LESA HUMANIDAD

Domiciliaria al responsable de la desaparición de Raymundo Gleyzer

El genocida Diego Chemes fue beneficiado con prisión domiciliaria El represor condenado a 21 años y 6 meses de prisión por secuestros y torturas cometidos en El Vesubio. El Juez Daniel Obligado le concedió el arresto domiciliario que se hará efectivo en su casa en Ezeiza.

Miércoles 6 de mayo | 12:57

Desde el inicio de la pandemia de Covid-19, los represores condenados por crímenes de lesa humanidad han encontrado un nuevo medio para exigir más impunidad. Con la excusa de encontrarse en los grupos de riesgo por ser mayores de 60 años, han realizado pedidos para cumplir sus condenas bajo arresto domiciliario.

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Diego Salvador “el Polaco” Chemes, de 67 años de edad, fue alcalde mayor del Servicio Penitenciario Federal y se desempeñó como guardia de El Vesubio. Estaba detenido en la cárcel de Villa Devoto, debido a la condena recibida en Julio de 2011: 21 años y seis meses de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua por los crímenes de secuestro y tortura perpetrados en el centro clandestino de detención que funcionaba en Ciudad Evita.

En la misma causa se juzgaron 156 hechos de privación ilegal de la libertad y tormentos ocurridos entre abril de 1976 y septiembre de 1978, así como 17 homicidios agravados entre los que se encuentran los fusilamientos de Monte Grande de mayo de 1977. Más de 75 víctimas de la causa permanecen desaparecidas, entre ellas, el historietista Héctor Oesterheld y el cineasta Raymundo Gleyser.

Declararon aproximadamente 280 testigos, de los cuales 75 fueron sobrevivientes.

Se calcula que por el Vesubio pasaron cerca de 1500 secuestrados, pero en los dos juicios que hubo se juzgaron a 12 represores por unas 300 víctimas. En 2011, se condenó a siete represores por más de veinte homicidios y cerca de un centenar de secuestros y torturas.

Diego Chemes gozaba de salidas transitorias desde 2017 y fue incluído en el listado de presos en grupos de riesgo ante la pandemia de Covid-19 por enfermedad cardíaca crónica.

Entre los fundamentos para el otorgamiento del beneficio solicitado por la defensa de Chemes, se destaca “la emergencia carcelaria y sanitaria imperante, además de los inconvenientes que los centros de detención de todo el país presentan para la adquisición y provisión de los elementos básicos de limpieza e higiene personal que debe asegurar el Servicio Penitenciario Federal”. “Circunstancia que se agrava en el caso concreto por la imposibilidad material de solicitar esos elementos a través de sus familiares, dado el aislamiento social, preventivo y obligatorio”, agrega el fallo del tribunal.

En los últimos días, la polémica por la infundada “liberación masiva” de presos fue ítem central en la agenda de los medios que actuaron como voceros de una campaña reaccionaria, con cacerolazos incluídos. Esto quedó en evidencia ante el silencio respecto a la abultada cifra de detenidos por delitos de lesa humanidad que han recibido beneficios. Como venimos denunciando en La Izquierda Diario, hay cerca de 40 represores de la última dictadura que obtuvieron el beneficio de prisión domiciliaria.

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La acordada 9/20 de la Cámara de Casación Penal es clara en relación a los criterios de excarcelación y casos como el de Chemes y otros represores quedan exceptuados.

La misma indica que “Las evaluaciones en cada caso deberían determinar si es posible proteger su salud si permanecen detenidas y considerar factores como el tiempo de pena cumplido y la gravedad del delito o la existencia de riesgos procesales y el plazo de la detención para los procesados”. Y más adelante señala: “Meritar con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos graves, conforme normas constitucionales, convencionales y de derecho interno, según la interpretación que el órgano jurisdiccional haga en cada caso”.
Sin embargo, mientras por un lado deja correr la domiciliaria a los genocidas, una resolución de la Corte Suprema decidió suspender este martes la acordada del Tribunal de Casación Penal del 8 de abril que habilitaba a los jueces bonaerenses a evaluar y otorgar prisiones domiciliarias para personas privadas de libertad que integran grupos de riesgo en el marco de la pandemia del coronavirus.

Un problema estructural con carácter de clase

Desde La Izquierda Diario se viene denunciando también la gravísima situación de hacinamiento y las condiciones inhumanas de detención de miles de personas. Las condiciones sanitarias y ausencia de servicios de salud afectan a los sectores más vulnerables y empobrecidos que componen a la población carcelaria, que dieron lugar al estallido de protestas en cárceles de todo el país.

Del total de la población de los Penales Federales, un 40% de los detenidos lo está por violación a leyes relacionadas a drogas. Pero no se trata de grandes narcotraficantes, la gran mayoría fue encarcelado por tenencia de estupefacientes o narco menudeo. Un 39% de los presos, está detenido por violar leyes relacionadas a la propiedad. Solo un 6% por asesinatos, y un 5% por atentar contra la integridad física de otras personas. Sin embargo, del total de las personas privadas de su libertad, un 50% aun no tiene condena firme.

La campaña mediática y por redes sociales que se manifestaba contra la supuesta liberación masiva de presos, promueve un espíritu de linchamiento social; pero lejos está de denunciar la co-responsabilidad judicial y de los gobiernos anteriores que llevaron al calamitoso estado del sistema carcelario en la actualidad. Y mucho menos da cuenta de la hipócrita doble vara con la que se mide para que algunos merezcan beneficios y otros sean condenados a contagiarse y morir en las cárceles.

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Los represores genocidas, acusados y condenados o con prisión preventiva representan un mínimo porcentaje de la población carcelaria y cuentan con sectores exclusivos en los penales, lejos del hacinamiento y de las condiciones aberrantes que viven el resto de los detenidos; donde enfermedades como la tuberculosis o la hepatitis están extendidas y constituyen un grave peligro para los y las detenidos y detenidas. Y la atención médica que reciben no es en la enfermería de los penales como el común de los presos, sino en hospitales como el Hospital Militar o el Naval. Por lo tanto nada impide un aislamiento preventivo adecuado.

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Como han manifestado diversos organismos de Derechos Humanos, no hay vuelta de página posible y las liberaciones encubiertas no son de ninguna manera aceptables.

El único lugar para los genocidas es la cárcel.

No Olvidamos. No perdonamos. No nos Reconciliamos.







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