guernica. El mismo Cuervo Larroque lo manifiesta con claridad: “esas organizaciones que impidieron ayer la asistencia no tienen en cuenta las necesidades de la gente y los riesgos que tienen las personas que hay en la toma (...) La decisión de desalojo la toma otro poder, que es la Justicia. No depende de nosotros (...) el juez dejó taxativamente expresado que el plazo del jueves es inamovible (...) Pero algunas organizaciones que quieren llevar la situación a la violencia”.

Mientras escuchaba a su par de Desarrollo de la Comunidad por radio, el titular de Seguridad Sergio Berni sonreía mientras seguía planificando el operativo de desalojo. Y hasta tal vez se quedó pensando: “el camino para hacer lo que hicimos en el Parque Indoamericano en 2010 parece estar allanado”.

El planteo de las organizaciones sociales que participan de la toma en representación de miles de familias pobres y sin techo no parece ser tan descabellado: si se quiere resolver este conflicto que llegue cuanto antes una propuesta real y concreta. No espejitos de colores con promesas que nunca se cumplirán (como, precisamente, pasó en el Indoamericano hace una década). Qué más querrían esas miles de familias, que esperan con angustia (pero sin bajar los brazos) una solución que les permita salir de ese lodazal sin ser corridas a balazos de goma, gases y palos.

A lo largo de las últimas décadas los gobiernos peronistas se especializaron en crear climas represivos frente a conflictos sociales extremos, como tomas de terrenos, reclamos de pan y trabajo, luchas contra despidos masivos o reclamos obreros contra la flexibilización. El duhaldismo hizo escuela en crear el chivo expiatorio de los “grupos violentos” y “desestabilizantes” que terminan justificando la represión (no pocas veces mortal) sino la no resolución de los conflictos, perpetuando la criminalización de la pobreza y la protesta social.

En todo caso, se estará asistiendo, una vez más, al derrumbe de la fachadas “progresistas” con las que se barnizan las gestiones que, en contextos de crisis económica y social, prometen derechos asegurados en el futuro mientras garantizan los negocios y las ganancias capitalistas en el presente.

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