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“Dedazo” para imponer una Corte Suprema macrista

Macri impuso a dos nuevos miembros del máximo tribunal, apelando a un artículo de la Constitución que casi no registra uso en la historia nacional. Avanzan los mecanismos bonapartistas y el gobierno por decreto.

Eduardo Castilla

@castillaeduardo

Martes 15 de diciembre de 2015 | Edición del día

El artículo 99 de la Constitución entró, después de muchísimo tiempo, este lunes en la escena política nacional. Macri lo usó para poner en funciones a dos jueces en la Corte Suprema de Justicia que, desde la renuncia de Carlos Fayt el pasado 11 de diciembre, tenía solo tres integrantes.

Los designados son Carlos Rosenkrantz y Carlos Rosatti. Rosenkrantz es abogado, doctor en Derecho, egresado de la Escuela de Leyes de Yale y fue asesor del presidente Raúl Alfonsín. Actualmente dicta Teoría del Derecho (UBA) y es rector de la Universidad de San Andrés. Rosatti también es constitucionalista y fue ministro de Justicia durante la gestión de Néstor Kirchner.

El artículo en cuestión -en su inciso 19-, le permite al titular del Poder Ejecutivo la posibilidad de hacer el nombramiento provisional de integrantes de la Corte sin tener que pasar por el Senado de la Nación, tal como lo estipula la normativa. Fue por eso que Macri pidió al Senado que le devolviera los pliegos que Cristina Fernández había enviado hace un par de meses y recurrió a este artículo en pos de nombrar, de manera casi automática, dos jueces afines.

El mecanismo en cuestión, según denuncian reconocidos constitucionalistas, no ha sido usado nunca desde el retorno del régimen democrático en 1983. El diario La Nación, que no oculta su clara simpatía por el gobierno de Macri, señala que se trata de un mecanismo cuyo ejemplo más claro fue usado…en 1862 por Bartolomé Mitre. En el transcurso del día de hoy ya se conocieron opiniones de historiadores y constitucionalistas que indican que fue un mecanismo sólo utilizado abiertamente por gobiernos militares.

Los jueces impuestos por Macri se hallan designados “en comisión” hasta la finalización del próximo mandato legislativo, es decir hasta el 30 de noviembre de 2016. Por casi un año, serán parte de la Corte y podrán decidir sobre las cuestiones en las que a ésta le toque deliberar. A pesar del discurso que decía que no habría “jueces macristas”, parece que éstos entraron en escena y en el máximo tribunal.

El nuevo gobierno nacional profundiza así las tendencias políticas "bonapartistas" que la izquierda viene denunciando desde el mismo viernes.

El funcionamiento a base de decretos de necesidad y urgencia será el mecanismo utilizado para garantizar decisiones que no tengan que ser sometidas al mínimo control del Congreso Nacional que, como se conoce, no entrará en sesiones extraordinarias.

Las razones de Macri

Macri parece obligado a asumir esta decisión porque no tiene mayoría propia en la Cámara de Senadores que es la que aprueba los pliegos de los jueces.

Según el mismo artículo 99 de la Constitución, en su inciso 4, el Presidente de la Nación tiene la atribución de nombrar “los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”.

Los jueces que Macri eligió tienen un importante currículum desde el punto de vista legal y judicial. Los medios de comunicación señalaron en sus análisis que ambos podrían haber pasado la sesión en la Cámara de senadores, por esos perfiles.

El abogado constitucionalista Gustavo Arballo lo reafirmó en su cuenta de Twitter

Pero el límite que tiene esa posibilidad es que está atada a un acuerdo político y una mayoría que Macri no tiene. En la Cámara alta, tiene solo 4 representantes propios y la UCR tiene solo una decena más, muy lejos de los dos tercios necesarios.

Esta decisión solo puede ser explicada como resultado de la propia debilidad del gobierno macrista que no tiene mayoría en las cámaras legislativas y tiene una importante debilidad en el control de los distritos provinciales.

En el fondo hay una desconfianza del nuevo Poder Ejecutivo hacia la misma Corte, a pesar de todas las señales que el llamado “Partido Judicial” viene mostrando a su favor.

La Corte Suprema se mostró rápidamente como un poder que actuó, incluso antes, de que Macri asumiera y pocas horas después del balotaje, imponiéndole una resolución que lo obliga a devolver una cantidad importante de dinero a las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis en concepto de coparticipación.

La necesidad de avanzar en medidas aún más antipopulares como la que se conoció este lunes por parte del ministro Aranguren que implicará una suba en las tarifas a partir de 2016 o la modificación de las retenciones, eliminando las que pagan las exportaciones industriales y casi todos los productos agrícolas; no admite el menor riesgo. Hay que tener una Corte adicta.

Rechazos y cuestionamientos

Rápidamente estallaron las críticas hacia la medida. Miguel Pichetto, jefe del bloque de senadores del FpV, salió a advertir que esas eventuales sentencias de la Corte así tomadas “podrían estar al borde de la nulidad”.

Las críticas arreciaron incluso desde sectores del periodismo afines al nuevo gobierno, como los periodistas Joaquín Morales Solá y Nelson Castro.

Desde la izquierda y en su muro de Facebook, Nicolás del Caño señaló que:

El verso "republicano" se hizo evidente para millones en pocas horas. El gobierno de Macri profundiza su impronta...

Posted by Nicolás del Caño on lunes, 14 de diciembre de 2015

Desde la izquierda Myriam Bregman también criticó la decisión en su cuenta de Twitter:

Durante los próximos días se verá como continúan las repercusiones de esta decisión. Sin embargo, cada día queda más en evidencia la apelación por parte de Macri a mecanismos que van en detrimento de cualquier mínimo debate democrático en el Congreso Nacional. Tanto los decretos de necesidad y urgencia como la decisión que afectó la conformación de la Corte Suprema implican el crecimiento de tendencias "bonapartistas" en el gobierno, los mismos métodos que usó el kirchnerismo. Ese medio es el elegido por Macri para avanzar en el camino del ajuste.







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