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Dos concejales de la CUP detenidos mediante la aplicación del articulo 155

El Gobierno y el poder Judicial no entienden de festividades y mantienen el mismo “menú”: más 155, más detenciones y más injerencias.

Ivan Vela

Barcelona | @Ivan_Borvba

Jueves 28 de diciembre de 2017 | Edición del día

Foto: La concejal de la CUP de Reus, Marta Llorens, saliendo del Ayuntamiento esta mañana. EFE

El artículo 155, que permite al gobierno central intervenir los gobiernos autonómicos como el de Catalunya, sigue funcionando sin descanso, y a su amparo, un Gobierno y un poder Judicial que mantienen la misma hoja de ruta de acoso y derribo a todo lo que se identifique con Catalunya y el procés.

Una nueva oleada de acciones que entre ayer y hoy dejan más detenciones (la de los concejales de la CUP), más citaciones judiciales (la de profesores de un instituto de Sant Andreu de la Barca) y la última medida de control de cuentas de la Generalitat por parte del Gobierno central, además de la petición, hoy en las Cortes por parte del PP, de la fiscalización de los gastos de la Generalitat desde el 2011 al 2017.

Detenidos dos concejales de la CUP

Los concejales de la CUP de la ciudad de Reus, Oriol Ciurana y Marta Llorens, han sido detenidos hoy por los Mossos d’Esquadra, la policía catalana, a petición del juzgado de instrucción número 2 de la misma ciudad.

Oriol y Marta están acusados de un delito de odio contra la Policía Nacional, por el hecho de haber firmado un manifiesto en contra de la presencia de los cuerpos policiales (Policía Nacional y Guardia Civil) en el municipio.

Los concejales han sido detenidos cuando se disponían a entrar en el Ayuntamiento por dos Mossos que ya se encontraban esperando. Minutos antes, en una comparecencia a las puertas del consistorio, han asegurado que no reconocen a la “justicia española, porque en el Estado español no hay separación de poderes. El poder judicial está sometido a la voluntad de Moncloa”.

También Mariona Quadrada, concejal de la CUP en Reus, ha recibido la segunda citación para declarar el próximo viernes 29 de diciembre, por la misma denuncia de la Policía Nacional. En su cuenta de Twitter el partido de la izquierda independentista espera a recabar más información sobre estos procesos para llamar a movilizaciones.

Se endurece el control económico sobre la Generalitat

El pasado 21 de diciembre la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos adoptó una medida de control económico y fiscalización sobre las cuentas del gobierno regional de Catalunya que hoy miércoles 27 ha entrado en vigor tras su aparición en el BOE.

El Gobierno y la cartera de Hacienda liderada por Cristóbal Montoro quieren asegurarse que la Generalitat no realiza pagos a acreedores por actividades no amparadas por la Ley, es decir, pagos por actividades relacionadas con el procés.

Por ello el Ministerio justifica que “ es necesario acordar un conjunto de medidas y procedimientos que permitan atender los servicios públicos fundamentales, de manera que aún tratándose de actuaciones que forman parte de la autonomía organizativa más estricta de dicha comunidad autónoma, al amparo del artículo 155 de la Constitución, resulta posible y necesario establecerlos de forma específica con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de dichos servicios fundamentales".

Tal y como se específica en el Boletín Oficial del Estado, esta nueva medida se materializa en que una vez al mes el Interventor General de la Comunidad Autónoma de Catalunya tendrá que validar, mediante un certificado firmado, el pago o no pago de las facturas pendientes.

Esta nueva orden deja sin efecto la aprobada el 15 de septiembre, la que en su momento supuso prácticamente la totalidad del control de las cuentas de la Generalitat por parte del Gobierno central.







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