Géneros y Sexualidades

CÓDIGO CIVIL

Cuando el femicida es el Estado

La violencia contras las mujeres no cesa; más bien escala a un nivel insoportable, cobrándose la vida de una mujer cada 30 horas en Argentina. Y en el mismo momento en que una Melina o una Paola encuentran la muerte en manos de desconocidos, amigos, novios o ex parejas, otra mujer muere porque el Estado impide que la interrupción voluntaria de los embarazos se practique en los hospitales públicos.

Andrea D'Atri

@andreadatri

Martes 30 de septiembre de 2014 | Edición del día

Foto: Campaña Nacional por el Derecho al Aborto

La prohibición no impide que se practiquen medio millón de abortos en el país, cada año. Pero la prohibición provoca que las 300 mujeres más pobres mueran por las consecuencias de los abortos inseguros, clandestinos, que no son realizados bajo condiciones de higiene y por personal idóneo.

El aborto inducido es un delito tipificado en el Código Penal modificado en 1921 que, sin embargo, regimenta la excepción de pena cuando el aborto es "con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios” o también “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.” Pero, tanto las instituciones médicas, como las autoridades y funcionarios políticos y judiciales, se niegan a autorizar los abortos no punibles, presionados por la jerarquía eclesiástica y ONG’s que responden a la Iglesia.

En 2012, la Suprema Corte de Justicia estableció que los abortos no punibles no deben ser judicializados y que todas las mujeres embarazadas como consecuencia de una violación pueden requerir un aborto no punible, sin necesidad de hacer la denuncia policial del abuso sexual. Además, solicitó al Poder Ejecutivo la implementación de protocolos de atención para estos casos. Sin embargo, la Guía técnica para la atención integral de abortos no punibles, que había publicado el Ministerio de Salud de la Nación en octubre de 2007, fue quitada de circulación cuando la presidenta Cristina Kirchner obligó al ministro Juan Manzur, a desmentir que tuviera carácter de resolución oficial.

Actualmente, la persistente actitud del gobierno contra el derecho al aborto se ve reforzada por la nueva alianza con el Papa Bergoglio. El año pasado, hubo fuertes discusiones en el seno del bloque oficialista de la Cámara de Diputados, cuando se quiso tratar la reforma al Código Civil. Es que, para sorpresa de los parlamentarios, el proyecto incluía reaccionarias modificaciones al texto original por exigencia de la Iglesia. Allí donde el Código Civil de 1871 decía que se reconocía la existencia de la persona humana “desde la concepción en el seno materno”, el kirchnerismo acordó con Bergoglio que se quitara esta última expresión (“en el seno materno”), interponiendo más obstáculos para el futuro tratamiento de la legalización del aborto.

Las quejas se oyeron rápidamente, no sólo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, sino también de las instituciones científicas y médicas de fertilización asistida. Con esta modificación propuesta por el tándem "kirchernismo - Vaticano", cualquier manipulación de embriones congelados para fertilización asistida que no terminaran implantándose en el útero de una mujer, podría ser considerado –ridículamente- un homicidio. Hasta con el humor se explicó sencillamente lo absurdo de la definición. Si se declarara un incendio en un laboratorio de fertilización asistida ¿a quién debían salvar primero los bomberos? ¿Al científico atrapado por las llamas o a las decenas de tubos de ensayo que “encerrarían” futuras personas, según el nuevo Código Civil?

Mañana, este proyecto de Código Civil será presentado nuevamente en el Congreso. Pero esta vez, el kirchnerismo cerró filas para aprobarlo con su mayoría automática. Ayer, las diputadas y diputados kirchneristas que apoyan la legalización del aborto tuvieron que hacer malabares para explicar, durante la Jornada Federal por el Derecho al Aborto que se realizó en la Plaza de los Dos Congresos, por qué iban a aprobar sin dubitar semejante atropello de la Iglesia en la legislación nacional.

Mientras tanto, a las casi 300 mujeres asesinadas por la violencia machista, cada año en Argentina, se suman las casi 300 mujeres que mueren por las consecuencias de los abortos clandestinos. Una responsabilidad del gobierno que carga sobre sus espaldas, después de una década, con el más grande y evitable de los femicidios.

El crecimiento, en los últimos años, del apoyo a la despenalización y legalización del aborto en sectores cada vez más amplios de la población demuestran que el kirchnerismo se encuentra a 180 grados de muchas y muchos de sus votantes. Por lo que sólo organizándonos y exigiendo en las calles, con la movilización, nuestros derechos, es que podremos conquistarlos.

Como todos los años, una vez más, el grito de “¡Ni una muerta más por abortos clandestinos!” será uno de los más escuchados en el próximo XXIX Encuentro Nacional de Mujeres, que se realizará en Salta los días 11, 12 y 13 de octubre. La TV Pública y todos los canales y diarios que transmiten permanentemente una imagen sexista, cosificadora y victimizante de las mujeres para luego horrorizarse frente a la brutal escalada de femicidios y violencia machista, deberían transmitir el Encuentro Nacional de Mujeres, uno de los eventos de participación masiva más grandes que se realiza desde hace 30 años y que es invisibilizado por los medios de comunicación. Porque ni a la oposición derechista ni al oficialismo en decadencia les conviene mostrar, en su disciplinamiento al Vaticano, que las mujeres nos seguimos organizando y luchando por nuestros derechos.






Temas relacionados

Vanoli BCRA / Economía   /    Congreso Nacional   /    Aborto   /    Femicidio   /    Opinión   /    Derecho al aborto   /    Géneros y Sexualidades

Comentarios

DEJAR COMENTARIO