Mundo Obrero

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

Condenan a tres meses de prisión a dirigente municipal por cortar una calle

La Justicia neuquina condenó a tres meses de prisión en suspenso al secretario general de SiTraMuNe, Santiago Baudino, por cortar una avenida durante una hora en septiembre de 2017. La Municipalidad festejó la condena. La defensa anticipó que la impugnará.

Lunes 27 de mayo | 16:46

El Juez de Garantías Mauricio Zabala condenó al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Neuquén a tres meses de prisión en suspenso, por "entorpecimiento del normal transporte por tierra" afectando el derecho al libre tránsito, “en horario complejo” y “en el centro de la ciudad”, en el marco de una protesta exigiendo la reincorporación de 33 trabajadoras despedidas de la municipalidad.

Si bien resolvió darle la condena mínima y no la que había solicitado la querella, de 1 año y 11 meses, buscan sentar un precedente muy grave contra el legítimo derecho a la protesta social. Un derecho fundamental, “que al contrario de ser criminalizado debiera ser protegido por el Estado y respetado por los funcionarios judiciales” como plantea el constitucionalista abogado y sociólogo Roberto Gargarella.

Es así que el abogado de la Municipalidad, Javier Pino, dijo en una entrevista radial “buscábamos que la condena quedara confirmada y se le impusiera una pena, y logramos esos objetivos. A partir de ahora los sindicalistas lo pensarán antes de vulnerar los derechos de los que quieren circular para trabajar, llevar los chicos a la escuela o desarrollar sus actividades”.

Desde el gremio municipal Santiago Baudino adelantó que apelarán "No estamos conformes con la pena, por eso seguiremos apelando. Realmente es una sentencia instrumentada por la política con una serie de atenuantes y prescripciones, cuando esto se apele, la condena caerá. Tenemos que redoblar la apuesta".

“Esta condena quieren usarla, como ejemplificadora para amedrentar a los trabajadores y trabajadoras que salen a las calles a enfrentar el ajuste del FMI, Macri y los gobiernos provinciales y municipales en todo el país, a las mujeres que mañana van a cortar todas las calles para exigir su derecho al aborto legal, seguro y gratuito, a los ceramistas que defienden sus puestos de trabajo, a los estudiantes y docentes que defienden la educación pública”, evaluó el diputado del Frente de Izquierda, Raúl Godoy.

"Las organizaciones sociales, gremiales, políticas y de Derechos Humanos tienen que repudiar este atropello a las libertades democráticas y rechazar este nuevo intento de avanzar en la criminalización de la protesta social”, concluyó.







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